
En casi 100 años nunca un huracán de escala 5, la máxima posible en la escala Saffir-Simpson, había tocado tierra en Guerrero. La madrugada de este miércoles el huracán Otis entró al estado y causó incomunicación y graves daños en la entidad. Y este nivel de afectaciones, anticipan especialistas, será cada vez más común con la crisis climática.
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la capacidad destructiva de los huracanes ha aumentado desde 1970, y ha señalado que su duración e intensidad está “fuertemente correlacionada” con la temperatura de la superficie del mar.
“La verdad es que sí está muy estudiado esa relación. Hay que tomar en cuenta que un huracán o un evento, no necesariamente se puede atribuir al cambio climático, pero cuando uno analiza un conjunto de huracanes se puede sacar conclusiones y estadísticamente ahora son más intensos o más frecuentes”, señala el doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
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De hecho, el IPCC ha observado que los huracanes de categoría 4 y 5 han aumentado un 75% en 50 años, con mayores incrementos en las regiones del Pacífico Norte, el océano Índico y el Pacifico Suroeste.
Pese a la evidencia científica, usuarios de redes sociales y personajes políticos como Gerardo Fernández Noroña siguen negando que los huracanes y el cambio climático tengan algún tipo de relación, bajo el argumento de que estos fenómenos han existido siempre.
Si bien es cierto que México históricamente ha sido altamente vulnerable a los huracanes por ubicarse entre los océanos Pacífico y Atlántico, a esto se le suma el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y la variación del clima que se ha acelerado por las actividades humanas. Eso tiene un impacto en el comportamiento de los ciclones tropicales.
El doctor Zavala nos explicó que los huracanes dependen de la evaporación del agua que ocurre cuando el viento del ciclón tropical sopla sobre el océano. “Entonces se evapora agua y la cantidad de vapor de agua que puede retener la atmósfera depende de la temperatura del aire en los niveles bajos”, señala.
De acuerdo con el especialista, la atmósfera puede retener cierta cantidad de vapor de agua, y esta cantidad depende de la temperatura del ambiente. Cuando la temperatura es más alta se puede retener mayor cantidad de vapor, que a su vez libera más calor. Ese calor es el combustible del huracán.
“Se va dando el ciclo al haber una temperatura mayor en el planeta, entonces las condiciones favorables para que el huracán sea más intenso están presentes, y esa es la razón por la cual en promedio se espera que se vayan teniendo huracanes de categoría mayor con mayor frecuencia”.
Este miércoles Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, dijo en entrevista con Atando Cabos, de Radio Fórmula, que el aumento de la temperatura del mar fue una de las causas de que el huracán Otis pasara de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en menos de 12 horas.

Jorge Zavala coincide, y explica que en el caso de Otis se conjuntaron varios factores que lo hicieron tan destructivo. Uno de ellos fue la presencia del fenómeno del Niño que favorece un aumento sustancial de la temperatura del mar.
Otro fue que, en este caso, el margen de error de los instrumentos que lo monitoreaban fue muy alto. Pues ninguno de los modelos estadísticos, ni siquiera los internacionales, logró identificar con antelación que podría intensificarse en pocas horas y tocar tierra en su nivel máximo, tal como sucedió.
De acuerdo con mapas elaborados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), desde 1931 en Guerrero han pegado directamente 31 huracanes.
El último de mayor categoría fue el huracán Pauline en 1997. Sin embargo Guerrero, junto con su población, actualmente es vulnerable a otros efectos de cambio climático como deslaves e inundaciones.
Por ejemplo, el 89% de los municipios de Guerrero aumentó su nivel riesgo antes deslaves y el 23% presenta aumento de vulnerabilidad ante inundaciones, de acuerdo con el Atlas de riesgos elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con diferentes escenarios a corto, mediano y largo plazo.
Además, advierte que 88% de los municipios de Guerrero aumentaron el riesgo en la distribución del dengue, como parte de los efectos de la crisis climática.
Por si fuera poco, las predicciones científicas advierten que en el futuro el mar le ganará terreno a Acapulco, pues una herramienta desarrollada por la NASA da diferentes pronósticos del aumento del nivel del mar en dicho sitio. En el mejor escenario, refieren, el agua aumentará 1.3 metros para 2150, mientras que en el peor escenario aumentará 2.79 metros para enero de ese año.

