Bertha Alcalde presume récord en órdenes de aprehensión y baja en feminicidios en su primer año al frente de la Fiscalía CDMX
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, presentó este viernes un balance de su primer año al frente de la institución, destacando una reducción en los delitos de alto impacto y cifras específicas sobre la disminución de feminicidios, así como el manejo de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
Alcalde, quien asumió el cargo el 10 de enero de 2025, enumeró datos y cifras de lo que calificó como “resultados concretos” de su gestión, que concluirá en 2029.
En el apartado de delitos de alto impacto, la fiscal dijo que entre enero y diciembre de 2025 el promedio diario mensual de estos ilícitos “alcanzó su mínimo histórico”, con una reducción del 24% que no especificó respecto a qué año o periodo comparaba.
Reportó 5 mil 30 vinculaciones a proceso por estos delitos, un incremento del 15% respecto al año anterior, con alzas específicas en extorsión (101% más), robo a casa habitación con violencia (86% más), secuestro (43% más) y homicidio doloso (19% más).
Aseguró que 2025 fue “el año con más órdenes de aprehensión cumplidas en la historia de la Ciudad de México”, con 6 mil 709 ejecutadas, lo que representa un incremento del 74.9% respecto a 2019 y del 17.5% frente a 2024.
Sostuvo que más del 90% de las sentencias dictadas durante el año fueron condenatorias.
En materia de robos, dijo que se registró una disminución del 12% en el robo de vehículos respecto a 2024, y del 53% frente a 2019, mientras que las órdenes de aprehensión cumplidas por este delito crecieron un 50%. En el combate al despojo de inmuebles, señaló que se devolvieron 430 propiedades durante el año.
Feminicidio y violencia contra mujeres: “efectividad del 95%”
Otro de los ejes centrales del informe fue la situación de la violencia contra las mujeres. Alcalde reportó una disminución en el número de feminicidios registrados, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025. De estos últimos, dijo, se logró la judicialización de 42 probables responsables, lo que, aseguró, representa “una efectividad del 95%, una cifra sin precedentes”.
La funcionaria atribuyó estos resultados a una “política pública sólida, sostenida y coherente que inició con la fiscal Ernestina Godoy”, quien hoy es la titular de la FGR. Mencionó también la publicación de un “nuevo protocolo de investigación de feminicidio y transfeminicidio” para fortalecer los estándares de investigación.
Sobre la violencia familiar, dijo que se reorientó la actuación de la fiscalía especializada, concentrándose en los casos de violencia de pareja, y se creó una agencia para investigar los delitos más graves donde existe “riesgo feminicida”.
Indicó que durante 2025 se dictaron en promedio “190 medidas de protección diarias”, y que de manera específica se emitieron “6 mil 249 medidas de protección con control judicial”, de las cuales el 98% fueron ratificadas por jueces.
Respecto a la violencia sexual, Alcalde aseguró que la CDMX es “la institución que más órdenes de aprehensión y más vinculaciones a proceso obtiene en el país en materia de violación”. Reportó un aumento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión por este delito, de 271 en 2024 a 352 en 2025, un incremento del 30%, y una reducción en los tiempos de integración de las investigaciones “a un rango de dos a cuatro semanas”.
Explosión de pipa en Iztapalapa: “privilegiamos la mediación”
Alcalde se refirió al incendio de una pipa de gas ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, como un momento que “nos confrontó con la tragedia y la fragilidad de la vida”.
Sobre el manejo del caso, declaró: “Frente a esta tragedia, la fiscalía privilegió la ruta de la mediación, logrando que en apenas dos meses casi la totalidad de las víctimas recibiera una indemnización con montos superiores a los referentes recientes”.
Sobre corrupción interna, reportó que “se sancionó a más de 100 personas servidoras públicas por actos de corrupción” y destacó el uso de 2 mil 181 cámaras de videovigilancia y 890 visitas de supervisión durante el año.
Alcalde concluyó su informe reconociendo que “falta mucho por hacer” y que la procuración de justicia en el país “tiene una deuda histórica del estado con su pueblo”.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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