Accidentes en Pemex duplican su frecuencia y gravedad, mientras que presupuesto para mantenimiento se redujo
En los últimos dos años Pemex registró un aumento del 152% en la frecuencia de los accidentes y el indicador de gravedad reportó en el último año un aumento de 127%, respecto del promedio del 2018 al 2020.
En lo que va de esta administración se han registrado, al menos, 22 trabajadores fallecidos y 453 lesionados en accidentes en centros de trabajo de Pemex y tan solo de enero a marzo de este año se registraron 40 trabajadores lesionados y 10 fallecidos por accidentes de trabajo.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó en entrevista con Animal Político que “la explicación más lógica” del aumento de estos índices en Pemex “está en la parte de la inversión”.
Ocampo señaló que en los últimos años se estaban invirtiendo en mantenimiento “unos 500 millones de dólares”, que “no es nada”, señala, “comparado con otras petroleras”, que invierten en el mantenimiento “mucho más del 5%” de su presupuesto total.
Asimismo, año con año Pemex se aleja cada vez más de las metas que ha establecido en sus Planes de Negocio. En el 2021 la brecha fue del 63% y en el 2022 ésta se elevó a 133%.
Y mientras que la frecuencia y la gravedad de accidentes en Pemex aumentan, de 2020 a 2022 el presupuesto aprobado para el mantenimiento de la empresa se redujo un 49%.
Trabajadores lesionados y fallecidos
El pasado viernes 13 de julio, se registró un incendio en la plataforma Nohoch Alfa, uno de los yacimientos de petróleo que pertenece al complejo Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche.
A través de un comunicado Pemex informó que como consecuencia del accidente dos personas fallecieron, ocho resultaron lesionadas y una más se encuentra desaparecida.
En su primer y más reciente reporte trimestral de este año Pemex informó que de enero a marzo de 2023 se registraron 40 trabajadores de Pemex lesionados y 10 fallecimientos por accidentes de trabajo.
Según indica el reporte, cinco fallecimientos ocurrieron en Pemex Exploración y Producción y otros cinco en Pemex Transformación Industrial.
Pemex indica que tres de los trabajadores perdieron la vida el 23 de febrero de 2023 en un incendio que se presentó en la Planta Combinada Maya de la Refinería Minatitlán, en el que otras dos personas resultaron lesionadas.
Ese mismo día Pemex reportó “un accidente relacionado con un incendio en el equipo de perforación PM-119” en el que otros cinco trabajadores perdieron la vida.
Con base en datos obtenidos de la respuesta a una solicitud de información (1857200185721) y a los reportes trimestrales de la empresa de 2021 a la fecha, podemos conocer que en lo que va de esta administración se han registrado, al menos, 22 trabajadores fallecidos y 453 lesionados en accidentes en centros de trabajo de Pemex.
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Frecuencia de accidentes aumentó 152%
Cada trimestre Pemex reporta el índice de frecuencia y el índice de gravedad, dos indicadores que nos permiten conocer, tal y como sus nombres lo indican, la frecuencia y la gravedad de los accidentes que ocurren al interior de la empresa.
El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes por millones de horas-hombre de exposición al riesgo en el periodo considerado.
Un accidente incapacitante es, de acuerdo con Pemex, un suceso repentino e inesperado que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo.
Mientras que las horas-hombre de exposición al riesgo son el número de horas laboradas por todo el personal en el interior de las instalaciones o fuera de éstas.
De acuerdo con datos de Pemex, la frecuencia de los accidentes ha venido presentando un aumento constante a partir del segundo trimestre del 2021.
Mientras que al comenzar el 2021 Pemex reportó 0.23 accidentes incapacitantes por millón de horas hombre trabajadas, dos años después, para el primer trimestre del 2023 la empresa reportó 0.58 accidentes incapacitantes por millón de horas hombre trabajadas. Lo que representa un aumento de 152% en la frecuencia de los accidentes en tan solo dos años.
Por arriba del estándar internacional
Mientras que durante el 2019 y el 2020 el índice de frecuencia de accidentes en Pemex mantuvo un índice acumulado de 0.24, para el 2021 éste se reportó en 0.36, lo que representó un aumento del 50% en un año.
Para poner estas cifras en perspectiva, el estándar internacional que reporta la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP por sus siglas en inglés) en su reporte de Indicadores de rendimiento de seguridad 2022, es de 0.28.
En el 2022 este índice anual fue de 0.49, lo que representó un aumento del 36% con respecto al año inmediato anterior, un 104% con respecto al 2020 y un 75% con respecto al estándar internacional.
