¿Cómo protege la legislación mexicana a los animales? Activistas exigen homogeneización de normas y mayor atención a refugios
En México, la protección de los animales ha dejado de ser un tema ético para convertirse en una obligación legal. A través de la Constitución, leyes federales y normas estatales, el marco jurídico mexicano reconoce a los animales como seres que deben ser protegidos frente al maltrato, la crueldad y el abandono.
Casos recientes como el desalojo de 936 animales del Refugio Franciscano, el endurecimiento de la prohibición de la compra y la venta de seres sintientes en el Mercado de Sonora y la detención de un hombre señalado por asesinar y desollar a dos perros en la alcaldía Gustavo A. Madero, todo en Ciudad de México, visibilizan la urgencia de no solo legislar a favor de la protección animal, sino también verificar el cumplimiento de las normas.
“No existe un piso parejo en la legislación a favor de la protección animal en México. Mientras la Ciudad de México puede sancionar el maltrato animal con penas en prisión, Tlaxcala solo impone multas como medida de prevención. Es urgente homogeneizar las leyes para que, de manera general, el país proteja a todos los seres sintientes”, afirma en entrevista Alina González Gallardo, abogada especializada en derecho animal.
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Protección del bienestar animal en la ley mexicana
Desde 2011, la Constitución mexicana obliga al Estado a proteger el medioambiente en su Artículo 4 y, desde 2024, a partir de reformas al documento, reconoce a los animales como seres sintientes.
La protección de los animales es reconocida en distintos niveles de la legislación mexicana, aunque no existe una sola norma federal que regule de manera integral la situación. También, los reglamentos de cada entidad obligan a las autoridades locales a atender denuncias ciudadanas, supervisar refugios, criaderos e incluso, espectáculos con animales.
A nivel federal, existen legislaciones clave como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual protege a la fauna silvestre y la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el maltrato, la captura ilegal y el tráfico de animales, además de establecer sanciones administrativas. También, el Código Penal Federal castiga ciertos delitos contra la biodiversidad.
Respecto al ámbito estatal, cada entidad federativa cuenta con distintas leyes de protección animal. Estas normas regulan el trato digno, prohíben el maltrato y la crueldad y establecen sanciones que van desde multas hasta penas de prisión dependiendo del daño. Cabe destacar que en estados como Jalisco y el Estado de México, el maltrato animal ya es un delito penal grave.
Una de las normas más completas respecto a protección animal es la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, pues impone sanciones contra la zoofilia y la deformación de las características físicas de los animales, prohíbe las peleas entre especies e incluso, establece como un deber registrar a los animales de compañía en el padrón correspondiente cuando participen en programas de vacunación o control sanitario.
Pese a los avances legislativos para la protección animal, Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, explica en entrevista que “lo más urgente es una homogeneización de las normas a nivel federal, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una de las mejores legislaciones para proteger especies, mientras que otros estados también tienen la problemática, pero no las normas”.
Exigen mayor atención a refugios y transparencia en denuncias de maltrato en CDMX
En México, hasta octubre de 2022 al menos 27.9 millones de perros y gatos viven en la calle, de acuerdo con el Índice de Mascotas sin Hogar presentado por la organización Mars Pet, la cual señala que, en total, en el país existen 88.03 millones de perros y gatos; de esta cifra, al menos uno de cada tres perros o gatos no cuenta con un hogar digno en el país.
Una de las entidades más afectadas por esta crisis es la Ciudad de México; al respecto, Alina González Gallardo explica que esto ha provocado hacinamiento y malas condiciones en los refugios, pues muchos de estos son irregulares, no tienen condiciones para albergar a tantos animales, carecen de alimentos y agua. “He conocido refugios en los que puedo asegurar que están mejor los perros en la calle que dentro de ellos, hablo incluso de perros comiéndose a otros perros”, recuerda.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que presentará una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues en la entidad “porque esta es una ciudad animalista y solidaria que reconoce a los animales como seres sintientes y está comprometida con garantizar su protección, cuidado y respeto”, afirmó en una publicación de X.
“Es una maravillosa noticia, pero considero que las leyes no son una varita mágica que cambie las situaciones de un momento a otro. Hay pasos a seguir antes de pensar en una regulación de refugios como implementar campañas de esterilización continuas en municipios, proponer planes educativos que respalden la protección animal e incluso propiciar la cultura de denuncia de maltrato animal”, menciona Alina González Gallardo.
