Especialistas observan patrones de presión externa en los envíos de capos mexicanos a Estados Unidos
Con una relación bilateral marcada por tensiones migratorias, comerciales y de seguridad, los recientes envíos de capos mexicanos a Estados Unidos se han convertido en un gesto de cooperación entre ambos gobiernos. Al momento suman 92 personas presas entregadas, entre estas, una mujer.
Sin embargo, cada traslado no solo sacude al tablero del narcotráfico en México, sino que envía un mensaje político sobre las prioridades y los límites de la estrategia de seguridad del país frente a la presión de Washington, aseguran especialistas consultados por El Sabueso.
En un análisis realizado por este medio se detectó que estas entregas suelen ocurrir días después de una llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, una pausa arancelaria o una declaración sobre los cárteles de la droga mexicanos. Este patrón abarca un periodo de máximo 20 días, y mientras la presidenta dice que son “decisiones soberanas”, especialistas explican que en realidad se trata de una “notoria presión externa”.
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Presión estadounidense: el patrón entre las entregas
Desde el primer envío de personas privadas de la libertad, Sheinbaum afirmó que estos obedecen a una “decisión soberana” tomada por “conveniencia para México”, además de negar que sean producto de un pacto con el presidente de Estados Unidos. Pero especialistas aseguran lo contrario.
Erick Ruiz de la Cruz, especialista en Inteligencia para la Seguridad Nacional, explica: “Las entregas de capos mexicanos cambian el giro de la relación entre ambos países; el presidente Trump se dio cuenta de que puede emitir comentarios sumamente agresivos y esperar a que el gobierno de México atienda su discurso de manera inmediata”.
Fernando Jiménez Sánchez, maestro en Análisis y Prevención de Terrorismo, añade por su parte que estas acciones no son una noción preventiva como lo ha planteado el gobierno mexicano. “El escenario sería distinto si los envíos se hubieran realizado desde hace años, sin ningún tipo de presión como parte de una verdadera estrategia de seguridad, pero más bien se concretan para despresurizar la relación bilateral”.
La presidenta Sheinbaum también ha dicho que los traslados son importantes para el país en términos de seguridad nacional y pública. “Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir”, reafirmó en su momento.
Sin embargo, Erick Ruiz de la Cruz expone: “Las entregas benefician al país en el aspecto de que, una vez que los criminales llegan a Estados Unidos, pierden aliados fuera de las cárceles —y en territorio mexicano no—, pero también hemos visto reacomodos de liderazgos y, en el peor de los casos, fragmentaciones entre las facciones. Este es un tema sensible porque variará respecto al grupo delictivo y su ubicación, por ejemplo, la violencia interna que enfrenta Sinaloa”.
Desde el 9 de septiembre de 2024, tras la entrega de Ismael el Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses por una supuesta traición de Joaquín Guzmán López, el Güero Moreno, en Sinaloa se desencadenó una serie de enfrentamientos entre La Mayiza y La Chapiza —facciones del Cártel de Sinaloa— para adueñarse del mercado de drogas en la región, documentó NMás.
Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos aumentaron 67 % en 2025. El año pasado, se registraron 1,663 asesinatos en Sinaloa, la cifra más alta desde 2015.
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Noventa y dos personas privadas de la libertad de México han sido entregadas a Estados Unidos
México envió —por primera vez— 29 narcotraficantes a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Entre los rostros de estos capos destacaron Rafael Caro Quintero —historicamente buscado por el gobierno estadounidense por el asesinato del agente Kiki Camarena—, Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, y Omar Treviño Morales, Z-42, líderes del cártel de Los Zetas.
Cabe destacar que 24 días antes, el 3 de febrero, Donald Trump había llamado por tercera ocasión a la presidenta Sheinbaum para establecer mayor cooperación respecto a la seguridad de ambos países y acordar una pausa a los aranceles del 25 % sobre productos mexicanos. En respuesta, el gobierno federal desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional para contener al narcotráfico, principalmente a la distribución de fentanilo.
El segundo envío de capos mexicanos ocurrió el 12 de agosto del mismo año, cuando 26 criminales como Servando Gómez Martínez, la Tuta, y Abigael González Valencia, el Cuini, fueron entregados a Estados Unidos, reportó La Jornada. Es decir, solo 12 días después de otra llamada entre los homólogos en la que se fijó una prórroga de 90 días de la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses a productos mexicanos.