En sus dos últimos reportes trimestrales —cuarto trimestre del 2022 y primer trimestre del 2023— Pemex ha reportado un índice de frecuencia de 0.58. Esta cifra representa ya un aumento de 142% con respecto a lo registrado en el 2020.
En su Informe Anual 2022 Pemex indica que en el 2022 “Pemex Logística tuvo el incremento más importante tanto en el número de lesionados como en el índice de frecuencia”. El informe indica que las causas principales de las lesiones fueron la operación de maquinaria, la carga y manipulación de objetos y las caídas.
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Indicador de gravedad aumenta un 126%
El segundo indicador es el correspondiente al índice de gravedad, el cual refiere al total de días perdidos por millones de horas-hombre de exposición al riesgo en el periodo considerado.
Los días perdidos son los días de incapacidad médica por lesiones a consecuencia de accidentes de trabajo, más los días de arrastre, más los días de indemnización por incapacidad parcial o total, permanente o muerte.
En los últimos dos años este indicador, que evalúa la gravedad de los accidentes, también ha aumentado considerablemente.
Mientras que del 2018 al 2020 este índice mantuvo un promedio de 15 días perdidos por millón de horas-hombre, en 2021 el índice se elevó a 19 y para el 2022 la cifra aumentó casi al doble, llegando a los 29 días.
Si tomamos en consideración el último año de actividad —los últimos cuatro trimestres reportados por Pemex— encontramos un índice de gravedad promedio de 34 días. Esta cifra representa un aumento de 126% con respecto a los 15 días promedio que se reportaron del 2018 al 2020.
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Presupuesto para mantenimiento
Y pese al aumento en la frecuencia y la gravedad de los accidentes en Pemex, del 2020 a 2022 el presupuesto aprobado para el mantenimiento de infraestructura se redujo un 49%, al pasar de los 16 mil 800 millones de pesos en 2020 a 8 mil 600 millones de pesos en 2022.
Durante los últimos cuatro años de la administración de Peña Nieto (2015-2018) se destinaron, en promedio, 17 mil 850 millones de pesos reales a este rubro, mientras que en los primeros años de la actual administración (2019-2022) el presupuesto se redujo, en promedio, a 11 mil 150 millones de pesos reales. Esto representa una disminución de 38% entre ambos periodos.
Tan solo de un año a otro, del 2018 —último año de la pasada administración— al 2019 —primer año de la actual administración— la reducción del presupuesto fue del 56%, al pasar de los 19 mil 300 pesos reales en el 2018 a 8 mil 500 pesos reales en el 2019.
Para el 2023 se aprobó un presupuesto para el mantenimiento de infraestructura de Pemex Transformación Industrial de 23 mil 481 millones de pesos —20 mil 600 mdp de 2021—. Esta es la cifra más alta que se ha destinado al mantenimiento en Pemex al menos desde el 2011.
Sin embargo, esta inversión aún no es suficiente, indica Oscar Ocampo, ya que actualmente se encuentra por debajo del “10% y en años anteriores rondaba el 5%”, del total del presupuesto destinado a Pemex. “Este número tendría qué ser —como mínimo— quizás el 10%” indicó el especialista.
Esto “para tener un mantenimiento adecuado” refirió Ocampo, “Ya no estamos hablando para modernizar la infraestructura o para meter tecnología de punta, sino para que sea un mantenimiento adecuado”.
Pemex no alcanza sus metas
En su Plan de Negocios 2019-2023 Pemex estableció como meta que para el 2021 el índice de frecuencia de accidentes sería de 0.22, pero ese año fue de 0.36, la diferencia fue del 63%.
Para el 2022 el Índice de frecuencia de accidentes sería de 0.21, sin embargo ese año la cifra fue de 0.49. Una diferencia de 133%, cifra que corresponde a más del doble de la que se presentó en el 2021.
La meta estimada en aquel plan de negocios para el 2023 era de 0.20, sin embargo, en el primer trimestre del 2023 el dato se ubicó en 0.58. Lo que muestra una diferencia del 190% con respecto a la meta de seguridad establecida por Pemex.
En su Plan de Negocios 2021-2025 Pemex ajustó sus metas del 2021 al 2023 en un 0.01%. Indicó un índice de frecuencia de accidentes de 0.23 para 2021, 0.22 para 2022 y 0.21 para 2023.
Sin embargo, las metas para 2021 y 2022 tuvieron una diferencia del 56% y 122%, respectivamente.
