Especialistas cuestionan afirmación de la CNDH sobre reducción de violaciones a derechos humanos
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio datos falsos y engañosos sobre la situación de derechos humanos en el país, en su informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el lunes 26 de enero, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
Sus declaraciones se presentan 13 días después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinaron a un joven de 23 años durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.
Aunque las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos han aumentado en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, especialistas coinciden en que estas han sido mal integradas y no atienden las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la Ley de la CNDH, la presidencia de la Comisión debe presentar un informe anual de actividades ante los Poderes de la Unión, el cual debe incluir la descripción de las quejas, recomendaciones, investigaciones, labores de conciliación y resultados obtenidos.
En El Sabueso te presentamos a continuación las frases que verificamos del informe de 2025 de la presidenta Piedra Ibarra.
“Esta es la realidad que se vive hoy en el país y lo decimos para que se tome nota: están reduciéndose las violaciones a derechos humanos”.
Calificación: Falso
Aunque, basándose en la disminución de quejas presentadas ante el organismo, la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades van a la baja, el especialista Adalberto Méndez, exconsejero de la CNDH, advierte que una reducción en el número de quejas no necesariamente significa menos violaciones, sino que puede estar vinculada con la pérdida de confianza de la ciudadanía en este organismo. “Cada sexenio la gente cree menos en la Comisión”, señala.
Al contrastar el discurso oficial con las acciones y pronunciamientos de organismos internacionales, la mencionada disminución de violaciones tampoco se sostiene. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en México, por primera vez en la historia, el artículo 34 de la Convención tras encontrar indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el país.
El artículo 34 de la Convención permite establecer si las desapariciones forzadas ocurren de forma sistemática y generalizada en un país.Además, esta situación será llevada ante el pleno de la Asamblea General con carácter de urgente para su análisis.
A ello se suma que, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México figura de manera recurrente entre los 10 países con más asesinatos de periodistas que permanecen impunes, un indicador que contradice la narrativa oficial de una mejora en la situación de los derechos humanos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos —el sistema de alerta de quejas de la Comisión—, durante 2023 la CNDH registró 19,916 quejas por violaciones de derechos humanos y en 2024 acumuló 16,208, lo que representó una disminución de 18.6 %.
Pero de 2024 a 2025, las quejas presentadas ante la Comisión aumentaron 16.2 %, pues en el último año se registraron 18,839, es decir, 2,361 expedientes más que en 2024.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi, en la comparativa histórica desde 2017 se observa un incremento en los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja de la CNDH.
En 2017, la CNDH registró 24,183 presuntos hechos violatorios y, un año después, se reportaron 24,476. En 2019, la Comisión contabilizó 28,471 hechos y en 2020 registró 26,743.
En 2021, la Comisión Nacional detectó 20,211 presuntos hechos violatorios; en 2022 registró 23,749; en 2023 se contaron 30,671 y en 2024, 26,597. Los datos del Inegi muestran que las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas por la CNDH aumentaron desde 2018 y sólo disminuyeron en 2021 y 2022.
A pesar de que la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos han disminuido, se continúan reportando violaciones, tal como el caso de Fernando Chaidez asesinado por militares en Culiacán, el 13 de enero de 2026 y la denuncia de Leonardo Ariel Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, de que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional.
“Se han emitido recomendaciones en solo semanas para que sirvan a las víctimas y lo hemos hecho sin temores ni titubeos cuando ha sido preciso frente a cualquier autoridad”.
Calificación: Engañoso.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante la administración de Rosario Piedra la CNDH ha emitido 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves a derechos humanos, las cifras más altas registradas en los últimos 35 años. Sin embargo, como explicamos en esta nota, especialistas consultados por El Sabueso advierten que el incremento en el número de recomendaciones no necesariamente se traduce en una mejora en su calidad o en su impacto real.
Adalberto Méndez, exconsejero del Consejo Consultivo de la CNDH (2021–2023), señala que el análisis no debe centrarse en la cantidad de recomendaciones, sino en su solidez, seguimiento y resultados. También plantea la necesidad de revisar qué temas ha priorizado la comisión y en cuáles ha habido omisiones.
