
Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025, cuando el precio de la moneda local —el rial— cayó a niveles récord frente al dólar. La inflación se intensificó, los bienes básicos se encarecieron y el poder adquisitivo de la población se redujo de forma considerable.
El Banco Central de Irán reportó que la inflación anual alcanzó el 42.2 % en diciembre, con aumentos aún mayores en alimentos y servicios de salud. La caída del rial llevó a comerciantes a cerrar sus tiendas y salir a protestar en zonas comerciales clave, como en el Gran Bazar de Teherán.
En ese sentido, el descontento social evolucionó a una combinación entre exigencias económicas y cambios políticos, explica a El Sabueso el comunicador y politólogo Rodrigo Balvanera Garza.
“A lo largo de la historia los politólogos argumentan que los pueblos se movilizan —ya sea mediante votaciones, manifestaciones o incluso revoluciones— con la cartera. La economía es el factor decisivo para definir si sales o no a protestar, si votas o incluso si te levantas en armas”, detalla.
Las consignas evolucionaron de demandas materiales a críticas directas contra la clase gobernante y el sistema de la República Islámica. Entre las principales exigencias se encuentran el fin de la represión y un cambio de régimen.
Irán es una república islámica en la que el poder real no recae en autoridades electas, sino en una estructura teocrática. Actualmente es encabezada por el líder supremo, Alí Jameneí.
Aunque es cierto que el país cuenta con un presidente y un Parlamento que fueron elegidos por voto popular, sus decisiones están completamente subordinadas a órganos no electos, como el Consejo de Guardianes y el propio líder supremo. Expertos afirman que en realidad estos dos últimos son los que controlan las leyes, las candidaturas y las fuerzas de seguridad.
Este modelo ha limitado durante décadas la capacidad de la población para canalizar el descontento por vías institucionales. Las crisis económicas y sociales suelen desembocar en protestas masivas y violentas al no existir aparatos democráticos reales para manifestar los intereses de la población.
Según Human Rights Activists News Agency (HRANA), que da seguimiento a los acontecimientos en Irán desde Estados Unidos, se han registrado protestas en al menos 585 localidades y 186 ciudades de las 31 provincias de Irán. Se trata de las movilizaciones más amplias contra el liderazgo iraní desde el año 2022.
La respuesta del gobierno ha sido una combinación de represión violenta y fuertes restricciones a las comunicaciones. Desde el 8 de enero, Irán ha impuesto casi un corte total de internet y servicios telefónicos para limitar la difusión de información y la coordinación de las protestas. Aun así, la cadena CNN confirma que las manifestaciones continúan.
Para Rodrigo Balvanera, este escenario evidencia cómo la represión extrema puede terminar debilitando aún más a un régimen:
“Existe un punto de quiebre en el que demasiada represión, en lugar de hacer que la gente se quede en casa, la empuja a salir a la calle, porque ya no tiene absolutamente nada que perder”.
Las cifras de personas asesinadas o heridas son inciertas debido al apagón informativo, las restricciones al acceso a datos y el hermetismo del régimen. Aun así, organizaciones internacionales de derechos humanos reportan cientos de personas fallecidas. Algunas estimaciones superan las 500, aunque el número puede ser mayor.
Otros informes señalan que más de 2,000 personas han muerto desde el inicio de las protestas, incluidos manifestantes, personal de seguridad y civiles. Además, más de 10,600 personas han sido detenidas, entre ellas estudiantes y menores de edad.
No es la primera vez que Irán enfrenta grandes oleadas de protestas. En las últimas décadas destacan tres momentos:
La ola de protestas actuales es considerada una de las más intensas desde el año 2022.
Más allá del discurso en defensa de los derechos humanos, la política de Estados Unidos hacia Irán responde a intereses estratégicos claros. Irán es un actor central en Oriente Medio que ha sido acusado de patrocinar a grupos como Hamás, organización armada que mantiene una confrontación permanente con Israel. Igualmente, Irán ha fortalecido sus vínculos políticos y económicos con Rusia y China, los principales rivales geopolíticos de Washington.
A pesar de este contexto, el especialista en política estadounidense considera poco probable una intervención militar directa: “Yo veo muy difícil que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, mande soldados a territorio iraní. Lo que sí podríamos ver son ataques estratégicos, como ocurrió el verano pasado, cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes”.
El escenario interno iraní continúa deteriorándose. La combinación de una crisis económica profunda, un discurso político agotado y una represión cada vez más costosa ha empujado a amplios sectores de la población a seguir manifestándose.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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