Especialistas cuestionan afirmación de la CNDH sobre reducción de violaciones a derechos humanos
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio datos falsos y engañosos sobre la situación de derechos humanos en el país, en su informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el lunes 26 de enero, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
Sus declaraciones se presentan 13 días después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinaron a un joven de 23 años durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.
Aunque las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos han aumentado en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, especialistas coinciden en que estas han sido mal integradas y no atienden las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la Ley de la CNDH, la presidencia de la Comisión debe presentar un informe anual de actividades ante los Poderes de la Unión, el cual debe incluir la descripción de las quejas, recomendaciones, investigaciones, labores de conciliación y resultados obtenidos.
En El Sabueso te presentamos a continuación las frases que verificamos del informe de 2025 de la presidenta Piedra Ibarra.
“Esta es la realidad que se vive hoy en el país y lo decimos para que se tome nota: están reduciéndose las violaciones a derechos humanos”.
Calificación: Falso
Aunque, basándose en la disminución de quejas presentadas ante el organismo, la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades van a la baja, el especialista Adalberto Méndez, exconsejero de la CNDH, advierte que una reducción en el número de quejas no necesariamente significa menos violaciones, sino que puede estar vinculada con la pérdida de confianza de la ciudadanía en este organismo. “Cada sexenio la gente cree menos en la Comisión”, señala.
Al contrastar el discurso oficial con las acciones y pronunciamientos de organismos internacionales, la mencionada disminución de violaciones tampoco se sostiene. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en México, por primera vez en la historia, el artículo 34 de la Convención tras encontrar indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el país.
El artículo 34 de la Convención permite establecer si las desapariciones forzadas ocurren de forma sistemática y generalizada en un país.Además, esta situación será llevada ante el pleno de la Asamblea General con carácter de urgente para su análisis.
A ello se suma que, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México figura de manera recurrente entre los 10 países con más asesinatos de periodistas que permanecen impunes, un indicador que contradice la narrativa oficial de una mejora en la situación de los derechos humanos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos —el sistema de alerta de quejas de la Comisión—, durante 2023 la CNDH registró 19,916 quejas por violaciones de derechos humanos y en 2024 acumuló 16,208, lo que representó una disminución de 18.6 %.
Pero de 2024 a 2025, las quejas presentadas ante la Comisión aumentaron 16.2 %, pues en el último año se registraron 18,839, es decir, 2,361 expedientes más que en 2024.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi, en la comparativa histórica desde 2017 se observa un incremento en los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja de la CNDH.
En 2017, la CNDH registró 24,183 presuntos hechos violatorios y, un año después, se reportaron 24,476. En 2019, la Comisión contabilizó 28,471 hechos y en 2020 registró 26,743.
En 2021, la Comisión Nacional detectó 20,211 presuntos hechos violatorios; en 2022 registró 23,749; en 2023 se contaron 30,671 y en 2024, 26,597. Los datos del Inegi muestran que las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas por la CNDH aumentaron desde 2018 y sólo disminuyeron en 2021 y 2022.
A pesar de que la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos han disminuido, se continúan reportando violaciones, tal como el caso de Fernando Chaidez asesinado por militares en Culiacán, el 13 de enero de 2026 y la denuncia de Leonardo Ariel Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, de que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional.
“Se han emitido recomendaciones en solo semanas para que sirvan a las víctimas y lo hemos hecho sin temores ni titubeos cuando ha sido preciso frente a cualquier autoridad”.
Calificación: Engañoso.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante la administración de Rosario Piedra la CNDH ha emitido 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves a derechos humanos, las cifras más altas registradas en los últimos 35 años. Sin embargo, como explicamos en esta nota, especialistas consultados por El Sabueso advierten que el incremento en el número de recomendaciones no necesariamente se traduce en una mejora en su calidad o en su impacto real.
Adalberto Méndez, exconsejero del Consejo Consultivo de la CNDH (2021–2023), señala que el análisis no debe centrarse en la cantidad de recomendaciones, sino en su solidez, seguimiento y resultados. También plantea la necesidad de revisar qué temas ha priorizado la comisión y en cuáles ha habido omisiones.
