En México preocupan desapariciones y negación de la participación del Estado en crisis de derechos humanos: informe
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó y mantiene graves problemas en materia de derechos humanos en México, entre ellos la violencia criminal extrema y los graves abusos cometidos por el Ejército, además de una crisis de personas desaparecidas que persiste y se profundiza, destaca el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW).
“Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, advierte el documento.
El reporte recuerda que a poco tiempo del hallazgo del Rancho Teuchitlán en Jalisco, en marzo de 2025, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen derivado de la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas a fin de determinar si son generalizadas o sistemáticas en México.
Pese a que como respuesta la presidenta Sheinbaum negó que existiera desaparición forzada desde el Estado, quienes buscan a personas cuyo paradero se desconoce siguen corriendo peligro. En septiembre, organizaciones de derechos humanos informaron que en 2025 fueron asesinadas ocho personas en busca de desaparecidos. Desde 2010, se ha documentado el asesinato de más de 20 personas buscadoras.
Hasta hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 131 mil 956 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 60 % son hombres. Las entidades que encabezan la estadística son el Estado de México con 14 mil 718, Tamaulipas con 13 mil 657 y Jalisco con 12 mil 768.
“Preocupa de manera muy grave la situación de desapariciones forzadas, en donde seguimos teniendo 130 mil personas y sobre todo un ataque frontal de la administración Sheinbaum para no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural en México; en paralelo, desde la herencia de la administración AMLO, y de manera muy desafortunada continuada por la administración Sheinbaum, un proceso de erosión democrática”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW durante la presentación del documento.
Esto en un contexto donde hasta 2024, México se situaba en una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, mientras se estima que alrededor del 70 % de las armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en el país proceden del tráfico ilegal desde Estados Unidos. Sin embargo, en junio la corte de justicia estadounidense desestimó una demanda de México contra algunos fabricantes.
Por otro lado, HRW subraya que la impunidad sigue siendo generalizada, pues los fiscales resuelven aproximadamente solo uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, “en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”. Las fiscalías siguen careciendo de investigadores calificados, materiales, recursos básicos y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.
Además, la Organización Mundial contra la Tortura sostiene que esta sigue siendo una práctica generalizada en México: el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha documentado 3 mil 177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4 mil 100 víctimas entre 2019 y 2025, añade el documento.
Sigue leyendo: Al menos 141 casos de desapariciones forzadas desde 2018 contradicen a Morena en su polémica con la ONU
En tanto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva oficiosa, el Congreso aprobó una serie de leyes para ampliarla, en un país en el que alrededor de un 40 % de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia.
HRW también pone de relieve que el gobierno mexicano ha seguido ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles. Entre los diversos casos de abusos, recuerda el asesinato de dos niñas, de 7 y 11 años, en Sinaloa; la acusación de violación a una niña de 9 años por parte de un militar, y la negativa del Ejército a entregar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La falsa dicotomía: “el bienestar material no reemplaza al Estado de derecho”
Entre los datos que recupera el informe de HRW destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras al mismo tiempo comenzó un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.
Durante la presentación del informe, Goebertus; Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Denisse Dresser, del ITAM, hicieron énfasis en la importancia de comprender que el bienestar material no sustituye al Estado de derecho, ni los derechos son intercambiables.
“Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables, y esa es una lección que el gobierno mexicano ha preferido ignorar. Human Rights Watch documenta un patrón que ya no es nuevo, pero sí más visible: la militarización de la seguridad pública con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos”, señaló Dresser.
Lee más: “Me dijeron que era el último aviso”: madre de joven desaparecido deja Jalisco tras ser golpeada
Ante la realidad de la mejora en los índices de pobreza, los otros temas se desvanecen y los derechos humanos dejan de ser importantes en comparación, criticaron los panelistas. Consideraron necesario combatir ese discurso constantemente y evidenciar el costo que produce esa falsa dicotomía.
En tanto, Sánchez subrayó que en México persiste una crisis de derechos humanos y describió el andamiaje legal e institucional que se ha modificado para facilitar que aumenten los riesgos de persistencia de diversas violaciones a derechos humanos. En ese sentido, MUCD ha detectado en los últimos años 18 reformas regresivas para los derechos humanos.
Esto quiere decir que se trata de modificaciones al modelo de seguridad y justicia mexicano que tienen, principalmente, tres efectos negativos: aumentan la capacidad del Estado para actuar de manera arbitraria, incrementan los riesgos para que las personas puedan ser victimizadas o abusadas, y limitan la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Entre ellas han estado las que apuntan a militarizar la política de derechos humanos, lo que inició con la transferencia y ampliación de facultades de la Guardia Nacional. Particularmente, otorgarle capacidades de investigación contradice uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos: que los civiles investiguen a civiles.
Por otro lado, varias reformas han derivado en consolidar una excepcionalidad legal para los militares, añadió Sánchez, como darles facultades para intervenir las comunicaciones privadas o permitir las operaciones encubiertas, que anteriormente ya habían sido anuladas por la Corte. Aunado a ello, criticó que las reformas constitucionales no sean impugnables.
En tanto, la reforma judicial, dijo, tendrá un efecto pernicioso sobre las víctimas de delitos, pues prevé la sustitución de más de 600 jueces penales, lo cual implica que habrá juicios orales que quedarán vacantes y tendrán que reiniciarse; con esto también se violan derechos humanos de las víctimas. Además, se espera que para 2027 otros mil 81 jueces sean removidos.
También lee: Sinaloa: FGR atrae caso de desaparición de esposa de periodista en Mazatlán ocurrida en noviembre
A juicio de la organización, se han perdido los últimos controles que le quedaban a la Constitución, y en particular preocupan las reformas a la Ley de Amnistía, que anteriormente contemplaba una restricción para que no pudiera aplicarse en caso de violaciones a los derechos humanos, la cual dejó de existir.
En el capítulo México de su informe, HRW recuerda que en octubre de 2024 México fue elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y concluye que si bien ha apoyado esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad, se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, excusando la doctrina de “no intervención”.
Relacionado
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
