Feminicidios en CDMX: 15 % han ocurrido en hoteles; Brugada propone registro, videovigilancia y protocolos
Para entender mejor
En la Ciudad de México, los hoteles y moteles no son un espacio seguro para las mujeres. Las autoridades capitalinas reconocen que 15.2 % de los feminicidios cometidos en la entidad ocurren en estos establecimientos de hospedaje y que ahí, además, se cometen otros delitos como la trata de personas o violaciones y abuso sexual.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Clara Brugada, jefa de Gobierno, presentó un paquete de reformas legislativas, entre las cuales está una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y la Ley de Turismo de la Ciudad de México.
El Sabueso consultó la iniciativa para explicarte medidas como registro de huéspedes, cámaras de videovigilancia y protocolos de prevención y actuación que son propuestas para hoteles y moteles en la Ciudad de México, entidad que tiene Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres desde noviembre de 2019.
Feminicidios en hoteles y moteles de CDMX
Los hoteles y moteles, diseñados para ofrecer privacidad en un alojamiento temporal, se han convertido en el lugar donde ocurren crímenes violentos, especialmente contra mujeres. La falta de regulación con perspectiva de género y la omisión de medidas de seguridad básicas ha derivado en condiciones propicias para delitos como feminicidios, la trata de personas y la violencia sexual.
De acuerdo con el Atlas de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2019 al 15 de agosto de 2025, 15.2 % de los feminicidios cometidos en la capital ocurrieron en espacio abierto privado y espacio cerrado no doméstico, como hoteles y moteles.
En septiembre de 2025 ocurrió el feminicidio de una mujer identificada como Kesia en una habitación del hotel Pirámides, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Su cuerpo fue encontrado desnudo y con signos de violencia después de haber llegado por su cuenta e ingresado, horas antes, con un hombre a quien las cámaras de videovigilancia captaron manejando una camioneta negra.
En esa misma camioneta el hombre salió, sin Kesia, quien era madre de dos hijas y estaba embarazada. La fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y encontró dicho vehículo abandonado en la misma alcaldía.
En junio de 2025, el cuerpo de Natividad fue encontrado en la habitación 126 del hotel Hipódromo Garage, localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La mujer víctima ingresó el sábado 7 con un hombre que salió del lugar ese mismo día; sin embargo, no fue sino hasta el domingo 8 que el personal hotelero reportó lo que había ocurrido tras tocar la puerta e ingresar por no obtener respuesta de la pareja al pedir desalojar la habitación.
El 10 de junio, tras recorridos de reconocimiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Basilio, quien fue captado por cámaras de videovigilancia abordando un taxi hacia la alcaldía Iztacalco. El hombre confesó haber asesinado a Natividad tras un comentario que ella hizo sobre sus pies.
En junio de 2024, Verónica de la Rosa, madre del tiktoker Derek Trejo, fue encontrada sin vida en el cuarto del hotel Ciudad Real, en la alcaldía Azcapotzalco. La mujer ingresó a bordo de un vehículo compacto con placas del Estado de México y se le asignó una habitación.
Al vencer el plazo del alquiler, el personal hotelero trató de hacer contacto con ella. Al no obtener respuesta, abrió la habitación y la encontró en el piso. Un hombre, quien llegó después de ella a la misma habitación, salió sin complicaciones, pero fue detenido días después por agentes de la Policía de Investigación.
En junio de 2023 ocurrió el feminicidio de Katia en la habitación 404 del hotel Jacarandas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Su cuerpo con golpes estaba sobre la cama, según reportó a una ambulancia personal hotelero que entró al cuarto al no obtener respuesta tras haberse vencido el alquiler.
La Policía de Investigación de la Ciudad de México detectó en el Estado de México a Miguel, el agresor, por lo que solicitó el apoyo de los policías mexiquenses para detenerlo.
En abril de 2022, en el hotel Ibiza de la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer fue asesinada por su pareja. A pesar de que hubo gritos y llamados de auxilio por parte de huéspedes contiguos, el personal hotelero no intervino.