De acuerdo con la investigación Maltrato animal: aumenta cultura de la denuncia y suben casos, de Eme Equis hasta el 3 diciembre de 2025 en la Ciudad de México se registraron 3,729 casos de maltrato animal.
La directora de Igualdad Animal México, Dulce Ramírez, destaca que los datos oficiales respecto a denuncias de maltrato, sentencias y estadísticas son inaccesibles públicamente. “No encontramos estos datos en páginas oficiales, por ello tenemos que hacer uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual ha cambiado muchísimo: es más lenta, no arroja resultados y en ocasiones sufre fallas técnicas”.
El desalojo del Refugio Franciscano y la venta ilegal de animales en el Mercado de Sonora
El 7 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital montó un operativo con 200 elementos para garantizar el rescate y el aseguramiento de más de 900 animales durante un cateo al Refugio Franciscano de la Fundación Haghenbeck.
El operativo desató una disputa fuera de las instalaciones del albergue, ubicado en Cuajimalpa, entre las autoridades capitalinas y la concentración de colectivos y activistas animalistas, quienes exigieron transparencia respecto al destino de los animales.
Jessica Paola Ávalos, abogada del refugio, explica en entrevista con El Sabueso que durante la disputa solicitó la intervención de autoridades para ejecutar una orden de suspensión que busca evitar la entrega de los animales al gobierno capitalino y frenar la recuperación del inmueble hasta la resolución del conflicto legal.
La fiscal Bertha Alcalde Luján dijo que se tiene un registro preliminar de 936 animales, de los cuales 798 presentaban “afectaciones compatibles con maltrato o crueldad”. Sin embargo, Jessica Paola Ávalos asegura: “No sabemos a qué albergue llevan a los animales ni si tienen la capacidad técnica para cuidarlos como alimentos, espacios amplios y personas cuidadoras”.
En ese sentido, resalta Alina González Gallardo: “Más allá del contexto legal, las condiciones de los animales o el estado del refugio, lo que realmente es imperativo es que exista transparencia y claridad sobre qué pasará con estos animales, a dónde irán y que se les dé seguimiento”.
Otra situación que ha generado controversia es el endurecimiento de la prohibición de la venta de seres sintientes en el Mercado de Sonora, pues el 14 de agosto de 2025 una resolución emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que a partir del 1 de enero de 2026 ya no podrá comercializarse ningún animal no humano vivo en el lugar.
“No solo es el caso del Mercado de Sonora, la venta de animales en vía pública está prohibida en la mayoría de las leyes estatales, pero no se implementa porque los mecanismos de denuncia o aplicación de la ley no están reforzados y las autoridades encargadas no están capacitadas”, señala Dulce Ramírez.
Al respecto, durante su discurso en el evento Mercado Sonora, Sin Venta de Seres Sintientes realizado el 8 de enero de 2026, Clara Brugada aseguró que las y los comerciantes que vendían animales en el lugar contarán con un apoyo gubernamental emergente de 50,000 pesos para lograr el cambio de giro de su negocio sin dificultades. Pero los locatarios afirman que es insuficiente.
¿Cómo denunciar el maltrato animal en México?
“Aunque tenemos una legislación a favor de la protección animal, esta no se implementa. Uno de los grandes retos respecto a este tema es la poca o nula cultura de denuncia en el país, pues aunque las fiscalías ya están obligadas a perseguir estos delitos, no lo hacen”, destaca Dulce Ramírez.
A nivel nacional, el maltrato animal debe denunciarse a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) —institución encargada de dar seguimiento a este tipo de denuncias— mediante los siguientes medios:
- Por internet: a través del formulario de denuncias en línea en el sitio web de PROFEPA.
- Por Teléfono: llamando al 800 PROFEPA (7763372) o al número de la Ciudad de México 55 5449-6300, ext. 16934 y 16935.
- Por Correo Electrónico: enviando un email a [email protected].
- Presencialmente: acudiendo a cualquier oficina de representación de PROFEPA o a las oficinas centrales en Avenida Félix Cuevas 6, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Cabe resaltar que en la Ciudad de México existe la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, la cual se encarga de atender las denuncias de maltrato animal en las 16 alcaldías y sustenta su actuación en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
“Denunciar el maltrato animal es importante porque los animales sienten. Si nos parecen graves las agresiones contra un ser humano también deberían importarnos las especies. Bajo la lógica del principio de no discriminación y el antiespecismo debemos fomentar la cultura de denuncia para propiciar un cambio”, concluye Alina González Gallardo.