Posteriormente, el presidente Trump aseguró a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca que “México hace lo que le decimos que haga” respecto a la seguridad fronteriza. Además, tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas armadas estadounidenses, aumentaron sus declaraciones sobre una posible intervención extranjera al territorio mexicano.
El 12 de enero de 2026, México solicitó otra llamada con el gobierno estadounidense. Sheinbaum explicó en un comunicado que le reiteró al presidente de Estados Unidos que la cooperación funciona sin intervención militar. Tras la llamada, el 21 de enero se realizó otra entrega de 37 capos a las autoridades estadounidenses, entre ellos figuraron: Ricardo González Ausales, el Ricky, y María del Rosario Navarro Sánchez, la Señora, la primera mexicana acusada en ese país de brindar “apoyo esencial a una organización terrorista extranjera —el Cártel Jalisco Nueva Generación—”.
Estos tres envíos suman 92 criminales entregados a Estados Unidos en casi un año. La última llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se realizó el 29 de enero de este 2026. “Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, informó la presidenta en su cuenta de X.
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¿Destierro, extradición o decisión soberana?
Tras el primer envío de capos a territorio estadounidense, el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, detalló que las entregas se amparaban en la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana, informó El Financiero.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también defendió —respecto a la tercera entrega— que los 37 operadores del crimen organizado “representaban una amenaza real para la seguridad del país”, por lo que se decidió su traslado conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral.
Tras el último envío, familiares de los líderes criminales entregados por el gobierno federal presentaron una denuncia penal en contra de autoridades del gabinete de seguridad por supuesto “destierro”. El documento fue interpuesto el 26 de enero por Vanessa Guzmán, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, Z27, y los representantes legales de Pablo Edwin Huerta Núñez, el Flaquito; Itiel Palacios García, Compa Playa, y Daniel Menera Sierra, uno de los líderes de Los Zetas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que a un año de la llegada de Trump a la presidencia se ha colaborado de “manera histórica” con la presidenta Sheinbaum, lo que demuestra voluntad compartida para desmantelar a los grupos de la delincuencia.
Sobre el término adecuado para denominar estos envíos, Erick Ruiz de la Cruz explica que, de acuerdo con el artículo 9 del Tratado de Extradición entre ambos países —el cual habla sobre entrega de nacionales—, “podemos señalar que no son propiamente extradiciones, sino entregas. El punto a destacar es que, discursivamente, el término extradición ya se ha manejado”.
Por ejemplo, recientemente, la presidenta Sheinbaum afirmó: “Son decisiones soberanas (…) se analiza cada uno de los casos y una vez que se toma la decisión se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos, son extraditables”.
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Washington aumenta la presión a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
La orden ejecutiva lleva por título “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos” y declara una emergencia nacional debido a “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba” que, según la orden, “constituyen una amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la medida de Trump catalogándola de una “nueva escalada de EE.UU. contra Cuba” y desestimó las acusaciones del presidente estadounidense como “una larga lista de mentiras (…) que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington “intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia” a los pueblos de lo que llamó “Nuestra América”.
México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.
El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que “Cuba va a colapsar muy pronto”, y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y “grupos terroristas como Hezbolá y Hamás”, a los que daría “refugio seguro”.
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre “directa o indirectamente” petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
“Chantaje y extorsión”
El canciller cubano añadió en sus redes sociales que “EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”.
Terminó denunciando el “brutal” embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el “más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.
Con respecto a esas condiciones “extremas”, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump “sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, todas las esferas de la vida”.
Legañoa acusó a Estados Unidos de querer “asfixiar” a Cuba y tratar de buscar un “genocidio”.
En realidad, el país ya atraviesa un debilitante “período especial”, con dificultades para garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
Según un informe publicado en el diario Financial Times, no está muy lejos de empezar a sentir las consecuencias de las nuevas restricciones.
“Cuba solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción interna”, escribió el diario en su edición del jueves citando datos de la firma Kpler.
El diario añadió que “su último proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas desde Venezuela”, refiriéndose a una interrupción temporal de un embarque de petróleo a Cuba hace unos días.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó ambigüedad al decir que la pausa fue a causa de las fluctuaciones generales del suministro y no de la presión ejercida por EE.UU.
“Es una decisión soberana”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del miércoles. “(La) decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”
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