La presidenta Claudia Sheinbaum, Morena, legisladores de dicho partido e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han utilizado dichos falsos y engañosos para rechazar la declaración de un Comité de la ONU sobre que en México se cometen desapariciones forzadas “generalizadas” y “sistemáticas”.
El principal argumento del oficialismo es que no hay una orden desde el gobierno o incluso de parte de la presidenta Sheinbaum para cometer desapariciones forzadas.
“A diferencia del pasado, el gobierno no desaparece personas ni viola derechos fundamentales, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”, señaló el partido Morena ante la resolución del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Se mandó una Nota Diplomática para mostrar nuestra inconformidad”, dijo la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el Comité de la ONU no culpó en específico al gobierno de Sheinbaum de ordenar una política de desapariciones.
Señaló una problemática estructural en que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o han permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
En esta nota te contamos que en los últimos 9 años se sumaron 66 mil casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso sólo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos siguen impunes.
En la respuesta con folio 330024624001678, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refirió Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agregó.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidió en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agregó, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “Política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, refirió sobre la respuesta de Morena y el gobierno.
En un comunicado, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana apuntó que aunque no todas las desapariciones en el país son directamente atribuibles a agentes estatales, “la inacción o respuesta insuficiente de las autoridades puede constituir una forma de aquiescencia. Esta falta de prevención, investigación y sanción efectiva ha facilitado la persistencia del fenómeno y generado un entorno de tolerancia institucional”.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, subrayó que “el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”. Por ello, el CED solicitará al gobierno mexicano “información pertinente respecto de esta situación, sin prejuzgar las siguientes etapas del procedimiento”.
La desaparición forzada es un delito grave que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en señalar que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión ante hechos perpetrados por el crimen organizado en colusión con autoridades.
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó el Centro.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista, se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
Aunque la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que el gobierno de México “no desaparece personas ni viola derechos humanos”, y el senador Gerardo Fernández Noroña retó a encontrar un sólo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, corporaciones bajo el mando de gobiernos morenistas sí han sido señaladas por desapariciones forzadas, y otras violaciones graves a derechos humanos.
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
En el siguiente gráfico, se observa cómo también la CNDH ha seguido documentando en años recientes casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
Además la investigación Permiso para matar documentó un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125 mil desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125 mil desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72 mil cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si el 99% de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, criticó Dayán.
Con información de Frasua Esquerra
Vivimos en una época en la que todo tipo de sistemas de control limitan nuestras libertades de expresión, identidad y religión. Combinar la visión de Orwell con la de Huxley ofrece un análisis más profundo.
¿Existe alguna obra de ficción del pasado que pueda ayudarnos a comprender las preocupantes tendencias actuales?
Considerando la proliferación de referencias a la “neolengua” ofuscadora, líderes al estilo del Gran Hermano y sistemas de vigilancia ineludibles en artículos periodísticos, esta pregunta tiene una respuesta simple: “Sí, y esa obra es ‘1984’ de George Orwell”.
Tanto la izquierda como la derecha política consideran la novela que Orwell escribió en 1949 como el libro del siglo pasado que mejor se relaciona con el presente.
Pero hay otros que consideran la cultura del consumo y la obsesión por las redes sociales como las principales preocupaciones actuales. Entonces la respuesta es diferente: “Sí, y esa obra es ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley”.
Nosotros, sin embargo, pensamos que la respuesta es “ambas”.
En el largo debate sobre quién fue el escritor más profético de su época, Orwell, que fue alumno de Huxley en Eton, es generalmente el favorito.
Una razón de esto es que las alianzas internacionales que durante mucho tiempo parecieron estables ahora están en constante cambio. En 1984, su última novela, Orwell imaginó un futuro mundo tripolar dividido en bloques rivales con alianzas cambiantes.
En el breve periodo transcurrido desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició su segundo mandato, sus políticas y declaraciones han provocado sorprendentes realineamientos.
Estados Unidos y Canadá, socios cercanos durante más de un siglo, están ahora enfrentados. Y en abril, un funcionario de Pekín se unió a sus homólogos de Corea del Sur y Japón para oponerse, formando un trío improbable, a los nuevos aranceles de Trump.
Quizás por eso existe un campo floreciente de “estudios orwellianos”, con su propia revista académica, pero no de “estudios huxleyanos”.