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Sobrevivió casi 13 años en el poder en uno de los momentos más delicados en la historia de Venezuela, hasta que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.
Nicolás Maduro sustituyó en 2013 como presidente de Venezuela al político latinoamericano más carismático del siglo XXI, Hugo Chávez, y sobrevivió por más de una década al frente de un países en crisis.
Resistió a la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, al éxodo de millones de venezolanos y a repetidas presiones de la oposición, organismos internacionales y otros países para ceder el poder ante denuncias de autoritarismo y erosión democrática.
No resistió, sin embargo, a una operación militar relámpago este sábado en la que fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa, Cilia Flores.
Su aprehensión y traslado a EE.UU. se produce meses después de que la administración de Donald Trump incrementara la presencia militar en el Caribe y advirtiera sobre un ataque contra el gobierno de Maduro, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico.
“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, anunció en X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.
“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, añadió.
Terminan así casi 13 años de Maduro en el poder, marcados por múltiples crisis y supervivencias constantes a momentos en que parecía estar en jaque.
Tras Hugo Chávez y el dictador Juan Vicente Gómez, quien murió en 1935, nadie, salvo Maduro, estuvo más años al frente de Venezuela.
Una historia turbulenta que arrancó el 8 de diciembre de 2012.
El elegido
Ese día, el mundo vio por última vez a Chávez, que iba y venía de La Habana a Caracas para tratarse un cáncer.
Tras meses de incertidumbre y ausencias, Chávez nombró a su sucesor en televisión.
“Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
El entonces vicepresidente Maduro, sentado a su izquierda, mostraba un gesto entre el temor y la preocupación. Chávez lo elegía. Y lo hacía porque el líder ya no sería más presidente. En marzo de 2013 fue Maduro el que anunció la muerte del comandante.
Chávez elogió a Maduro, al que conoció cuando estaba en la cárcel de Yare, donde cumplió dos años de condena tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
En sus visitas a la prisión el actual presidente también se encontró con Cilia Flores, que ejercía como una de las abogadas del comandante y que acabó convirtiéndose en su esposa y una figura silente a la que muchos atribuyeron una gran influencia en el gobierno.
De Maduro, Chávez alabó su “don de gentes” y lo llamó “un revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud”.
Entonces a sus 49 años, Maduro era un hombre de confianza que ya había sido presidente del Parlamento, canciller y vicepresidente.
A algunos sorprendió el nombramiento de Maduro como sucesor por delante del militar Diosdado Cabello, hoy ministro de Interior, y del poderoso expresidente de la estatal PDVSA Rafael Ramírez.
No fue una sorpresa para los que vieron el progresivo ascenso de Maduro y sus constantes viajes a La Habana a reunirse con el convaleciente Chávez.
Chávez vio en él al civil que debía continuar la revolución bolivariana. Un hombre pragmático, no un radical. Con capacidad de negociación y de cumplir tanto en un mitin político en la calle con ropa informal como en los despachos vestido de traje y corbata.
En 2018, cuando ganó unos comicios que revalidaron su primer mandato, un exfuncionario del gobierno le advirtió a BBC Mundo que a Maduro se le tendía a subestimar porque no estudió ni tiene un recorrido intelectual.
“Se tiende a pensar que es un bruto”, dijo esa fuente bajo condición de anonimato. Sus rivales de la oposición lo llamaban “Maburro”.
El menosprecio se convirtió en un arma a favor que el presidente utilizó prácticamente durante toda su presidencia, incluso cuando Trump le advertía una y otra vez sobre la proximidad de su fin y Maduro aparecía bailando en público y contestando al estadounidense, jocoso, que “war, no; peace, yes” (guerra, no; paz, sí”.
El presidente ante la crisis
Maduro anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013. Lideró el funeral y las jornadas de duelo. Y sin apenas tiempo, se embarcó en la campaña para la elección de abril, en la que se impuso por un estrecho margen a Henrique Capriles.
Muchos cantaron fraude, pero Maduro se instaló en Miraflores.
Su tarea era hercúlea: no sólo intentar suplir el carisma y la devoción de Chávez, sino afrontar un panorama económico muy diferente y que el propio comandante ya había atisbado.
En el gobierno de Chávez se pensaron propuestas macroeconómicas en un momento en el que los precios del petróleo iniciaban la desaceleración.
Al morir el comandante, la tarea de aplicar reformas, como la del sistema cambiario, quedó eventualmente en manos de Maduro.
