
Los homicidios dolosos en el Estado de México registraron una reducción en el promedio diario del 54 % de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En conferencia matutina desde el Edomex, la funcionaria señaló que las estadísticas presentadas revelaron un descenso constante en la entidad, pues mientras que en septiembre de 2024 se reportaba un promedio de 6.63 homicidios diarios, en diciembre de 2025, la cifra bajó a 3.06 casos al día.
En ese sentido, la titular del Secretariado dijo que diciembre pasado fue el mes con la menor incidencia de todo el periodo analizado.

Al evaluar el comportamiento, Figueroa indicó que entre 2024 y 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 32%, pasando de 6.2 a 4.2 delitos.
“Lo que coloca 2025 como el año con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso más bajo de los últimos 11 años en el Estado de México”, dijo.
La titular del SESNSP enfatizó que el descenso en las cifras colocó a la entidad en el quinto lugar nacional en 2025, cuando en 2024 ocupaba el tercer lugar con mayor número de homicidios.
En cuanto a los delitos de alto impacto, Figueroa señaló también que estos han mantenido una tendencia descendente sostenida desde 2018.
“En particular, si se compara 2024 con 2025, se observa una reducción del 22 %, al pasar de 182.5 delitos de alto impacto promedio diario al último año con 143.1 delitos promedio diario”, indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó los avances en el combate a la delincuencia organizada en el Estado de México mediante operativos conjuntos.
Señaló que una de las acciones fue el Operativo Enjambre, la cual inició en noviembre de 2024 “cuando se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión, donde fueron detenidos primero 24 servidores públicos”.
Añadió que esta operación derivó en la captura de 60 servidores y exservidores públicos, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad, de los cuales 18 ya han recibido sentencias condenatorias.
De manera paralela, Harfuch, mencionó también la Operación Liberación, la cual se llevó a cabo para desarticular esquemas de extorsión en la entidad con los que obligaban a comprar o vender productos bajo condiciones impuestas como precios inflados o el uso de proveedores específicos.

Dijo que, como resultado de estas acciones, se realizaron cateos en 63 inmuebles de 14 municipios, donde aseguraron materiales de construcción, animales de granja y productos de la canasta básica que posteriormente fueron donados por el Gobierno del Estado de México a las comunidades afectadas.
Asimismo, Harfuch destacó la captura de objetivos prioritarios, señalados como presuntos líderes de diversas células delictivas que operaban en la entidad.

Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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