En los hoteles y moteles de la Ciudad de México también ocurren transfeminicidios. En julio de 2023 el cuerpo de Natalia, quien era trabajadora sexual, fue hallado con lesiones en el pecho producidas por arma punzocortante en el baño de la habitación 209 del hotel Condesa, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí también estaba un hombre identificado como Brayan, quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Además. el Segundo reporte anual de trata de personas 2021-2022, publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, revela que 17 % de los lugares en donde ocurre la explotación son hoteles o moteles, lo que los convierte en el segundo sitio donde, de acuerdo con los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, se comete el delito.
Para saber más: Fiscalía CDMX encuentra a una mujer muerta en un hotel de la colonia Tabacalera; investiga posible feminicidio
¿Por qué los hoteles y moteles no son espacios seguros para las mujeres?
La investigación hotelesfeminicidas.com, publicada en diciembre de 2020, había adelantado algunos patrones que posibilitan estos delitos en los establecimientos de hospedaje como los que reconoce la iniciativa que propone Clara Brugada.
Por ejemplo, la ausencia de protocolos de prevención y actuación, así como la falta de capacitación al personal hotelero para prevenir, detectar o reportar casos de violencia, de medidas de seguridad como cámaras de videovigilancia funcionales, registros confiables o filtros de ingreso.
De esta manera, las personas agresoras huyen y no son identificadas debido a que no existe un registro formal de ingresos y egresos de personas huéspedes o acompañantes. A esto se suma la normalización de la violencia en espacios privados y la impunidad de otros feminicidios en hoteles.
Esto, a pesar de que desde 2021, el gobierno capitalino implementó la estrategia “Espacios Seguros para Mujeres en Establecimientos de Hospedaje”, de coordinación interinstitucional entre la Fiscalía y las secretarías de Turismo (Sectur), de las Mujeres (Semujeres) y de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad.
Ahora la reforma propone que las personas responsables de establecimientos de hospedaje deberán observar, capacitar y difundir entre su personal el “Protocolo de Actuación para Establecimientos de Hospedaje: espacios seguros y libres de violencia por razones de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes (actualizado)”.
La Semujeres y la fiscalía, en coordinación con las autoridades competentes, tendrán un plazo de 30 días naturales para expedir y publicar el protocolo, una vez aprobada la reforma.
¿Qué propone la iniciativa de Clara Brugada?
La iniciativa propuesta por Clara Brugada está basada en distintos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, como el 6, acerca de que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. O el 11, sobre que las autoridades adoptarán políticas públicas y medidas de seguridad pública y protección civil, con enfoque preventivo, que garanticen la seguridad ciudadana.
“Esta reforma se sustenta en la obligación del Estado de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres e implementar medidas efectivas en los hoteles, moteles o cualquier otro tipo de hospedaje”, se lee en la iniciativa.
La iniciativa de reforma al Artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México propone más allá de llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, tarjetas de registro o sistema computarizado, como establece actualmente, “solicitar a cada una de las personas huéspedes o visitantes una identificación oficial vigente con fotografía para realizar su registro”.
Ya no serán necesarios datos personales como ocupación, origen, procedencia, sino nombre completo, domicilio, hora de ingreso y número de placas si es el caso y resguardarlos por un año. Los hoteles deberán registrar de forma obligatoria el parentesco o relación de las personas adultas con las y los menores que ingresen.
También hay que “registrar la hora de salida de cada una de las personas huéspedes o visitantes, debiendo verificar que el número de personas que entraron coincida con el número de personas que salen”.
En caso de que alguna persona siga utilizando la habitación, el personal del establecimiento deberá verificar de forma inmediata, ya sea vía telefónica o presencial, que todo está bien. “En el supuesto de que no sea atendido el llamado de verificación, deberán dar aviso inmediato a la autoridad competente”.