En el análisis realizado por El Sabueso se identificó, por ejemplo, que de las 387 quejas presentadas en 2025 contra la Guardia Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, la CNDH emitió únicamente una recomendación.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado la falta de recomendaciones y de posicionamientos públicos de la CNDH frente a violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
En 2023, la CNDH hizo público su posicionamiento frente a la reforma legal que otorgó a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, pese a que organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, así como personas expertas de la ONU, han advertido sobre los riesgos de ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“(A las víctimas) se les escucha, se les acompaña y toman decisiones con base en sus experiencias, no solo suman expedientes”
Calificación: Engañoso
Como te contamos en este Te Explico, la CNDH emite recomendaciones para cumplir con las estadísticas, no para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Un análisis de El Sabueso a 23 recomendaciones —emitidas entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025— arroja que entre las acciones ordenadas por la Comisión destacan medidas de capacitación como cursos en derechos humanos y derechos de las personas en contexto de migración, planes de formación integral para el personal militar y entrega de constancias de capacitación sobre el uso de la fuerza.
Por ejemplo, en el caso del Protocolo de Estambul —instrumento internacional para investigar y documentar tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— de Mario Aburto Martínez, presunto asesino material del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, no ameritó una recomendación de la comisión.
En entrevista con Proceso, el abogado del caso, Jesús González Schmal, afirmó que el Protocolo de Estambul dio positivo a tortura y redactó un primer borrador de recomendación, pero la CNDH indicó “esperaban instrucciones, que la recomendación no debía de ser tan directa y que primero se hiciera una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara una nueva investigación (…) y entonces me pidieron que mejor ayudara en casos de tortura en reclusorios y dejáramos el caso Aburto”.
Sobre esto, la CNDH emitió un comunicado en el que desvirtúa el trabajo de los medios de comunicación y declaró que la información publicada es falsa. En este contexto, el Centro Prodh destaca que el organismo ha emitido pronunciamientos públicos del organismo buscando desvirtuar los cuestionamientos a su labor por parte de defensores de derechos humanos, periodistas o víctimas.
Además, el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024, realizado por el Centro Prodh, visibiliza reclamos públicos de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por una indebida actuación de la CNDH en el seguimiento de quejas. “En suma, en la gestión de las quejas, el balance de la actual CNDH no es positivo”, afirma el Centro Prodh en el mismo documento.
Por ejemplo, Cimacnoticias advirtió que víctimas de ataques policiales ocurridos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del 2024 en Zacatecas denunciaron que la recomendación de la CNDH minimiza la violencia que vivieron, omite la responsabilidad de los altos mandos y culpa únicamente a las mujeres policías.
“Se superó en solo 6 años lo realizado en los 17 años anteriores”.
Calificación: Engañoso
Aunque es cierto que durante los últimos años aumentó el número de recomendaciones emitidas por la CNDH, ese incremento no se ha traducido en un mayor cumplimiento. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2020 y 2024, de las 1,424 recomendaciones ordinarias emitidas solo cuatro alcanzaron un cumplimiento total, lo que equivale a apenas 0.3 %.
En el caso de las 697 recomendaciones por violaciones graves, únicamente 1.9 % logró un cierre pleno, lo que equivale a 1 de cada 51. En conjunto, solo 16 de 2,031 recomendaciones, alrededor de 0.7 %, han sido cumplidas totalmente.
Al comparar estas cifras con administraciones anteriores, la caída en el cumplimiento resulta aún más evidente. Durante la primera presidencia de Jorge Carpizo MacGregor (1990–1993), el cumplimiento total de las recomendaciones ordinarias alcanzó 94 %. Con Diego Valadés (1993–1996) el cumplimiento fue de 59.4 %. Y en el periodo de Mireille Roccatti Velázquez (1997–1999), 53 de 344 recomendaciones lograron un cierre pleno (15.4 %, una de cada seis).
La tendencia a la baja continuó en las siguientes administraciones. En la presidencia de José Luis Soberanes Fernández (1999–2009), solo 63 de 698 recomendaciones alcanzaron un cumplimiento total, equivalente a 9 % —1 de cada 11—, frente a 411 cierres parciales. Con Raúl Plascencia Villanueva (2009–2014) el cumplimiento total descendió a 1.3 %, es decir, 1 de cada 79; y con Luis Raúl González Pérez (2014–2019) fue de 1.7%, 1 de cada 58.
Pese a los bajos niveles registrados en años previos, Mexicanos Contra la Corrupción subraya que el periodo más reciente representa el punto más bajo en 35 años de historia de la CNDH: un cumplimiento total por cada 356 recomendaciones ordinarias, el nivel más reducido desde la creación del organismo.