En su Plan de Negocios 2023-2027 la empresa reconoció que “en 2021 enfrentó incidentes que rompieron la tendencia positiva e incrementaron el índice de frecuencia”. Sin embargo, mantiene una meta de 0.22 del 2023 al 2025 y un 0.21 para el 2026 y 2027.
Sin sanciones no hay incentivos
En el 2021 una investigación periodística publicó que “a pesar de los diversos accidentes en sus instalaciones, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar y regular la seguridad de las instalaciones petroleras, ha evitado sancionar a Pemex en los últimos años”.
De acuerdo con información que obtuvieron vía Transparencia, Pemex “sumó multas por 4.54 millones de pesos entre 2015 y 2017 por incumplimiento de la legislación en temas de seguridad industrial”. Sin embargo, a partir de 2018 —y al menos hasta septiembre del 2021—, Pemex no registró otra sanción por parte de la ASEA.
La ausencia de sanciones a Pemex, indicó el coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, provoca que no se tengan incentivos para modernizarse o para ser más eficiente. “Si tú tienes un regulador que no muerde, no tienes los incentivos para cumplir con tus objetivos y con tus condiciones regulatorias” indicó Ocampo.
“Eso responde más bien no tanto a que Pemex sea una empresa altamente eficiente… tiene qué ver más con la preferencia de esta administración por las empresas productivas del Estado”. “Al final todo es congruente con la instrucción de darle un trato preferencial y diferenciado a Petróleos Mexicanos sobre el resto de los operadores privados” indicó Ocampo.
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El gobierno guatemalteco atribuye a sus rivales políticos el asesinato hace unos días de una decena de policías.
Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron la mañana del 18 de enero a diez policías e hirieron a otros ocho, en uno de los ataques más letales de los últimos años contra las fuerzas de seguridad en Guatemala.
La ofensiva criminal comenzó un día antes en la capital del país con la toma de tres presidios de forma simultánea, donde reos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 empleados de prisiones.
El presidente Bernardo Arévalo, que gobierna desde hace un año en un contexto de fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía guatemalteca, decretó el cierre provisional de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el país.
El gobierno acusa a sus adversarios políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición se desliga y acusa al gobierno del presidente Arévalo de tibieza en el combate a las pandillas; Barrio 18 se muestra hermético con la prensa y apenas esboza unas quejas sobre las condiciones de vida de los penales; y la población, ajena a las disputas entre criminales y élites políticas, espera no ser blanco del siguiente ataque.
Para entender el origen y las implicaciones de esta nueva crisis, BBC Mundo habló con miembros del Barrio 18, altos mandos de la cartera de seguridad del gobierno guatemalteco, personeros de la policía, activistas en los territorios controlados por pandillas y personas cercanas al ejecutivo.
Un ataque anunciado
BBC Mundo contactó con un alto funcionario del gobierno involucrado directamente con el manejo de esta crisis, quien brindó declaraciones bajo el compromiso de no ser identificado en esta nota, y a quien nos referiremos como funcionario 1.
Esta persona aseguró que agentes de inteligencia penitenciaria detectaron el jueves 15 de enero un plan de la pandilla Barrio 18 para coordinar una ofensiva en el sistema penitenciario y en las calles. No sabían cuándo este plan sería ejecutado.
Según este funcionario, se informó de esto a la policía guatemalteca a fin de resguardar la vida de los agentes; sin embargo, policías de calle consultados para esta nota dijeron no haber tenido información al respecto y haber estado haciendo los patrullajes de forma rutinaria el domingo 18.
BBC Mundo habló el 22 de enero con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quien confirmó que efectivamente se conocía el plan del Barrio 18 tanto para la toma coordinada de las tres cárceles como para la ofensiva en la calle.
No obstante, ante la pregunta de si se advirtió a los patrulleros sobre una amenaza concreta e inminente, respondió que a diario se les instruye a “extremar medidas de protección personal” como parte del protocolo habitual. No hubo, reconoció, una alerta específica previa a los ataques que terminaron con la vida de diez agentes.
Todo indica que la información sobre la ofensiva se filtró por diferentes canales. Esto es coherente con lo dicho a BBC Mundo por una activista que, por sus más de diez años trabajando en centros penitenciarios, tiene contacto cercano y acceso a miembros de la “rueda”, el grupo de líderes del Barrio 18.