Pero el excanciller, con un liderazgo mucho más débil que su antecesor y en el centro de varias facciones, no fue el reformista que prometió ser.
En 2014 se desplomaron los precios del petróleo y se detonó la terrible crisis que hasta hoy azota a los venezolanos.
Analistas criticaron entonces una inacción gubernamental en un momento crítico.
Durante su mandato, Maduro dejó importantes tareas de gestión a altos mandos del Ejército, a los que encomendó la importación de alimentos y productos básicos y hasta la dirección de la petrolera PDVSA, la fuente más robusta de ingresos del país.
La influencia de los uniformados no evitó, sin embargo, cierto descontento en los cuarteles, conspiraciones, ruido de sables y detenciones.
Desde aquellos años, Maduro pareció vivir permanentemente en el alambre.
La primera supervivencia
En 2015, la oposición logró una amplia mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde la llegada de Chávez al poder en 1999.
Con 107 escaños obtenidos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática frente a los 55 del gobernante PSUV, la alternativa estaba facultada para aprobar leyes y nombrar miembros de otros poderes públicos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rectores del Consejo Nacional Electoral o altos funcionarios como el Fiscal General de la República, sin tener que contar con votos del oficialismo.
Aquel revés electoral no encontró a Maduro y el oficialismo desprevenidos.
En las semanas festivas de diciembre previas a la instalación de la nueva AN en enero de 2016, Maduro nombró nuevos magistrados del TSJ, institución afín al gobierno desde la cual se bloquearía la posibilidad de que la AN ejerciera sus potestades constitucionales.
Entre otras medidas, el TSJ suspendió la toma de posesión de tres diputados indígenas -con los que la oposición alcanzaba su mayoría calificada- y, luego, declaró a la AN en desacato, dando así por inválidas todas sus decisiones.
Figuras emblemáticas del chavismo, como la entonces ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, rompieron con el gobierno, mientras el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de “autogolpe”.
Distintos gobiernos de la región como Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile cuestionaron en duros términos lo ocurrido.
Para octubre de 2016, el TSJ ya había emitido 27 sentencias que bloqueaban el trabajo del Legislativo.
Ese año, al cumplirse la mitad del periodo de gobierno de Maduro, se abría la posibilidad constitucional de convocar un referendo revocatorio para sacarlo del poder, pero estos esfuerzos de la oposición fueron bloqueados por los tribunales, que también impidieron los intentos de la AN de someter al mandatario a un juicio político.
En marzo de 2017, la oposición denunció un “golpe de Estado” y la “ruptura definitiva” del orden constitucional en el país después de que el TSJ emitiera una sentencia en la que básicamente se adjudicaba las facultades que le correspondían a la Asamblea Nacional, mientras esta se mantuviera en “desacato”.
Aunque el TSJ “corrigió” la sentencia en 72 horas, el malestar propició una oleada de protestas que se extendió por cuatro meses dejando unos 120 muertos.
El gobierno respondió con represión, pero también con sus propias manifestaciones multitudinarias.
Sin embargo, su arma más efectiva para desactivar a la oposición sería la convocatoria a unas elecciones regionales (ante las cuales la oposición se dividió) y una Asamblea Nacional Constituyente “plenipotenciaria” que le dio el control de un órgano legislativo que en teoría se encontraba por encima de los poderes constituidos.
Ambos comicios estuvieron marcados por señalamientos de fraude, incluyendo las denuncias de la empresa de software electoral Smartmatic que dijo que las cifras en la elección de la Constituyente habían sido manipuladas.
La represión, el cansancio por las protestas y la constatación de que el gobierno se mantenía inamovible ayudaron a Maduro a salir de este periodo convulso.
El año terminó con el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana que terminaría sin acuerdo en febrero de 2018.
Maduro contra Guaidó
En enero de 2019, Maduro se juramentó para un segundo mandato tras haber ganado las elecciones presidenciales de mayo de 2018, realizadas sin la participación de la mayor parte de la oposición y considerada como fraudulentas por EE.UU., la Unión Europea y más de una decena de países latinoamericanos.
Esa juramentación de Maduro disparó un proceso inédito: partiendo del principio de que las elecciones no eran válidas y de que Maduro no era un presidente legítimo, la oposición argumentó que había una vacante absoluta en la presidencia, por lo que decidió aplicar el artículo 233 de la Constitución.