Los datos oficiales también reflejan una disminución en las sanciones derivadas de las recomendaciones. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante 2024 solo dos personas servidoras públicas fueron sancionadas como resultado de recomendaciones emitidas por la CNDH, frente a 464 sanciones derivadas de recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos estatales. En comparación con 2023, el número total de personas sancionadas se redujo 34.8 % en 2024.
En años anteriores, las cifras eran significativamente más altas. En 2017 se sancionó a 546 personas servidoras públicas por recomendaciones de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y a 117 por recomendaciones de la CNDH; en 2018, a 499 por los OPDH y a 89 por la CNDH; y en 2019, a un total de 792 servidoras y servidores públicos como resultado de recomendaciones emitidas tanto por la CNDH como por los organismos estatales.
Además, especialistas afirman que la CNDH ha apostado por la cantidad de las recomendaciones emitidas sobre la calidad. Es decir, las recomendaciones emitidas no atienden las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos y están mal integradas, por lo que no pueden prevenir futuras transgresiones.
Como te explicamos en esta nota, el aumento en la emisión de estas recomendaciones corresponde a hechos previos a los gobiernos de Morena, incluso de la década de 1990, y no a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la administración actual.
“En la emisión de recomendaciones por violaciones graves, la CNDH concentró sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones previas a las del presidente López Obrador”, se lee en el informe de gestión de la CNDH del Centro Prodh.
“El número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades federales, casos que son competencia de esta Comisión, es menor en el plano local, según el documento elaborado por el Inegi. En el 2024, se registraron 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Las cifras representaron una disminución respecto a 2023 de 13.3 % en la CNDH”.
Categoría: Verdadero
Es verdad que en 2024 hubo 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, una disminución de 13.3 % menos que en 2023, como afirmó Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, Adalberto Méndez afirma en entrevista que se debe hacer un análisis cualitativo más que cuantitativo por parte de las autoridades.
Porque “lo cuantitativo se ve muy bien en el papel, pero lo cualitativo permite saber si la recomendación está siendo eficiente o está atendiendo a una agenda nacional de derechos humanos”.
“El mayor número de quejas por violaciones vinculadas a desapariciones y detenciones arbitrarias se concentró entre 2008 y 2013 en el contexto de la llamada guerra contra el narco. Desde el 2019 esas prácticas han mostrado una tendencia clara a la baja”.
Calificación: Discutible
La afirmación es verdadera si se limita a los datos de la CNDH, pues de acuerdo con sus registros históricos, el periodo con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos relacionadas con desapariciones y detenciones arbitrarias fue entre 2008 y 2013. Esta afirmación también aparece en su informe anual de actividades 2024 y en otras publicaciones institucionales, como el documento Cambios positivos en la situación de los derechos humanos en México.
Y la misma documentación indica que, desde 2019, la violencia vinculada a esas prácticas ha mostrado una tendencia a la baja, especialmente en los últimos años. Pero organizaciones como Amnistía Internacional colocan a México con más de 120,000 desapariciones registradas hasta 2025, con incrementos significativos en los últimos años.
Pese a que el organismo sostiene que estas prácticas han mostrado tendencias a la baja, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas también afirma que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en el país y que existen deficiencias en el sistema penal y con las fuerzas armadas que dificultan su reducción, como la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.
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Los analistas coinciden en que en los casi 17 meses que lleva al frente del gobierno mexicano, la sucesora y heredera política de AMLO ha tratado de desmarcarse de él con sus acciones. La presión de EE.UU. ha hecho el resto.
Al referirse al operativo que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Claudia Sheinbaum volvió a reivindicar la soberanía de México en la lucha contra el narcotráfico.
“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales (mexicanas). No hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información”, aseguró este lunes la presidenta.
Asimismo, al dar los detalles de las operaciones que el domingo acabaron con quien era el narcotraficante más buscado por México y EE.UU., y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el Ricardo Trevilla Trejo, remarcó que las ejecutaron militares mexicanos en suelo mexicano.
“¿Qué es lo que se demostró?”, se preguntó el general, visiblemente afectado por la muerte de 25 guardias nacionales en enfrentamientos con miembros del CJNG.
“La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, dijo.
Pero sobre lo que los expertos tampoco dudan es del papel que la presión del gobierno estadounidense ha jugado, no solo en la caída de “El Mencho”, sino en la estrategia general contra el narco de Sheinbaum, de mayor confrontación que la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“Esa acción fue muy seria y a muy gran escala”, le dijo a la BBC Jon Benjamin, quien fuera el embajador de Reino Unido en México entre 2021 y 2024, sobre la captura y posterior muerte de “El Mencho”.