Esta persona mostró a este medio mensajes de un líder medio del Barrio 18 que recomendaba: por su seguridad “no se acerquen a ningún puerco” (término despectivo para llamar a los policías en el argot pandillero), ya que habría consecuencias.
Esa comunicación se produjo el miércoles 14 en la localidad de Villa Nueva, donde se dio uno de los ataques más graves la mañana del domingo 18 con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia de esa localidad.
Otra señal previa que no fue tomada en cuenta por las autoridades fue la cancelación, por orden directa de Barrio 18, de partidos de fútbol en decenas de ligas barriales programados para ese mismo domingo, una medida habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.
Pandilleros de Barrio 18 y miembros veteranos de esa estructura aseguraron a BBC Mundo que los ataques tienen que ver con el traslado de sus líderes a centros penitenciarios de mayor seguridad y a las malas condiciones de los centros penales.
Sin embargo, ese mismo domingo, un líder carcelario no pandillero recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, difundió un video desde prisión en el que instaba a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.
El líder penitenciario portaba un chaleco antibalas con el logo de la policía guatemalteca, el cual, según sus propias palabras, había sido arrebatado a un agente penitenciario. El vocero de la policía Jorge Aguilar afirmó a este medio que según sus informaciones fue la mara Barrio 18 quien pagó a este líder no pandillero para lanzar ese mensaje.
Pero, ¿por qué quieren derrocar al presidente y quién estaría detrás?
¿Motivaciones políticas?
Una persona cercana al ejecutivo, que pidió no ser identificada por su nombre o cargo, aseguró que la postura interna del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
En la misma línea, el funcionario 1 afirmó contar con pruebas de que personas vinculadas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo, estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.
Aunque no facilitó a BBC Mundo acceso a esas pruebas, su testimonio da cuenta de hacia dónde apunta la lectura interna del gobierno.
El propio Arévalo aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento de que se preparaba un atentado en su contra.
“Una fiscal del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.
No obstante, el mandatario reconoció no contar con pruebas que le permitan señalar responsables concretos.
“Es un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, dijo la pasada semana.
El presidente cree que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado en un momento en el que se esperan cambios importantes.
En los próximos meses toca renovar instituciones clave, con la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo el relevo en la fiscalía previsto para mayo.
Este proceso llegará en pleno pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema plagado de corrupción.
La respuesta del Estado
El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una fuerza intermedia: una operación rápida para retomar el control de los centros penitenciarios combinada con medidas de excepción.
Los tres penales tomados -Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II, y Renovación 1, estos dos últimos de máxima seguridad- fueron recuperados el mismo día.
Según fuentes de inteligencia, el objetivo principal de la operación era desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al principal líder del Barrio 18, Aldo Dupie, alias “El Lobo”.
El funcionario 1 explicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando que El Lobo padece asma crónica y otros problemas respiratorios. Se lanzaron decenas de latas de gas para reducir a los amotinados, obligarlos a entregar las armas y rendirse en pocas horas.
Según esta fuente, el objetivo era recuperar el penal sin tener causar la muerte a los reos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo ningún muerto ni herido de gravedad en ninguno de los bandos. El Lobo fue reducido y capturado. Se le mostró con la cara ensangrentada, esposado de manos y caminando lento, pero sin lesiones de consideración.
A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país en cadena nacional para informar sobre la recuperación de los centros penitenciarios y decretar luto nacional por la muerte de ocho agentes policiales —una cifra que horas más tarde se elevó a diez—.
Como medida central, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y allanamientos, y permite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Esta medida se da en un contexto centroamericano donde las narrativas populistas y los grupos de derecha claman por medidas de más fuerza, como las tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Bukele mantiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90.000 presuntos delincuentes, situando a El Salvador como el país con más presos per cápita del mundo.
Como parte de esa estrategia de mano dura, se registra una caída masiva en la tasa de homicidios.
Al cierre de esta nota, el gobierno guatemalteco había desplegado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 capturas de presuntos miembros del Barrio 18 y al menos uno de la Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además aislado dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en un hecho insólito en el universo de las pandillas centroamericanas, el gobierno de Arévalo apunta a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.
Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora al gobierno de Arévalo, Sandra Torres.
Castaneda fue capturada en agosto de 2025 y se encuentra ligada a un proceso penal por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados presuntamente a ataques contra una fiscal del Ministerio Público.
Este 20 de enero, como parte de las acciones del gobierno contra el Barrio 18, fue enviada a aislamiento en el centro de reclusión preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como la cárcel VIP por haber albergado a reclusos de alto perfil.