La reforma propone que en cada habitación y áreas comunes como recepción, pasillos y estacionamientos, deberán colocarse en lugar visible, un ejemplar del reglamento interno relativo a la prestación de los servicios, así como un cartel con medidas específicas y un número telefónico de emergencia e información sobre la forma, autoridad competente y procedimiento para la presentación de denuncias. Esto también está establecido en el artículo 61 de la Ley de Turismo.
La propuesta incluye la obligación de instalar sistemas de videovigilancia en cada acceso y salida vehicular del establecimiento, así como en las áreas de uso común, estacionamientos y accesos peatonales. Pero no habrá en el interior de habitaciones, sanitarios, vestidores o cualquier espacio de uso íntimo o privado.
“Las imágenes captadas por dichos sistemas deberán tener la resolución, calidad y nitidez suficientes que permitan la plena identificación de los rostros de las personas que transiten o permanezcan en el establecimiento. Las grabaciones deberán conservarse y resguardarse por un periodo mínimo de treinta días naturales” se lee en la iniciativa.
En la presentación de la iniciativa, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el objetivo central es establecer registros confiables y sistemas efectivos de videovigilancia, conectados al C5 y articulados con un botón de emergencias para atención inmediata.
La reforma al artículo 31 de esta ley propone que deberán contar con seguridad privada capacitada y registrada ante la SSC de la Ciudad de México.
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) en coordinación con las alcaldías y otras autoridades conforme a sus atribuciones llevarán a cabo visitas de verificación ordinarias y extraordinarias, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones.
El incumplimiento de estas obligaciones implica sanciones como multas o clausura temporal y si se cometió al interior del establecimiento algún delito relacionado con feminicidio, transfeminicidio o violencia sexual se aplicará la clausura permanente; en caso del delito de trata de personas el inmueble pasará a ser utilizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas de la Ciudad de México, como albergue o refugio para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias.
¿Cómo es la responsabilidad compartida contra los hoteles feminicidas?
La implementación de esta reforma propone una responsabilidad compartida a través de convenios, protocolos y mesas de trabajo interinstitucionales permanentes, con metas claras, indicadores de cumplimiento y evaluación constante entre distintas instancias del Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, sector privado y órganos autónomos.
A la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la fiscalía le compete:
- Capacitación y sensibilización al personal ministerial en materia de violencia de género en establecimientos de hospedaje.
- Creación de protocolos de actuación específicos para delitos cometidos en hoteles
- y moteles.
- Fortalecimiento de las capacidades y coordinación entre la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y el INVEA.
- Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y reacción ante situaciones de riesgo para mujeres, por parte de los hoteles y moteles.
- Sanción administrativa en caso de incumplimiento.
- Coordinación con las alcaldías y la SSC para operativos conjuntos.
A la SSC le corresponde:
- Atención prioritaria y respuesta eficaz a llamadas de emergencia desde hoteles.
- Incorporación de estos espacios en los mapas de riesgo y patrullajes de prevención.
- Coordinación en protocolos de primer contacto con víctimas.
Las tareas de la Semujeres son:
- Desarrollo y validación de contenidos para la capacitación del personal hotelero.
- Acompañamiento institucional a víctimas que hayan sido agredidas en hoteles.
Las labores de la Sectur son:
- Emisión de lineamientos para promover estándares de “turismo seguro” con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
- Inclusión de estos requisitos en el registro o distintivos oficiales de prestadores de servicios turísticos.
A las 16 alcaldías:
- Supervisión y acompañamiento a la implementación territorial de las medidas.
- Coordinación con el INVEA y la SSC para operativos y verificaciones ordinarias y extraordinarias.
- Difusión de los derechos y obligaciones entre establecimientos mercantiles con este giro.
La iniciativa fue enviada al Congreso de la Ciudad de México y diputadas como Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, han mostrado su respaldo para su dictaminación y aprobación. Por otra parte, la legisladora local panista Frida Guillén presentó una iniciativa para también establecer nuevas obligaciones a hoteles, moteles y hospedajes temporales incluidos los operados mediante plataformas digitales.