“El presidente Trump ha designado a los carteles como organizaciones terroristas y México le ha entregado a decenas de narcotraficantes. El factor Trump es muy importante en lo que está ocurriendo”, aseguró.
Con el diplomático concuerdan los analistas mexicanos expertos en seguridad David Mora y David Saucedo, quienes, consultados por BBC Mundo, describen dicha presión como “decisiva”.
¿Giro en la estrategia?
Tras más de una década de fracasos y violencia en la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, López Obrador llegó al poder en 2018 con la idea de que, en lugar de luchar contra el crimen organizado, era más adecuado atender las causas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, y promover el diálogo entre los grupos de poder establecidos.
“Abrazos, no balazos”, se le llamó al nuevo enfoque.
En sus comparecencias ante la prensa, Sheinbaum defiende siempre el legado de López Obrador, a pesar de que durante sus años en el poder se rompieran récords de homicidios y estructuras como la que lideraba “El Mencho”, consolidaran su presencia en prácticamente todo el país.
Sin embargo, los analistas coinciden en que en los casi 17 meses que lleva al frente del gobierno mexicano, la sucesora y heredera política de AMLO ha tratado de desmarcarse de él en su actuar, aunque no en sus discursos.
Y, en esa línea, muchas voces señalan que el operativo de este domingo habría sido la estocada final a la política de “abrazos, no balazos”.
El consultor Saucedo lo matiza, aclarando que esa estrategia ya se había empezado a quebrar en la recta final del mandato de AMLO.
“La política de no confrontación con el narco solo duró hasta la mitad del sexenio de AMLO, cuando el entonces presidente estadounidense Joe Biden presionó al gobierno de México para que se incrementaran los decomisos, el desmantelamiento de los narcolaboratorios y las capturas de narcotraficantes de alto perfil”, destaca el experto.
“De hecho, el episodio popularmente conocido como el ‘Culiacanazo’ se da en la época de López Obrador. Eso fue de balazos y de amenazas de ataques de narcoterrorismo”, agrega.
Se refiere con ello a la sangrienta balacera que se desató en 2019 en la capital del estado de Sinaloa tras la captura —y posterior puesta en libertad— de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del legendario capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Saucedo señala que, “con Sheinbaum como presidenta, se empiezan a cruzar líneas como no se había hecho antes, con la extradición masiva de narcotraficantes o los macrodecomisos de droga”.
Mucho del giro en la política antidrogas tiene que ver con la llegada a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, el expolicía que mientras Sheinbaum fue alcaldesa de Ciudad de México, logró reducir los homicidios en la capital y mejorar la sensación de inseguridad.
Lo que marcó un antes y un después en el combate del crimen y la delincuencia en la ciudad, fue un atentado contra García Harfuch, ordenado según la versión oficial por “El Mencho” y llevado a cabo por elementos del CJNG en mayo de 2020 en uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.
Ya como secretario de Seguridad de la federación, en la rueda de prensa que dio en octubre de 2025 para exponer los resultados del primer año de gobierno de Sheinbaum, Harfuch marcó distancia discursiva y operativa respecto al sexenio anterior.
Sin tono triunfalista y subrayando que la materia que lo ocupa continúa siendo una asignatura pendiente, Harfuch habló de una reducción del 32% en los homicidios dolosos hasta alcanzar el nivel más bajo en una década, con disminuciones “notables” en 23 de los 31 estados en el país.
También reportó la detención de 35.817 personas por “delitos de alto impacto”, el decomiso de 18.274 armas de fuego y de 288 toneladas de droga, incluidos cuatro millones de pastillas de fentanilo —la principal causa de las decenas de miles de muertes anuales por sobredosis en EE.UU.— y más de 48 toneladas de cocaína en alta mar, así como el desmantelamiento de 1.597 narcolaboratorios en 22 estados.
“La presión que Trump ha ejercido sobre su administración ha sido una fuerza que ella (Sheinbaum) ha aprovechado”, le dijo a The New York Times Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano que estudia las relaciones entre los dos países vecinos.
“Quería cambiar la seguridad en México y Trump llegó en un momento muy interesante para impulsarla”.
Con los lentes de la relación bilateral
“En el año y meses de administración de Sheinbaum, hemos visto fuerzas armadas más combativas contra los grupos del crimen organizado que operan en el país”, subraya asimismo David Mora, analista sénior en México del International Crisis Group.
“Y eso es muy importante leerlo con los lentes de la relación bilateral con EE.UU.“, le dijo a BBC Mundo.
