En los últimos 7 años, 13 sacerdotes han sido asesinados; “ataques ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana”, advierten
El asesinato o ataque contra un sacerdote no es un hecho aislado ni un daño colateral de la violencia generalizada: es un mensaje directo de control social que busca sembrar miedo y silencio en comunidades donde la Iglesia continúa siendo un actor estabilizador frente al crimen organizado.
Así lo afirmó Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), en entrevista con Animal Político sobre el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México, presentado esta semana.
Para Sotelo, la lógica criminal detrás de estas agresiones es clara. “Si soy capaz de asesinar a un sacerdote, soy capaz de asesinar a quien sea”, señala. Ese mensaje, asegura, “lanza un mensaje tremendo para que las comunidades queden calladas” y sometidas al poder criminal.
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Desestabilización y orfandad comunitaria
La muerte de un sacerdote tiene efectos sociales profundos y duraderos, de acuerdo con Sotelo, quien explica que “cuando se asesina a un sacerdote, se deja en la orfandad a una comunidad”, no solo por la pérdida espiritual, sino porque éstos cumplen funciones que el propio Estado ha abandonado.
“El sacerdote no solo ofrece servicios espirituales, sino que también aportan algunos otros servicios a la comunidad, servicios médicos, protección a derechos humanos, protección a migrantes, comedores comunitarios, hasta bolsas de trabajo”, detalló.
Para muchas comunidades, especialmente rurales, indígenas o vulnerables, el sacerdote es el principal mediador frente a abusos, trata de personas, extorsión o reclutamiento, aseguró el religioso.
Por eso, su muerte no solo elimina a un líder, sino que facilita la expansión criminal. “La actividad estabilizadora de la Iglesia compite de alguna otra manera con estas actividades delictivas”, subrayó Sotelo.
Ataque ocurren donde el crimen organiza la vida cotidiana
El CCM documenta que los ataques ocurren con mayor frecuencia en lugares donde grupos criminales controlan aspectos esenciales de la vida diaria. “Existe la narcopolítica, la narcoeconomía, y la narcocultura”, de acuerdo con Sotelo. En estos contextos, el crimen dicta reglas, precios, movilidad, castigos y formas de convivencia.
Los casos más visibles están en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, pero también en zonas densamente pobladas sin presencia estatal efectiva.
En la Ciudad de México y su área metropolitana, el CCM identifica colonias como Iztapalapa, así como municipios conurbados como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla, donde “los acosos y las extorsiones son temas muy ordinarios en las diferentes parroquias”.
La intimidación opera como control territorial. Tras el asesinato de un sacerdote, dijo, “se desestabiliza la comunidad” y, con el miedo, se consolidan dinámicas delictivas, incluidos el reclutamiento juvenil y la expansión de economías ilegales.
Silenciar a quienes denuncian
Los sacerdotes, recordó Sotelo, son muchas veces “la voz de aquellos que no pueden hablar”. Su asesinato tiene un efecto inmediato: la comunidad pierde a su portavoz y su protector.
Pone como ejemplo el homicidio del padre Marcelo en Chiapas: “El impacto fue tremendo porque dejaron a una comunidad sin una persona que hablara por ellos”.
Aunque el contexto se ha agravado, la función de mediación de la Iglesia no ha desaparecido. Sotelo afirmó que obispos y sacerdotes han desempeñado, y aún desempeñan, un papel crucial para contener violencia y abrir espacios de diálogo.
Citó el trabajo de líderes como Salvador Rangel en Guerrero o el obispo de Apatzingán. “Muchos sacerdotes conviven con gente del crimen organizado por la posibilidad de seguir trabajando (…) el sacerdote está al servicio de todos”, señaló. Incluso atienden pastoralmente a las familias de miembros del crimen, aseguró.
Sobre la relación con el gobierno, Sotelo comentó que la interlocución existe, pero limitada. “El gobierno actual, tanto el anterior como este, tienen un cierto diálogo con la Iglesia, pero se han quedado muy cortos en la posibilidad de generar puentes”.
La falta de eficacia en seguridad, añadió, contribuye a que la criminalidad gane terreno. “La autoridad en muchos sentidos ha sido incapaz de poder controlar esta situación”, dijo. Aunque reconoció que el gobierno “hace lo que puede”, sostuvo que “se agradece la intención, pero no la eficacia”.
Reemplazar a un sacerdote: casi imposible
La muerte de un sacerdote deja un vacío difícil de cubrir. Su formación toma más de una década.
En regiones indígenas o con culturas particulares, la complejidad es aún mayor: “Formar a un sacerdote en una comunidad indígena es complicadísimo”. Por eso, “prácticamente es irreemplazable un sacerdote”, afirmó.
Además, no existe un plazo realista para que una comunidad sane tras un asesinato.
El CCM lleva más de una década documentando estas agresiones. Durante mucho tiempo, aseguró Sotelo, “nadie nos hacía caso, pasaba desapercibido este fenómeno”.
Hoy, el impacto acumulado es visible y, advierte, se inserta en la violencia generalizada que vive el país, que también afecta a periodistas, activistas y defensores comunitarios.
13 sacerdotes asesinados y tres desaparecidos
El informe anual 2025 del CCM documenta que, entre los sexenios de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum (2024-2025), 13 sacerdotes fueron asesinados en México.
A esta cifra se suman tres sacerdotes desaparecidos, 23 laicos vinculados a labores pastorales asesinados y al menos 31 casos violentos contra obispos, sacerdotes y seminaristas registrados solo en el período 2018-2024.
El reporte cuantifica un aumento significativo en agresiones contra templos: mientras en los años 90 se reportaban cuatro ataques semanales, en la actualidad el promedio es de 26 a 28 incidentes por semana, lo que equivale a aproximadamente mil 400 agresiones anuales.
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Se estima que el 12 % de los más de 11 mil templos católicos en el país sufre al menos un ataque al año. El 84 % de los delitos corresponden a robos comunes y sustracción de objetos religiosos, mientras que el 10 % involucra agresiones directas con armas de fuego.
En cuanto a la distribución geográfica, los estados con mayor número de agresiones registradas entre 1990 y 2025 son: Ciudad de México (11 eventos), Guerrero (10), Estado de México (9), Guanajuato (9) y Michoacán (8). En Guerrero, desde 2009 a la fecha, han sido asesinados ocho sacerdotes, dos seminaristas, un sacristán y varios agentes de evangelización.
El informe revela una impunidad superior al 80 % en los crímenes contra ministros de culto, y señala que solo una de cada 100 piezas de arte sacro robadas es recuperada. Ante estos datos, el CCM propone la creación de protocolos preventivos, un Observatorio Nacional de Violencia contra el Patrimonio Eclesial y la instauración de un Día Nacional de Memoria y Prevención, como parte de una respuesta institucional basada en evidencia y coordinación nacional.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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