Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec reporta pérdidas de 96 mdp, pese a subsidio federal
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C.V., empresa estatal encargada de operar el tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, reportó pérdidas por 96,937,924 pesos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con el estado financiero de la empresa militar, correspondiente a dicho periodo.
Además, en el mismo documento es detallado que, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) registró ingresos por 712,783,008 pesos, de los cuales 490, 141,553 pesos corresponden a subsidios y transferencias federales, mientras que los gastos registrados ascendieron a 809, 720,932 pesos.
Los gastos de funcionamiento reportados este año fueron de 410,170,194 pesos, 30.9% menos respecto a 2024, sin embargo, los ingresos generados siguen sin ser suficientes para que el FIT opere sin ayuda del gobierno federal.
Por otra parte, el pasado 30 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer mediante su informe trimestral enviado a la Cámara de Diputados que el proyecto tendría un recorte presupuestal de 84.7% dejando al FIT con un presupuesto de 3,828,300,000 pesos.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone 23,771,831,047 pesos para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, según el desglose oficial publicado por la Secretaría de Hacienda. El monto contempla recursos para gasto corriente e inversión física, principalmente orientados a infraestructura ferroviaria, y representa un incremento considerable frente a lo efectivamente ejercido tras el recorte de 2025, pese a que la empresa continúa operando con pérdidas.
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Accidentes e irregularidades registrados en el FIT
Este 28 de diciembre, un tren del Ferrocarril del Istmo se descarriló en la Línea Z, el tramo que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, lo cual provocó la muerte de 13 personas y al menos 98 lesionadas. El accidente ocurrió en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, una de las zonas clave del corredor interoceánico.
Cabe mencionar que este tramo no solo es estratégico por su conectividad, sino que también ya había sido observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2023, la ASF identificó 28,849,661 pesos por aclarar en contratos relacionados con la rehabilitación de la Línea Z. Las observaciones incluyen pagos en exceso, inconsistencias en matrices de precios unitarios y deficiencias en la supervisión de la obra pública:
- “En términos generales, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables, excepto por los resultados siguientes: pagos en exceso por 17,627.2 miles de pesos, por inconsistencias en la integración de las matrices de siete precios unitarios en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022.”
- “Pagos en exceso por 8,564.0 miles de pesos, por inconsistencias en la integración de las matrices de cuatro precios unitarios en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022.”
- “Pagos en exceso por 2,658.5 miles de pesos, debido a que en la matriz del precio se consideró un riel de mayor costo en lugar del riel correcto para el contrato de obra pública FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019”.
Irregularidades y posible tráfico de influencias en la construcción del Corredor Interoceánico
En 2024, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que difundió audios del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, en los que afirma que Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, le ofreció participar en la explotación de minas de balasto en Oaxaca, material utilizado en obras ferroviarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la investigación, en los audios Olán Aparicio señala que el balasto sería destinado a proyectos del Tren Interoceánico, y que la supuesta oferta se habría dado en el contexto de la ejecución de obras públicas en la región del Istmo.
MCCI también documentó que Jorge Amílcar Olán Aparicio ha sido señalado previamente por la propia organización como beneficiario de otros contratos vinculados con obras del gobierno federal, como lo es el Tren Maya, por lo que ha sido señalado por formar parte de un posible esquema de tráfico de influencias y conflictos de interés relacionados con proyectos de infraestructura pública.
Por otra parte, el medio de comunicación El Universal documentó el aumento de denuncias por despojo de tierras y conflictos agrarios en municipios de Oaxaca y Veracruz; dos de los cuatro estados que atraviesa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con el reportaje, comunidades ubicadas en zonas estratégicas del proyecto denunciaron la pérdida de tierras comunales, invasiones y lotificación irregular, así como amenazas y agresiones contra personas que buscaron defender su patrimonio. Además, la investigación señala que las denuncias por despojo aumentaron a partir de 2018, año en que se impulsó el megaproyecto, y que en algunos municipios se registraron más de dos casos diarios.
Cabe recalcar que las denuncias de los habitantes de las zonas que actualmente son atravesadas por el Corredor también incluyen irregularidades en las consultas a los pueblos indígenas organizadas desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por el entonces Coordinador del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que dichas consultas no fueron informadas y de buena fe conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como tiempos reducidos para las mismas, falta de intérpretes adecuados y convocatorias que no alcanzaron a representar a la totalidad de las comunidades afectadas.
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La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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