“Trump detectó hace tiempo que el talón de Aquiles de México es el tema de la seguridad, y lo ha utilizado para presionar a Sheinbaum en materia comercial, arancelaria y migratoria, además de en combate al crimen”, dice el experto.
“Como México también tiene un cáncer, que es la narcopolítica, la penetración del crimen organizado en nuestro régimen democrático, Trump rápidamente encuentra pretextos y excusas, aunque muy fundamentadas, para intervenir de manera cotidiana en las decisiones de México en distintos ámbitos”, prosigue Mora.
En ese sentido, Saucedo recuerda que el republicano fue elegido por segunda vez para la presidencia estadounidense con una plataforma sostenida sobre una mejora en la economía doméstica, el fin de la inmigración irregular y el combate al crimen organizado por la responsabilidad de este en las muertes por sobredosis de fentanilo.
“En todos estos temas, México, al ser el vecino, está involucrado y Trump lo identifica como fuente de muchos de los males que acechan a su país”, sigue el especialista. “Así que, para poder avanzar en su agenda, utiliza el tema de la seguridad para presionar al gobierno de Sheinbaum”.
Así, nada más volver a la Casa Blanca en enero, Trump designó a varios carteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, al igual que había hecho antes con el Tren de Aragua, una banda surgida en Venezuela, y con la Mara Salvatrucha o MS-13, una pandilla nacida en Los Ángeles.
“Los carteles están librando una guerra en EE.UU. y ya es hora de que EE.UU. les declare la guerra, algo que ya estamos haciendo”, clamó ante el Congreso en marzo, en su primer discurso como presidente, al tiempo que llamaba a México a “hacer más” al respecto.
Ante la declaración de la emergencia nacional por parte de Trump en el área limítrofe entre ambos países, Sheinbaum respondió con la Operación Frontera Norte, destinando 10.000 efectivos a la zona.
“Estamos incautando en México, evitando que pase del otro lado”, comentaba la presidenta en una reciente conferencia de prensa. “Quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?”, se preguntaba.
Desde entonces las autoridades mexicanas también han enviado a EE.UU. a casi 100 personas señaladas como criminales clave, 37 de ellas hace apenas un mes.
Son muchos los expertos que han planteado dudas sobre los fundamentos jurídicos de los traslados, al haberse realizado al margen del proceso normal de extradición. Mientras, el secretario Harfuch ha defendido su legalidad, señalando que, de acuerdo con el Departamento de Justicia Estadounidense, no se les aplicaría la pena de muerte (algo prohibido en México).
Dichos movimientos forman parte de un esfuerzo más amplio para apaciguar a Trump, mientras el mandatario amenaza con ataques unilaterales dentro del territorio mexicano, algo que Sheinbaum rechaza, remarcando que sería una violación de la soberanía de su país.
Pero analistas señalan que quizá el elemento más obvio de presión han sido los ataques de las fuerzas estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que empezaron en septiembre.
“No es una estrategia ganadora, francamente, pero infunde miedo en los corazones”, evaluaba en ese sentido Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico.
“Es en muchos sentidos un aviso para México, diciendo: ‘Tómense esto en serio, porque ustedes pueden ser los siguientes'”, agregaba.
“Hay presión por parte de la Casa Blanca de acciones militares conjuntas con fuerzas de EE.UU., y la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México reiteran que la fórmula que le proponen a EE.UU. funciona”, dice el analista Mora.
“¿Cuál es esa fórmula? Cooperemos, compartamos información, compartamos inteligencia, pero México está a cargo de las acciones en el terreno”, aclara. Un enfoque que la propia Sheinbaum ha definido como “coordinación sin subordinación”, tanto en temas de seguridad como en otras materias.
En esa línea, la Secretaría de Defensa Nacional informó este lunes que la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera contó con “información complementaria” del gobierno de EE.UU. “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral” con ese país.
Asimismo, Fuentes del Pentágono le dijeron a la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles, que colabora habitualmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU.
“El Departamento de Estado exigía “resultados significativos” de México”, apuntaba en esa línea Mora.
“Pero estos resultados, como descabezar Jalisco y matar a ‘El Mencho’, pueden traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta de pacificar México”, subraya.
“Es un balance que el gobierno de México tiene que encontrar: qué tanto cede a la presión por descabezar a los grupos, sin que eso signifique que aumente la violencia. Porque para la población, para los votantes en México, el problema es la violencia”.
*Con reporteo adicional de Gerardo Lissardy.
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