Probablemente también explica por qué “1984”, pero no “Un mundo feliz”, sigue figurando en las listas de los más vendidos, a veces junto con “El cuento de la criada” (1985) de Margaret Atwood.
“Orwelliano” (a diferencia del raramente conocido “huxleyano”) tiene pocos competidores aparte de “kafkiano” como adjetivo inmediatamente reconocible vinculado a un autor del siglo XX.
Por maravillosos que sean Atwood y Kafka, estamos convencidos de que combinar la visión de Orwell con la de Huxley ofrece un análisis más profundo. Esto se debe en parte a, y no a pesar de, la frecuencia con la que se ha contrastado la autocracia que describen Orwell y Huxley.
Vivimos en una época en la que todo tipo de sistemas de control limitan nuestras libertades de expresión, identidad y religión. Muchos no encajan del todo en el modelo que Orwell o Huxley imaginaron, sino que combinan elementos.
Sin duda, hay lugares, como Myanmar, donde quienes ostentan el poder recurren a técnicas que evocan inmediatamente a Orwell, con su enfoque en el miedo y la vigilancia. Hay otros, como Dubái, que evocan con mayor facilidad a Huxley, con su enfoque en el placer y la distracción. Sin embargo, en muchos casos encontramos una mezcla.
Esto es especialmente evidente desde una perspectiva global. Es algo en lo que nos especializamos como investigadores internacionales e interdisciplinarios: un académico literario turco radicado en el Reino Unido y un historiador cultural californiano de China, que también ha publicado sobre el Sudeste Asiático.
Al igual que Orwell, Huxley escribió muchos libros que no eran ficción distópica, pero su incursión en ese género se convirtió en su obra más influyente. “Un mundo feliz” fue muy conocido durante la Guerra Fría.
En cursos y comentarios, se solía comparar con “1984” como una narrativa que ilustraba una sociedad superficial basada en la indulgencia y el consumismo, en contraposición al mundo orwelliano, más sombrío, de supresión del deseo y control estricto.
Si bien es habitual abordar los dos libros a través de sus contrastes, también pueden tratarse como obras interconectadas y entrelazadas.
Durante la Guerra Fría, algunos comentaristas consideraron que “Un Mundo feliz” mostraba adónde podía llevar el consumismo capitalista en la era de la televisión.
Occidente, según esta interpretación, podría convertirse en un mundo donde autócratas como los de la novela se mantuvieran en el poder. Lo lograrían manteniendo a la gente ocupada y dividida, felizmente distraída por el entretenimiento y la droga “soma”.
Orwell, por el contrario, parecía proporcionar una clave para desbloquear el modo más duro de control en los países no capitalistas controlados por el Partido Comunista, especialmente los del bloque soviético.
El propio Huxley en “Un mundo feliz” revisitado, un libro de no ficción que publicó en la década de 1950, consideró importante reflexionar sobre cómo combinar, abordar y analizar las técnicas de poder e ingeniería social presentes en ambas novelas.
Y resulta aún más valioso combinar estos enfoques ahora, cuando el capitalismo se ha globalizado y la ola autocrática sigue alcanzando nuevas fronteras en la llamada era de la posverdad.
Los enfoques orwellianos, de corte duro, y huxleyanos, de corte suave, para el control y la ingeniería social pueden combinarse, y a menudo lo hacen.
Vemos esto en países como China, donde se emplean los crudos métodos represivos de un Estado del Gran Hermano contra la población uigur, mientras que ciudades como Shenzhen evocan un mundo feliz.
Vemos esta mezcla de elementos distópicos en muchos países: variaciones en la forma en que el escritor de ciencia ficción William Gibson, autor de novelas como “Neuromancer”, escribió sobre Singapur con una frase que tenía una primera mitad suave y una segunda dura: “Disneylandia con la pena de muerte”.
Este puede ser un primer paso útil para comprender mejor y quizás empezar a buscar una manera de mejorar el problemático mundo de mediados de la década de 2020. Un mundo en el que el teléfono inteligente en el bolsillo registra tus acciones y te ofrece un sinfín de atractivas distracciones.
*Emrah Atasoy es investigador asociado de Estudios Literarios Comparados e Inglés e Investigador Honorario del IAS de la Universidad de Warwick.
*Jeffrey Wasserstrom es profesor de Historia China y Universal, Universidad de California, Irvine.
*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia creative commons. Haz clic aquí para leer la versión original.
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