Este señala que en estos casos el presidente de la Asamblea Nacional asumirá la presidencia de forma interina y convocará a elecciones en un periodo de 30 días.
El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó, presidente de la AN, se declaró como “presidente encargado” de Venezuela, fijándose como objetivos “el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.
Guaidó recibió el reconocimiento del gobierno de Trump en EE.UU. y, tras este, de decenas de países de Europa y América Latina hasta llegar a sumar más de medio centenar.
El reconocimiento del gobierno interino vino acompañado de una máxima presión que buscaba forzar un cambio en Venezuela. Trump impuso sanciones sobre la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos para el Estado.
La producción petrolera venezolana cayó drásticamente hasta ubicarse por debajo de los 500.000 barriles diarios, mientras el gobierno de Maduro perdió el control de millonarios activos que Venezuela tenía en el extranjero como la petrolera Citgo en EE.UU. o 30 toneladas de oro que el país tiene depositadas en el Banco de Inglaterra.
En la madrugada del 30 de abril de 2019, acompañado de un grupo de militares venezolanos y del dirigente opositor Leopoldo López, que acababa de ser liberado de su prisión domiciliaria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guaidó transmitió un mensaje desde los alrededores de la Base Aérea de La Carlota en Caracas en el que llamaba a los ciudadanos a salir a las calles.
Por unos instantes hubo la impresión de que algo podía ocurrir, pero luego quedó claro que los esfuerzos por lograr una fractura en el respaldo militar al gobierno de Maduro habían fracasado.
Incapaz de forzar ese quiebre, sin posibilidades reales de ejercer la presidencia interina que había reclamado para sí, y sometido de forma constante a la amenaza de detención, el gobierno temporal de Guaidó menguó lentamente.
Cuenta atrás
Desde el 28 de julio de 2024, varios acontecimientos marcaron una especie de cuenta atrás para Maduro en el poder.
Aunque el presidente fue declarado ganador de las elecciones presidencias por el CNE, bajo control oficialista, esos comicios fueron considerados como un hito por la oposición.
A diferencia del CNE, que se negó a presentar resultados detallados y auditables, la oposición divulgó más del 80% de las actas que mostraban como claro vencedor a su candidato, Edmundo González Urrutia.
Eso llevó a un consenso mayoritario entre las democracias occidentales de que la reelección de Maduro era fraudulenta y que González era el presidente legítimo.
Miles de venezolanos, incluso de barrios tradicionalmente chavistas, salieron a protestar a las calles. El gobierno reprimió y encarceló a más de 2.000 personas, según cifras oficiales.
Amenazado, González Urrutia se exilió en España, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado, tuvo que vivir más de un año en la clandestinidad, de la cual solo salió en diciembre de 2025 para recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
Presión militar
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 cambiaron las reglas del juego.
Con una estrategia de mano dura para combatir el narcotráfico en América Latina, la administración trumpista acusó a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y liderar el Cartel de los Soles, una supuesta organización designada como terrorista por EE.UU. y que tendría su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Durante meses, EE.UU. desplegó lo que Trump llamó “la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” alrededor de Venezuela.
El despliegue incluye al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald S. Ford, buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35 y una fuerza de unos 15.000 efectivos.
Desde septiembre, esas fuerzas han estado atacando lanchas supuestamente cargadas de drogas, matando a al menos 110 personas.
Los ataques se encuentran bajo intenso escrutinio por parte del Congreso de EE.UUU y han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos, que los han calificado como “ejecuciones extrajudiciales”.
Días antes de la captura de Maduro, Roxanna Vigil, investigadora especializada en Seguridad Nacional del Council on Foreign Relations, le advertía a BBC Mundo que la presencia militar estadounidense en el Caribe reducía en gran medida las opciones de Maduro para negociar un acuerdo para solucionar esta crisis.
El gobierno de Maduro había movilizado a las fuerzas militares venezolanas y ordenado el despliegue de armas y medios tácticos, al tiempo que desarrolló una amplia campaña diplomática, contactando a gobiernos aliados como los de Rusia y Turquía, y solicitando la implicación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Había analistas que sospechaban que detrás de la campaña de Trump contra el narco en América Latina se ocultaba en realidad una estrategia para un cambio de régimen en Venezuela.
Lo que ya es seguro es que Maduro no seguirá al frente. El conductor de autobús elegido por Chávez para continuar su legado será juzgado en Nueva York tras una operación militar de EE.UU. que recuerda a la que posibilitó la captura del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá en enero de 1990.
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