¿Revancha? AMLO no criticó fideicomisos mientras Zaldívar era presidente de la Corte; arreció con Piña
Para entender mejor
El presidente Andrés Manuel López Obrador no criticó los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ahora Morena busca eliminar, mientras Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo hizo después de que presentó su reforma al sistema electoral y ya con Norma Piña como ministra presidenta del organismo autónomo, aumentando la frecuencia y elevando el tono de su crítica después de que la Corte invalidara su también llamado “plan B”.
El Sabueso realizó una búsqueda en la AMLOPEDIA, la herramienta de búsqueda en las conferencias matutinas, y encontró que López Obrador habló de eliminarlos hasta el 3 de marzo de 2023.
“El Poder Judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos, con lo mismo, llegan a ganar los ministros hasta 600 mil pesos mensuales sumando sueldos y prestaciones de todo tipo, y lo mismo, servicio médico privado y fondo de retiro”, dijo el mandatario.
Norma Piña había sido nombrada como ministra presidenta dos meses antes, el 2 de enero. Mientras que Arturo Zaldívar concluyó su gestión el 31 de diciembre de 2022.
Durante cuatro años de gobierno, el mandatario no tocó los 13 fideicomisos enfocados en pensiones complementarias de mandos superiores (excluyendo a ministros), mandos medios y operativo; pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados; apoyos médicos complementarios e infraestructura.
El 2 de marzo de 2023, un día antes de que López Obrador realizara la declaración mencionada, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la segunda parte del llamado “plan B”.
Es decir, las reformas a tres leyes —la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación—, más la expedición de Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral con el objetivo de reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con esto, el mandatario concretó su alternativa al rechazo del Congreso de la Unión de sus reformas constitucionales en materia político-electoral, que eran su “plan A”.
La primera parte del “plan B” fue publicada el 27 de diciembre de 2022 en el DOF e incluía reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para más detalles: Gobierno de AMLO publica “plan B” y fuerza cambios en el INE: obliga a cese inmediato del secretario ejecutivo
El 8 de mayo de 2023, el Pleno de la SCJN invalidó el primer decreto de ese plan y al día siguiente, el 9 de mayo, el mandatario mencionó a los fideicomisos del Poder Judicial en su conferencia matutina.
“Un ministro de estos de ayer —y de hoy y de mañana, pero no de pasado mañana— ganan tres veces más que el presidente, tienen fideicomisos que no transparentan por 20 mil millones de pesos”, dijo el presidente en ese momento (meses después mencionaría que los ministros ganan hasta cuatro veces más que él, aunque sin presentar un sustento de reportes presupuestales).
El 11 de mayo, López Obrador volvió a hablar de que los ministros de la Corte cancelaron la primera parte del “plan B”. “Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida”, señaló.
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El 22 de junio de 2023, la SCJN invalidó el segundo decreto del “plan B”. Con esto, la alternativa del presidente a las reformas electorales fue desechada en su totalidad.
Al día siguiente, en la conferencia matutina del 23 de junio, el mandatario dijo que ya sabía que los ministros iban a anular la ley electoral y habló nuevamente de los fideicomisos del Poder Judicial.
“Manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos”, criticó, aunque como ya referimos en esta verificación, en realidad los fideicomisos no son para prestaciones o el salario de las 11 ministras y ministros.
Con Zaldívar, AMLO confiaba en el PJF y su autonomía para reformarse
La primera mención que arroja la herramienta AMLOPEDIA sobre los fideicomisos del Poder Judicial en una conferencia matutina es el 9 de julio de 2019. Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por los más de 15 mil millones de pesos en los fideicomisos de la Corte y el Consejo de la Judicatura en plena austeridad republicana.
“¿Qué le dice al presidente de la Suprema Corte sobre ese tema, sobre esos fideicomisos?”, le preguntó un periodista.
López Obrador respondió que estaba seguro que el Poder Judicial iba a actuar porque consideraba a Arturo Zaldívar “un hombre íntegro, una persona honesta, y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial”.
El mandatario añadió que no tenía pensado presentar ninguna iniciativa de reforma al PJF porque los ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura podían renovarse desde su autonomía.
“No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas, que no toleren la corrupción, ni la impunidad”, pronunció.
Ya con Norma Piña como ministra presidente de la SCJN, López Obrador cambió el discurso, incluso planteando que los integrantes de la Corte sean elegidos por voto popular.
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Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
Los miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre por diversos delitos, entre ellos homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, por un tribunal de la provincia china de Zhejiang.
Los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y aislada en un llamativo centro de casinos y barrios rojos.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
¿Quién era la familia Ming?
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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