A decir del especialista, aunque otros estados pueden resultar afectados por el aumento en la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales, son las regiones costeras –como Guerrero, Veracruz, Quintana Roo o Baja California– los que más están expuestos a este tipo de afectaciones.
Cuando un huracán es tan intenso como lo fue Otis, significa que se formó gracias a una gran cantidad de vapor de agua caliente. Pero entre más vapor, más agua. Lo que se traduce en lluvias más intensas.
“En general va a haber mayor precipitación asociada a los ciclones tropicales, todo eso ocurre como consecuencia del cambio climático, pero eso es en promedio. No todos los huracanes van a ser de categoría mayor, ni todos van a tener asociada mayor precipitación, simplemente en promedio va a haber una mayor intensidad y con mayor precipitación”, señala Zavala.
Así que de forma indirecta, el aumento en las lluvias o una precipitación extrema favorece la ocurrencia de otros fenómenos como inundaciones o deslaves.
Además hay otros factores que también suman a que este tipo de eventos sea mayor. Es el caso, por ejemplo, de la deforestación, la falta de mantenimiento de la red de drenajes y la urbanización de zonas donde naturalmente hay o hubo flujo o retención de agua.
En el caso del gobierno de López Obrador, pese a su promesa de no talar “ni un solo árbol”, al menos 3 millones 444 mil árboles fueron talados o removidos para la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano. Obra que ha sido fuertemente criticada por ambientalistas, a quien el presidente insiste en descalificar.
Y aunque este año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aumentó su presupuesto en cerca del 44%, la mayor parte del incremento se concentró en obras públicas y proyectos de inversión, relegando rubros como la atención al cambio climático.
Además de que el presidente ha insistido en la eliminación de El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Ante el desastre, 21 organizaciones en defensa del medio ambiente demandaron al Estado mexicano transparentar los impactos generados por el paso del huracán Otis y la respuesta del gobierno a las personas afectadas por el cambio climático en México.
En un pronunciamiento, las organizaciones enfatizan en la gravedad que implica que la inversión del presupuesto del gobierno siga “dirigida a fortalecer y perpetuar un modelo fósil que alimenta la crisis en detrimento de los compromisos y acciones climáticas necesarias”.
Urgen a que se deje de apostar por un modelo que sacrifica territorios y poblaciones con desastres naturales como acaba de suceder con el impacto del huracán Otis en la costa de Guerrero o enfrentar fenómenos progresivos como la sequía en Monterrey, las olas de calor y pérdida de cosechas, los incendios forestales en el sureste del país y la erosión costera de la comunidad de El Bosque, en Tabasco.
“Este tipo de fenómenos no son fortuitos y su magnitud y frecuencia se incrementarán en caso de no hacer frente al incremento de temperatura global. La crisis climática y sus impactos, como el huracán Otis, son consecuencia directa de la extracción y quema de combustibles fósiles y de la degradación de los ecosistemas que hacen posible la vida como la conocemos”, advierten las organizaciones firmantes.
Entre las exigencias al gobierno mexicano y autoridades correspondientes se encuentra:
Las organizaciones que firman este pliego petitorio son: Alianza Mexicana contra el Fracking, Ambulante, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT, CDH – Espacios para La Defensa, El Florecimiento y Apoyo Comunitario, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Comité Ecológico Integral, Conexiones Climáticas, Consejo Tiyat Tlali, CORASON Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan, DeudaxClima México, Futuros Indígenas, Freshwater Action Network México (FANMex), Greenpeace México AC, Grupo Territorio Género y Extactivismo, LEGAIA, Mamás y Papás por el Clima, Nuestro Futuro, Padres por el Futuro Mty Planeteando, Organización Familia Pasta de Conchos, REACCIONA AC.

Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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