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El gobierno guatemalteco atribuye a sus rivales políticos el asesinato hace unos días de una decena de policías.
Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron la mañana del 18 de enero a diez policías e hirieron a otros ocho, en uno de los ataques más letales de los últimos años contra las fuerzas de seguridad en Guatemala.
La ofensiva criminal comenzó un día antes en la capital del país con la toma de tres presidios de forma simultánea, donde reos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 empleados de prisiones.
El presidente Bernardo Arévalo, que gobierna desde hace un año en un contexto de fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía guatemalteca, decretó el cierre provisional de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el país.
El gobierno acusa a sus adversarios políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición se desliga y acusa al gobierno del presidente Arévalo de tibieza en el combate a las pandillas; Barrio 18 se muestra hermético con la prensa y apenas esboza unas quejas sobre las condiciones de vida de los penales; y la población, ajena a las disputas entre criminales y élites políticas, espera no ser blanco del siguiente ataque.
Para entender el origen y las implicaciones de esta nueva crisis, BBC Mundo habló con miembros del Barrio 18, altos mandos de la cartera de seguridad del gobierno guatemalteco, personeros de la policía, activistas en los territorios controlados por pandillas y personas cercanas al ejecutivo.
Un ataque anunciado
BBC Mundo contactó con un alto funcionario del gobierno involucrado directamente con el manejo de esta crisis, quien brindó declaraciones bajo el compromiso de no ser identificado en esta nota, y a quien nos referiremos como funcionario 1.
Esta persona aseguró que agentes de inteligencia penitenciaria detectaron el jueves 15 de enero un plan de la pandilla Barrio 18 para coordinar una ofensiva en el sistema penitenciario y en las calles. No sabían cuándo este plan sería ejecutado.
Según este funcionario, se informó de esto a la policía guatemalteca a fin de resguardar la vida de los agentes; sin embargo, policías de calle consultados para esta nota dijeron no haber tenido información al respecto y haber estado haciendo los patrullajes de forma rutinaria el domingo 18.
BBC Mundo habló el 22 de enero con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quien confirmó que efectivamente se conocía el plan del Barrio 18 tanto para la toma coordinada de las tres cárceles como para la ofensiva en la calle.
No obstante, ante la pregunta de si se advirtió a los patrulleros sobre una amenaza concreta e inminente, respondió que a diario se les instruye a “extremar medidas de protección personal” como parte del protocolo habitual. No hubo, reconoció, una alerta específica previa a los ataques que terminaron con la vida de diez agentes.
Todo indica que la información sobre la ofensiva se filtró por diferentes canales. Esto es coherente con lo dicho a BBC Mundo por una activista que, por sus más de diez años trabajando en centros penitenciarios, tiene contacto cercano y acceso a miembros de la “rueda”, el grupo de líderes del Barrio 18.
Esta persona mostró a este medio mensajes de un líder medio del Barrio 18 que recomendaba: por su seguridad “no se acerquen a ningún puerco” (término despectivo para llamar a los policías en el argot pandillero), ya que habría consecuencias.
Esa comunicación se produjo el miércoles 14 en la localidad de Villa Nueva, donde se dio uno de los ataques más graves la mañana del domingo 18 con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia de esa localidad.
Otra señal previa que no fue tomada en cuenta por las autoridades fue la cancelación, por orden directa de Barrio 18, de partidos de fútbol en decenas de ligas barriales programados para ese mismo domingo, una medida habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.
Pandilleros de Barrio 18 y miembros veteranos de esa estructura aseguraron a BBC Mundo que los ataques tienen que ver con el traslado de sus líderes a centros penitenciarios de mayor seguridad y a las malas condiciones de los centros penales.
Sin embargo, ese mismo domingo, un líder carcelario no pandillero recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, difundió un video desde prisión en el que instaba a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.