En el análisis realizado por El Sabueso se identificó, por ejemplo, que de las 387 quejas presentadas en 2025 contra la Guardia Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, la CNDH emitió únicamente una recomendación.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado la falta de recomendaciones y de posicionamientos públicos de la CNDH frente a violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
En 2023, la CNDH hizo público su posicionamiento frente a la reforma legal que otorgó a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, pese a que organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, así como personas expertas de la ONU, han advertido sobre los riesgos de ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“(A las víctimas) se les escucha, se les acompaña y toman decisiones con base en sus experiencias, no solo suman expedientes”
Calificación: Engañoso
Como te contamos en este Te Explico, la CNDH emite recomendaciones para cumplir con las estadísticas, no para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Un análisis de El Sabueso a 23 recomendaciones —emitidas entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025— arroja que entre las acciones ordenadas por la Comisión destacan medidas de capacitación como cursos en derechos humanos y derechos de las personas en contexto de migración, planes de formación integral para el personal militar y entrega de constancias de capacitación sobre el uso de la fuerza.
Por ejemplo, en el caso del Protocolo de Estambul —instrumento internacional para investigar y documentar tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— de Mario Aburto Martínez, presunto asesino material del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, no ameritó una recomendación de la comisión.
En entrevista con Proceso, el abogado del caso, Jesús González Schmal, afirmó que el Protocolo de Estambul dio positivo a tortura y redactó un primer borrador de recomendación, pero la CNDH indicó “esperaban instrucciones, que la recomendación no debía de ser tan directa y que primero se hiciera una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara una nueva investigación (…) y entonces me pidieron que mejor ayudara en casos de tortura en reclusorios y dejáramos el caso Aburto”.
Sobre esto, la CNDH emitió un comunicado en el que desvirtúa el trabajo de los medios de comunicación y declaró que la información publicada es falsa. En este contexto, el Centro Prodh destaca que el organismo ha emitido pronunciamientos públicos del organismo buscando desvirtuar los cuestionamientos a su labor por parte de defensores de derechos humanos, periodistas o víctimas.
Además, el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024, realizado por el Centro Prodh, visibiliza reclamos públicos de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por una indebida actuación de la CNDH en el seguimiento de quejas. “En suma, en la gestión de las quejas, el balance de la actual CNDH no es positivo”, afirma el Centro Prodh en el mismo documento.
Por ejemplo, Cimacnoticias advirtió que víctimas de ataques policiales ocurridos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del 2024 en Zacatecas denunciaron que la recomendación de la CNDH minimiza la violencia que vivieron, omite la responsabilidad de los altos mandos y culpa únicamente a las mujeres policías.
“Se superó en solo 6 años lo realizado en los 17 años anteriores”.
Calificación: Engañoso
Aunque es cierto que durante los últimos años aumentó el número de recomendaciones emitidas por la CNDH, ese incremento no se ha traducido en un mayor cumplimiento. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2020 y 2024, de las 1,424 recomendaciones ordinarias emitidas solo cuatro alcanzaron un cumplimiento total, lo que equivale a apenas 0.3 %.
En el caso de las 697 recomendaciones por violaciones graves, únicamente 1.9 % logró un cierre pleno, lo que equivale a 1 de cada 51. En conjunto, solo 16 de 2,031 recomendaciones, alrededor de 0.7 %, han sido cumplidas totalmente.
Al comparar estas cifras con administraciones anteriores, la caída en el cumplimiento resulta aún más evidente. Durante la primera presidencia de Jorge Carpizo MacGregor (1990–1993), el cumplimiento total de las recomendaciones ordinarias alcanzó 94 %. Con Diego Valadés (1993–1996) el cumplimiento fue de 59.4 %. Y en el periodo de Mireille Roccatti Velázquez (1997–1999), 53 de 344 recomendaciones lograron un cierre pleno (15.4 %, una de cada seis).
