¿Honduras será una cárcel para migrantes? Falso
“Honduras será centro de procesamiento migratorio para EE. UU.”, dicen publicaciones en Facebook, en las que se asegura que las personas migrantes que deporten de Estados Unidos serán enviadas a Honduras, sin importar su nacionalidad. Se afirma que el nuevo acuerdo fue ordenado por el presidente Donald Trump, pero esta información es falsa, pues no existe dicho convenio.
El Sabueso encontró al menos tres publicaciones en Facebook con esta narrativa y acumulan casi 18,000 reacciones. Aseguran que Estados Unidos oficializó un acuerdo para que Honduras funcione como un centro especial de recepción y procesamiento de migrantes provenientes de cualquier parte del mundo.
“El Gobierno de Trump acaba de anunciar que si eres un inmigrante, hablas español, y llegas a la frontera solicitando asilo, serás enviado a Honduras y detenido ahí hasta que te den fecha de corte. No importa si no eres de Honduras, si hablas español ahí te van a enviar”, dicen dos de las publicaciones desinformantes.
Otra publicación asegura que, por orden de Trump, Honduras será una nueva cárcel para migrantes y que cualquier migrante será deportado ahí.
Sin embargo, no existe registro de este supuesto acuerdo. Buscamos “Honduras” en la página de la Casa Blanca y no arroja ningún resultado sobre un acuerdo de procesamiento migratorio.
Tampoco hay información al respecto en medios de comunicación ni en medios oficiales de Honduras. En la sección de comunicados y prensa de la página web de la presidencia hondureña no hay ninguna nota sobre este supuesto acuerdo.
Al contrario, actualmente hay tensión entre los dos países. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el Parlamento denunciaron a Trump de injerencia en las elecciones del pasado 30 de noviembre, por sus declaraciones en apoyo al candidato Nasry Asfura, quien ganó las elecciones presidenciales.
¿Cómo es en realidad el proceso de deportación?
De acuerdo con el sitio web gubernamental USAGov, cuando una persona extranjera es detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), puede permanecer en el centro de detención hasta la fecha de su juicio en la corte de inmigración, o hasta el día de su deportación.
En algunos casos, si la persona no pasó por un control migratorio y no cumple los requisitos legales, puede recibir una orden de deportación expedita. En otros, el proceso continúa ante un juez, lo que puede hacerlo más largo.
Además, los extranjeros que no cometieron delitos violentos pueden solicitar el programa Rapid REPAT, el cual les permite salir de prisión para regresar voluntariamente a su país de origen. La mayoría de las deportaciones son por vía aérea, pagadas por el gobierno estadounidense.
En ninguna parte del proceso se establece que Estados Unidos envíe automáticamente a todas las personas deportadas a Honduras, como se afirma en redes sociales.
Además, ICE establece que las deportaciones se realizan enviando a las personas con orden final de remoción —es decir, a quienes el gobierno ya decidió deportar de manera definitiva— a sus países de origen.
Aun así, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que Estados Unidos ha deportado personas migrantes a países terceros, en lugar de a sus países de origen. Esto significa que los expulsan a lugares distintos de su nación, a menudo sin acuerdos claros, sin supervisión suficiente y sin garantías de seguridad para la persona.
Según la organización, hasta julio de 2025 el gobierno estadounidense deportó a más de 8,100 personas a países que no eran el suyo.
En conclusión, es falso que ahora todas las personas migrantes deportadas serán enviadas a Honduras, pues no existe un nuevo acuerdo al respecto.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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