El líder penitenciario portaba un chaleco antibalas con el logo de la policía guatemalteca, el cual, según sus propias palabras, había sido arrebatado a un agente penitenciario. El vocero de la policía Jorge Aguilar afirmó a este medio que según sus informaciones fue la mara Barrio 18 quien pagó a este líder no pandillero para lanzar ese mensaje.
Pero, ¿por qué quieren derrocar al presidente y quién estaría detrás?
¿Motivaciones políticas?
Una persona cercana al ejecutivo, que pidió no ser identificada por su nombre o cargo, aseguró que la postura interna del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
En la misma línea, el funcionario 1 afirmó contar con pruebas de que personas vinculadas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo, estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.
Aunque no facilitó a BBC Mundo acceso a esas pruebas, su testimonio da cuenta de hacia dónde apunta la lectura interna del gobierno.
El propio Arévalo aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento de que se preparaba un atentado en su contra.
“Una fiscal del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.
No obstante, el mandatario reconoció no contar con pruebas que le permitan señalar responsables concretos.
“Es un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, dijo la pasada semana.
El presidente cree que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado en un momento en el que se esperan cambios importantes.
En los próximos meses toca renovar instituciones clave, con la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo el relevo en la fiscalía previsto para mayo.
Este proceso llegará en pleno pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema plagado de corrupción.
La respuesta del Estado
El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una fuerza intermedia: una operación rápida para retomar el control de los centros penitenciarios combinada con medidas de excepción.
Los tres penales tomados -Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II, y Renovación 1, estos dos últimos de máxima seguridad- fueron recuperados el mismo día.
Según fuentes de inteligencia, el objetivo principal de la operación era desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al principal líder del Barrio 18, Aldo Dupie, alias “El Lobo”.
El funcionario 1 explicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando que El Lobo padece asma crónica y otros problemas respiratorios. Se lanzaron decenas de latas de gas para reducir a los amotinados, obligarlos a entregar las armas y rendirse en pocas horas.
Según esta fuente, el objetivo era recuperar el penal sin tener causar la muerte a los reos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo ningún muerto ni herido de gravedad en ninguno de los bandos. El Lobo fue reducido y capturado. Se le mostró con la cara ensangrentada, esposado de manos y caminando lento, pero sin lesiones de consideración.
A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país en cadena nacional para informar sobre la recuperación de los centros penitenciarios y decretar luto nacional por la muerte de ocho agentes policiales —una cifra que horas más tarde se elevó a diez—.
Como medida central, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y allanamientos, y permite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Esta medida se da en un contexto centroamericano donde las narrativas populistas y los grupos de derecha claman por medidas de más fuerza, como las tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Bukele mantiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90.000 presuntos delincuentes, situando a El Salvador como el país con más presos per cápita del mundo.
Como parte de esa estrategia de mano dura, se registra una caída masiva en la tasa de homicidios.
Al cierre de esta nota, el gobierno guatemalteco había desplegado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 capturas de presuntos miembros del Barrio 18 y al menos uno de la Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además aislado dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en un hecho insólito en el universo de las pandillas centroamericanas, el gobierno de Arévalo apunta a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.
Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora al gobierno de Arévalo, Sandra Torres.
Castaneda fue capturada en agosto de 2025 y se encuentra ligada a un proceso penal por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados presuntamente a ataques contra una fiscal del Ministerio Público.
Este 20 de enero, como parte de las acciones del gobierno contra el Barrio 18, fue enviada a aislamiento en el centro de reclusión preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como la cárcel VIP por haber albergado a reclusos de alto perfil.
Esta decisión reforzó la lectura del Ejecutivo de que detrás de la masacre de policías y de la crisis penitenciaria hay actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.
Preguntamos sobre esto al vocero de la policía Jorge Aguilar y respondió que “la policía no hablará de política; eso que se lo respondan los políticos”.
Aseguró que la policía trabaja bajo una premisa más sencilla: “Barrio 18 ataca como una forma de presión para que se traslade a su líder, alias Lobo, quien desde mediados de 2025 se encuentra en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el penal preventivo de la zona 18”.