La tendencia a la baja continuó en las siguientes administraciones. En la presidencia de José Luis Soberanes Fernández (1999–2009), solo 63 de 698 recomendaciones alcanzaron un cumplimiento total, equivalente a 9 % —1 de cada 11—, frente a 411 cierres parciales. Con Raúl Plascencia Villanueva (2009–2014) el cumplimiento total descendió a 1.3 %, es decir, 1 de cada 79; y con Luis Raúl González Pérez (2014–2019) fue de 1.7%, 1 de cada 58.
Pese a los bajos niveles registrados en años previos, Mexicanos Contra la Corrupción subraya que el periodo más reciente representa el punto más bajo en 35 años de historia de la CNDH: un cumplimiento total por cada 356 recomendaciones ordinarias, el nivel más reducido desde la creación del organismo.
Los datos oficiales también reflejan una disminución en las sanciones derivadas de las recomendaciones. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante 2024 solo dos personas servidoras públicas fueron sancionadas como resultado de recomendaciones emitidas por la CNDH, frente a 464 sanciones derivadas de recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos estatales. En comparación con 2023, el número total de personas sancionadas se redujo 34.8 % en 2024.
En años anteriores, las cifras eran significativamente más altas. En 2017 se sancionó a 546 personas servidoras públicas por recomendaciones de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y a 117 por recomendaciones de la CNDH; en 2018, a 499 por los OPDH y a 89 por la CNDH; y en 2019, a un total de 792 servidoras y servidores públicos como resultado de recomendaciones emitidas tanto por la CNDH como por los organismos estatales.
Además, especialistas afirman que la CNDH ha apostado por la cantidad de las recomendaciones emitidas sobre la calidad. Es decir, las recomendaciones emitidas no atienden las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos y están mal integradas, por lo que no pueden prevenir futuras transgresiones.
Como te explicamos en esta nota, el aumento en la emisión de estas recomendaciones corresponde a hechos previos a los gobiernos de Morena, incluso de la década de 1990, y no a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la administración actual.
“En la emisión de recomendaciones por violaciones graves, la CNDH concentró sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones previas a las del presidente López Obrador”, se lee en el informe de gestión de la CNDH del Centro Prodh.
“El número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades federales, casos que son competencia de esta Comisión, es menor en el plano local, según el documento elaborado por el Inegi. En el 2024, se registraron 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Las cifras representaron una disminución respecto a 2023 de 13.3 % en la CNDH”.
Categoría: Verdadero
Es verdad que en 2024 hubo 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, una disminución de 13.3 % menos que en 2023, como afirmó Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, Adalberto Méndez afirma en entrevista que se debe hacer un análisis cualitativo más que cuantitativo por parte de las autoridades.
Porque “lo cuantitativo se ve muy bien en el papel, pero lo cualitativo permite saber si la recomendación está siendo eficiente o está atendiendo a una agenda nacional de derechos humanos”.
“El mayor número de quejas por violaciones vinculadas a desapariciones y detenciones arbitrarias se concentró entre 2008 y 2013 en el contexto de la llamada guerra contra el narco. Desde el 2019 esas prácticas han mostrado una tendencia clara a la baja”.
Calificación: Discutible
La afirmación es verdadera si se limita a los datos de la CNDH, pues de acuerdo con sus registros históricos, el periodo con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos relacionadas con desapariciones y detenciones arbitrarias fue entre 2008 y 2013. Esta afirmación también aparece en su informe anual de actividades 2024 y en otras publicaciones institucionales, como el documento Cambios positivos en la situación de los derechos humanos en México.
Y la misma documentación indica que, desde 2019, la violencia vinculada a esas prácticas ha mostrado una tendencia a la baja, especialmente en los últimos años. Pero organizaciones como Amnistía Internacional colocan a México con más de 120,000 desapariciones registradas hasta 2025, con incrementos significativos en los últimos años.
Pese a que el organismo sostiene que estas prácticas han mostrado tendencias a la baja, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas también afirma que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en el país y que existen deficiencias en el sistema penal y con las fuerzas armadas que dificultan su reducción, como la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.
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Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Credenciales cuestionables
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
El escándalo del bolso
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Destituido
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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