No se impondrá prisión preventiva oficiosa a comerciantes informales; la medida cautelar es para factureros falsos
Para entender mejor
Un usuario de TikTok difundió un video en el que supuestamente Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa que el gobierno de México impondrá la prisión preventiva oficiosa a los comerciantes informales.
Sin embargo, la información contenida en dicha publicación es falsa, pues en realidad lo que dijo el jefe del SAT es que la medida cautelar busca aplicarse a personas que crean empresas fachada para emitir comprobantes fiscales —facturas— falsos, una resolución que ya fue aprobada por el Congreso.
En el video desinformante que se viralizó en TikTok aparece Antonio Martínez diciendo que “se está proponiendo prisión preventiva oficiosa para todas esas personas que no son contribuyentes”, y el usuario que hizo la publicación añade que se refiere a los comerciantes informales.
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La secuencia en donde aparece Antonio Martinez es un fragmento de la conferencia mañanera que se llevó a cabo el 9 de octubre, pero en ningún momento se anuncia que se impondrá prisión preventiva oficiosa a comerciantes informales. Lo que realmente se menciona es que la medida busca imponerse a los denominados factureros o personas que emiten comprobantes fiscales falsos.
El clip desinformante que circula en TikTok ya acumula más de 13,000 “me gusta”, cuenta con más de 1,900 comentarios y se ha reproducido arriba de 327,000 veces.
De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre de 2025 la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33.9 millones de personas y la tasa de informalidad laboral se estableció en 55.7 % de la población ocupada.
La prisión preventiva oficiosa fue aprobada para quienes emiten o compren comprobantes fiscales falsos
El Sabueso realizó una búsqueda inversa con Google Lens con los primeros fotogramas del video en donde aparece Antonio Martinez, y uno de los resultados nos llevó a la conferencia mañanera que se realizó el 9 de octubre de 2025.
Al revisar la participación del titular del SAT durante la mañanera nos dimos cuenta de que el video desinformante que circula en TikTok está cortado y no aparece todo lo que menciona Antonio Martínez. Y no solo eso, pues el usuario añadió información falsa como que se busca imponer prisión preventiva oficiosa a comerciantes informales.
La presentación de Antonio Martínez Dagnino en la conferencia de prensa fue para dar a conocer una serie de medidas orientadas a fortalecer el control fiscal y combatir la evasión de impuestos mediante el uso de facturas falsas.
Dentro de las disposiciones se encuentra un procedimiento administrativo abreviado, con una duración máxima de 24 días, en el que se podrá suspender el sello digital de facturación desde el inicio del proceso, así como la aplicación de prisión preventiva oficiosa para quienes emitan comprobantes fiscales falsos.
En la conferencia, Martínez Dagnino detalló que las disposiciones serían presentadas ante el Congreso para modificar el Código Fiscal de la Federación, por lo que el 15 de octubre fueron aprobadas las reformas a dicho código en la Cámara de Diputados. Días después, el 28 de octubre, se avalaron en el Senado, con lo que se concretó la prisión preventiva oficiosa o de dos a nueve años de prisión por el delito de emitir o recibir comprobantes fiscales falsos.
Visitamos el sitio web de la Cámara de Diputados y en las últimas actualizaciones que presentaron no hay información de que se hubiera aprobado o esté en espera de votación ninguna reforma o decreto que permita aplicar prisión preventiva oficiosa en contra de comerciantes informales.
Realizamos una búsqueda en Google con las palabras clave “prisión preventiva oficiosa” y “comerciantes informales”, pero no encontramos ningún comunicado ni nota de prensa que avalara que se haya autorizado la medida o que esté en proceso de aprobación.
¿En qué casos se puede imponer la prisión preventiva oficiosa?
El 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con lo que establece la reforma constitucional, un juez puede ordenar la medida cautelar en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y robo de transporte en cualquier modalidad.
También aplica para corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley.
En conclusión, es falso que se vaya a imponer prisión preventiva oficiosa a los comerciantes informales; la medida fue propuesta y posteriormente aprobada para personas que crean empresas fachada para emitir comprobantes fiscales apócrifos.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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