México acelera la búsqueda de desaparecidos en el Panteón de Dolores, el mayor cementerio del país
Elizabeth Álvarez busca a su hermano desde 2013. Después de años de incertidumbre, hace tres semanas se enteró que su cuerpo podría estar en una fosa común, gracias a un proyecto para acelerar la identificación de desaparecidos en el mayor cementerio de México.
Víctor Manuel Álvarez es uno de los más de 120.000 nombres que figuran en el registro de desaparecidos del país. Esta lista se disparó a partir de 2006 cuando el ejército comenzó a actuar en la lucha contra los carteles, que ha dejado casi medio millón de muertos en México.
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Desde entonces, el hallazgo de fosas clandestinas se multiplicó en el país, en un contexto de fuerte presión de las familias que buscan a sus seres queridos.
Los criminales suelen utilizar estos entierros ilegales para ocultar cadáveres.
Ahora las autoridades dirigen la mirada a las fosas comunes en cementerios, adonde fueron a parar muchos cuerpos extraviados por deficiencias burocráticas.
Códigos como “L.3” o “F.1” es lo único que se lee en montones de tumbas sin lápida en una inmensa zona arbolada, donde se ubican las 75 fosas comunes del Panteón de Dolores, el cementerio más grande del país, ubicado en el bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Las autoridades estiman que 6 mil 618 personas podrían ser identificadas en ese lugar.
México enfrenta una profunda crisis forense, con morgues rebasadas debido a una ola de homicidios ligados al crimen organizado.
Incluso la capital, habitualmente aislada de los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y fuerzas de seguridad, acumula anualmente 500 cadáveres sin identificar desde hace 20 años, todos ellos depositados en el Panteón de Dolores, explicó Arturo Cervantes, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
Recuperar los fragmentos óseos
El 17 de noviembre de 2013, Víctor Manuel, entonces de 31 años, fue atropellado, revelaron las investigaciones de la Fiscalía de Ciudad de México. Se lo había visto por última vez un día antes, cuando salió de su casa para hacer un mandado en un barrio capitalino.
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“¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo?”, se pregunta Elizabeth, una ama de casa de 45 años, en entrevista con la AFP. A principios de noviembre las autoridades le notificaron que el cuerpo de su hermano podría hallarse en ese cementerio.
Los trabajos comenzaron en una fosa que a primera vista parece una tumba común, pero que hacia abajo tiene 15 niveles donde fueron enterrados cadáveres uno encima de otro entre 2013 y 2015.
“No sabemos en qué condiciones van a estar los cuerpos”, dice a la AFP una funcionaria que participa en los trabajos y no quiso revelar su identidad debido al carácter reservado de las diligencias.
En la superficie de la fosa, los peritos recuperaron en los primeros cinco días 3 mil 463 fragmentos óseos.
Los bomberos asignados a estas excavaciones están acostumbrados a hacer exhumaciones, pero aseguran que “esto es muy diferente”. “Hay que buscar hasta lo más mínimo (…) no es sacar cuerpos” completos, sino recuperar pieza por pieza, detalla uno de sus jefes.
Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la capital, lamenta que se trate de una tarea que no fue asumida “por ninguna institución pública en el pasado”.
“Aunque sea un huesito”
La identificación de restos en este cementerio es un trabajo monumental que tomará tiempo.
En los primeros días de excavaciones, arqueólogos forenses, peritos y bomberos retiraron solo 160 centímetros de tierra, avanzando “milímetro por milímetro”, detalló la funcionaria consultada.
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Sentados a unos 10 metros de la fosa, los familiares observan atentos cómo arqueólogas remueven la tierra en una malla para separar los huesos.
María del Refugio Palacios, una desempleada de 40 años, sabe que no hallará a su madre en esta fosa. La mujer desapareció el 30 de septiembre de 2024, a la edad de 70 años, tras salir de su domicilio.
“Vamos a esperar muchísimo tiempo” hasta que el plan de exhumaciones llegue a los sepulcros más recientes, cuenta a la AFP.
Pero a pesar de ello, con ojos llorosos, se dice esperanzada de los fragmentos recuperados. “Aunque sea un huesito va a hacer la diferencia”, confiesa.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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