Las versiones divergentes dentro del propio gobierno de Arévalo evidencian la falta de una explicación unificada sobre los motivos de la masacre.
El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques ocurrieron como respuesta a la recuperación de los penales, una afirmación difícil de sostener, ya que los asesinatos de policías comenzaron por la mañana, cuando los centros aún estaban bajo control del Barrio 18.
En esa misma comparecencia, el presidente Arévalo reiteró su tesis sobre la participación de actores políticos: “Vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días”, en referencia a la renovación de la fiscalía.
Sandra Torres, por su parte, respondió a las alusiones del Ejecutivo acudiendo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.
El diputado José Inés Castillo, vocero del partido UNE, el de Torres, rechazó las acusaciones y defendió a su dirigente.
“Es cierto, es verdad, una sobrina de nuestra dirigente del partido, Sandra Torres, está casada o vive con un jefe de una banda de terroristas. Pero Sandra Torres no tiene la culpa de que su sobrina tenga una conducta inapropiada dentro de la sociedad. Y además la responsabilidad penal es personalísima en este país”, alegó.
La confrontación política entre el Ejecutivo y otros actores del Estado se ha convertido así en el telón de fondo de la masacre de los policías.
Mientras las responsabilidades se debaten en despachos oficiales y espacios políticos, los diez agentes asesinados -dos de ellos mujeres- fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.
Los motivos últimos de sus muertes siguen siendo objeto de disputa.
Reacomodos en el universo criminal
Las pandillas en Guatemala tienen su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocido como el Sur.
Este régimen normativo (que en California sigue vigente) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y promovía, en determinados contextos, una suerte de frente común contra otros conglomerados criminales.
En Centroamérica, y concretamente en Guatemala, este pacto fue invocado por los líderes pandilleros en las prisiones a principios de la década de los 2000 para enfrentarse a las estructuras carcelarias de poder, en su mayoría gobernadas por exmilitares o capos ligados al mundo militar.
Las pandillas hicieron un frente común y lograron derrotar a esas otras estructuras carcelarias, decapitando a dirigentes emblemáticos y asesinando a decenas de sus hombres.
Ese frente común se terminó el día 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, al mando de Jorge Hair de León Hernández, conocido como El Diabólico, perpetró una masacre contra los miembros del Barrio 18.
Desde entonces ambas estructuras han mantenido una guerra sostenida por control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en la ofensiva reciente se observan indicios de una coordinación inédita entre ambas pandillas, al menos en la forma de un pacto tácito de no agresión en medio del caos.
El funcionario 1 afirma que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) estuvieron en celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia del Estado, alcanzaron algún tipo de entendimiento.
BBC Mundo realizó un recorrido por diversas zonas de la capital, incluyendo lugares en los que fueron perpetrados los ataques, donde no se pudo constatar un ambiente especialmente hostil.
La actividad comercial continuaba y el transporte público operaba con normalidad. Aunque escuelas y universidades fueron cerradas de forma preventiva el lunes 19 de enero por orden presidencial, al día siguiente retomaron su funcionamiento habitual.
En el recorrido del día 19 de enero no se detectó presencia anormal de policías o militares en estas zonas, lo que, según testimonios de vecinos, genera en la población una idea de abandono, ineficiencia y poca respuesta por parte del Estado ante la ofensiva pandillera.
En los territorios visitados, BBC Mundo constató además una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital que hasta hace poco estaban bajo control de la MS-13 han pasado en los últimos meses a manos de esta pandilla rival, reconfigurando el mapa criminal del país.
Fuentes cercanas al mundo pandillero señalan que, en paralelo, se ha producido el desplazamiento de decenas de integrantes del Barrio 18 hacia ciudades fronterizas de México, un movimiento que podría responder tanto a la presión estatal como a estrategias de expansión regional.
Como dato simbólico, un exmiembro del Barrio 18 indicó que los ataques se realizaron el día 18 de enero, una fecha con un significado particular dentro del imaginario de esta banda criminal.
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