Esta decisión reforzó la lectura del Ejecutivo de que detrás de la masacre de policías y de la crisis penitenciaria hay actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.
Preguntamos sobre esto al vocero de la policía Jorge Aguilar y respondió que “la policía no hablará de política; eso que se lo respondan los políticos”.
Aseguró que la policía trabaja bajo una premisa más sencilla: “Barrio 18 ataca como una forma de presión para que se traslade a su líder, alias Lobo, quien desde mediados de 2025 se encuentra en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el penal preventivo de la zona 18”.
Las versiones divergentes dentro del propio gobierno de Arévalo evidencian la falta de una explicación unificada sobre los motivos de la masacre.
El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques ocurrieron como respuesta a la recuperación de los penales, una afirmación difícil de sostener, ya que los asesinatos de policías comenzaron por la mañana, cuando los centros aún estaban bajo control del Barrio 18.
En esa misma comparecencia, el presidente Arévalo reiteró su tesis sobre la participación de actores políticos: “Vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días”, en referencia a la renovación de la fiscalía.
Sandra Torres, por su parte, respondió a las alusiones del Ejecutivo acudiendo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.
El diputado José Inés Castillo, vocero del partido UNE, el de Torres, rechazó las acusaciones y defendió a su dirigente.
“Es cierto, es verdad, una sobrina de nuestra dirigente del partido, Sandra Torres, está casada o vive con un jefe de una banda de terroristas. Pero Sandra Torres no tiene la culpa de que su sobrina tenga una conducta inapropiada dentro de la sociedad. Y además la responsabilidad penal es personalísima en este país”, alegó.
La confrontación política entre el Ejecutivo y otros actores del Estado se ha convertido así en el telón de fondo de la masacre de los policías.
Mientras las responsabilidades se debaten en despachos oficiales y espacios políticos, los diez agentes asesinados -dos de ellos mujeres- fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.
Los motivos últimos de sus muertes siguen siendo objeto de disputa.
Reacomodos en el universo criminal
Las pandillas en Guatemala tienen su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocido como el Sur.
Este régimen normativo (que en California sigue vigente) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y promovía, en determinados contextos, una suerte de frente común contra otros conglomerados criminales.
En Centroamérica, y concretamente en Guatemala, este pacto fue invocado por los líderes pandilleros en las prisiones a principios de la década de los 2000 para enfrentarse a las estructuras carcelarias de poder, en su mayoría gobernadas por exmilitares o capos ligados al mundo militar.
Las pandillas hicieron un frente común y lograron derrotar a esas otras estructuras carcelarias, decapitando a dirigentes emblemáticos y asesinando a decenas de sus hombres.
Ese frente común se terminó el día 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, al mando de Jorge Hair de León Hernández, conocido como El Diabólico, perpetró una masacre contra los miembros del Barrio 18.
Desde entonces ambas estructuras han mantenido una guerra sostenida por control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en la ofensiva reciente se observan indicios de una coordinación inédita entre ambas pandillas, al menos en la forma de un pacto tácito de no agresión en medio del caos.
El funcionario 1 afirma que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) estuvieron en celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia del Estado, alcanzaron algún tipo de entendimiento.
BBC Mundo realizó un recorrido por diversas zonas de la capital, incluyendo lugares en los que fueron perpetrados los ataques, donde no se pudo constatar un ambiente especialmente hostil.
La actividad comercial continuaba y el transporte público operaba con normalidad. Aunque escuelas y universidades fueron cerradas de forma preventiva el lunes 19 de enero por orden presidencial, al día siguiente retomaron su funcionamiento habitual.
En el recorrido del día 19 de enero no se detectó presencia anormal de policías o militares en estas zonas, lo que, según testimonios de vecinos, genera en la población una idea de abandono, ineficiencia y poca respuesta por parte del Estado ante la ofensiva pandillera.
En los territorios visitados, BBC Mundo constató además una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital que hasta hace poco estaban bajo control de la MS-13 han pasado en los últimos meses a manos de esta pandilla rival, reconfigurando el mapa criminal del país.
Fuentes cercanas al mundo pandillero señalan que, en paralelo, se ha producido el desplazamiento de decenas de integrantes del Barrio 18 hacia ciudades fronterizas de México, un movimiento que podría responder tanto a la presión estatal como a estrategias de expansión regional.
Como dato simbólico, un exmiembro del Barrio 18 indicó que los ataques se realizaron el día 18 de enero, una fecha con un significado particular dentro del imaginario de esta banda criminal.
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