Refinería de Dos Bocas procesó 263,402 barriles de petróleo en diciembre; continúa sin alcanzar capacidad máxima de procesamiento
La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, procesó 263,402 barriles diarios de petróleo durante diciembre de 2025, lo que equivale al 77 % de su capacidad máxima de procesamiento, que es de 340,000 barriles diarios. De acuerdo con los datos más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), el complejo alcanzó su mayor nivel de procesamiento el mes pasado, pero sigue sin operar a su máxima capacidad.
Tras 16 meses del inicio de sus operaciones, la producción de petróleo de la Refinería Olmeca es similar a las refinerías de Salina Cruz, con 210,222 barriles diarios, y Tula, con 220,650 barriles diarios. Ninguna logró su capacidad máxima de procesamiento durante 2025.
La refinería de Salina Cruz, ubicada en Oaxaca, tiene una capacidad máxima de procesamiento de 330,000 barriles diarios. Mientras, la capacidad del complejo de Tula, instalado en Hidalgo, es de 270,000 barriles.
En noviembre pasado, Luz Elena González, secretaria de Energía de México, aseguró en su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República que la refinería Olmeca tenía un nivel de refinación de 270,000 barriles diarios. No obstante, los datos oficiales de Pemex contradicen esa afirmación.
De acuerdo con los registros de producción de petrolíferos, en ese mes Dos Bocas procesó alrededor de 207,000 barriles diarios, una cifra menor a la señalada por la funcionaria y todavía lejos de la capacidad máxima prometida de 340,000 barriles diarios.
Si bien la producción de la refinería mostró un aumento progresivo a lo largo de 2025, en ningún momento alcanzó el nivel de refinación mencionado por la funcionaria federal en su comparecencia.
Dos Bocas no es la refinería que produce más gasolinas
En 2025, la elaboración de productos petrolíferos fue de 211,886 barriles diarios, es decir, produce el 80 % del petróleo que procesa.
Luz Elena González también afirmó en aquella ocasión que Dos Bocas era “la refinería que más gasolinas produce en el país” dentro del Sistema Nacional de Refinación. Pero también resultó falso.
En diciembre de 2025, Dos Bocas produjo 89,200 barriles diarios de gasolinas, mientras que la refinería de Tula reportó una producción superior, de 96,400 barriles diarios. La brecha se amplió en diciembre de 2025, cuando Tula alcanzó 105,600 barriles diarios, frente a 80,200 barriles diarios de Dos Bocas, lo que confirma que la Refinería Olmeca no fue la principal productora de gasolinas del país en el cierre de ese año.
Con estas afirmaciones verificadas, suman ya 17 veces en las que el gobierno de Morena ha desinformado sobre Dos Bocas. En octubre pasado, El Sabueso llevaba el conteo de las primeras 11. La número 12 fue afirmada por la presidenta en su primer informe de gobierno y, a principios de enero, documentamos las número 13 y 14, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cifras incorrectas sobre el desempeño de la refinería de Tabasco los días 4 y 11 de enero.
La producción de petróleo no cumple con la meta gubernamental
Y aunque Sheinbaum informó que el objetivo de Pemex es producir 1.8 millones de barriles diarios durante su sexenio, la producción de petróleo crudo en diciembre de 2025 fue de 1,371 millones de barriles diarios. Cabe destacar que la cifra más alta reportada en todo el año pasado fue de 1,379 millones de barriles diarios en julio.
La producción de diciembre es la segunda más baja desde enero de 2018. De forma anual, la producción petrolera cayó 7.9 % en 2025 en comparación con el año anterior. Aun considerando los condensados, Pemex no alcanza la producción prometida por el gobierno mexicano.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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