Las cifras de víctimas de extorsión alcanzaron un máximo histórico en 11 meses de 2025; subieron 2.7 % respecto a 2024
Entre enero y noviembre de 2025 en México hubo 10,322 víctimas de extorsión, de acuerdo con los últimos datos desagregados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta es la cifra más alta para este periodo de meses desde 2015.
En los reportes mensuales del SESNSP, la extorsión aparece como uno de los delitos patrimoniales con mayor crecimiento relativo, incluso en contextos donde otros delitos muestran estabilidad o reducción.
Este aumento continúa a cinco meses de que el gobierno federal impulsó el Plan Nacional contra la Extorsión. La organización México Evalúa subraya que combatir este flagelo no puede limitarse a detenciones o campañas de denuncia, sino que requiere una política integral que incluya prevención, fortalecimiento de capacidades locales, coordinación entre fiscalías y policías, y una atención efectiva a las víctimas.
A diferencia del homicidio u otros delitos violentos, la extorsión tiene un impacto directo y cotidiano en la vida económica y social. Comerciantes, pequeños empresarios, transportistas y familias enteras se ven obligados a modificar rutinas, cerrar negocios o destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas ilegales.
La extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro, ya que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o porque consideran que el pago es la única forma de reducir el riesgo inmediato.
Aunque el SESNSP no ha publicado los datos desagregados de extorsión correspondientes a diciembre de 2025, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, reconoció que el delito aumentó 2.3 % en 2025.
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La extorsión subió en Edomex, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León.
De acuerdo con los datos presentados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del 8 de enero, la cantidad de llamadas telefónicas recibidas por el 089 fue de 16,570, las cuales derivaron en 12,589 denuncias hasta el 30 de noviembre del 2025, de las cuales únicamente 4,000 cuentan con carpetas de investigación y solo 721 personas han sido detenidas.
Al respecto, Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa, explica que la estrategia —particularmente el uso del 089— puede contribuir a reducir parcialmente este subregistro, pero no es suficiente para dimensionar por completo el fenómeno.
“El problema de la extorsión lleva años en muchos territorios del país, mientras que la estrategia tiene apenas unos meses de implementación. Es normal que tarde en hacer eco en la sociedad”, señala. Aun así, advierte que incluso con un mayor número de denuncias, los registros actuales siguen sin reflejar la magnitud real del delito.
Según con un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 5,971 víctimas de este delito por cada 100,000 habitantes, frente a las 5,213 víctimas contabilizadas en 2023, lo que representa un incremento de 14.5 %.
En la misma encuesta se detalla que la extorsión fue el segundo delito con mayor incidencia en 2024, siendo Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Tabasco los estados con mayor cantidad de casos.
Asimismo, con datos del SESNSP, de enero a noviembre de 2025, el Estado de México (2,146), Ciudad de México (1,615), Guanajuato (1,344) y Nuevo León (923) encabezaron la lista de los estados con mayor cantidad de víctimas de extorsión.
Fallas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión
Mendoza identifica que la estrategia del gobierno federal contra la extorsión mantiene un enfoque desproporcionado en la extorsión indirecta, particularmente la telefónica, frente a la escasa atención a la extorsión directa o presencial, que suele implicar amenazas armadas y control territorial.
Este tipo de extorsión, explica, es mucho más difícil de denunciar porque exige contacto directo con la autoridad, algo que muchas víctimas evitan ante la falta de confianza y el temor a represalias.
“Cuando llegan personas armadas a un negocio, el incentivo no es denunciar, sino guardar silencio y seguir pagando. Si no existen mecanismos reales de protección, la carga del riesgo recae completamente en la víctima”, sostiene.
En ese sentido, más que incentivos para denunciar, el investigador considera necesario fortalecer mecanismos de protección y respuesta institucional que reduzcan el riesgo para quienes deciden reportar.
Otro de los puntos críticos es la ausencia de una estrategia diferenciada para la extorsión presencial. Yair Mendoza subraya que el modelo del 089 no está diseñado para atender situaciones en las que el delito ocurre cara a cara y que la solución no puede depender de que la víctima haga la llamada en el momento del ataque.
Asegura que las autoridades deben contar con unidades en territorio con capacidades de investigación e inteligencia, capaces de identificar y desmantelar las estructuras criminales completas y no solo detener a los extorsionadores de “piso”.
El investigador advierte que la estrategia nacional no puede aplicarse de manera homogénea en todo el país, pues las dinámicas de la extorsión varían significativamente entre entidades como la Ciudad de México y Sinaloa. Debido a esto, considera indispensable regionalizar la política pública y adaptarla a los contextos locales, algo que hoy no es posible debido al alto nivel de subregistro.
Aunque el gobierno federal ha identificado a Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero como entidades prioritarias de la estrategia, el investigador menciona que dicha selección pudo haber sido realizada con datos incompletos.
“Es complicado decir que estos son los prioritarios cuando tienes una tasa de cifra negra de 97 %, al menos en 2022”. Reconoce como un avance inicial el uso del 089 para mejorar el diagnóstico, pero insiste en que este debe servir para construir líneas base nacionales y estatales que permitan evaluar resultados.
El especialista apunta a la falta de claridad sobre las unidades antiextorsión locales anunciadas en la estrategia. Hasta ahora, no se ha definido si se tratará de personal policial en territorio o de unidades de investigación administrativa, ni cómo serán financiadas. Esta distinción, advierte, es clave para saber si el plan realmente atenderá la extorsión presencial, considerada la más violenta y peligrosa para las víctimas.
Los homicidios disminuyen a nivel nacional
Como te contamos en esta verificación, los homicidios disminuyeron 22 % a nivel nacional. De acuerdo con los registros de víctimas de homicidio doloso, estos casos disminuyeron 22.2 % en 2025 frente al año anterior, al pasar de 30,062 a 23,374.
Los estados que tuvieron una mayor reducción en el número de homicidios dolosos en los 12 meses de 2025 respecto a 2024 son Zacatecas, con una disminución de 71.2 %; Chiapas, 58.7 %; Quintana Roo, 56.9 %; San Luís Potosí, 53.3 %; Nuevo León, 52.8 %, y Tamaulipas, 42.3 %.
México Evalúa señala que las cifras de homicidios presentadas tienen límites metodológicos que se deben considerar al interpretarlas, pues el uso de promedios diarios o agregados puede ocultar picos de violencia o irregularidades en la clasificación de casos por parte de autoridades, y que esto puede dificultar una lectura completa del fenómeno.
Especialistas han asegurado que las clasificaciones internas y las prácticas de registro pueden variar entre regiones, lo que afecta la comparabilidad de los datos. Esto incluye diferencias en la forma en que se clasifican eventos de homicidio doloso o en la capacidad de las fiscalías para investigar y tipificar correctamente los hechos.
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Se trata del buque Marinera, que históricamente transportó petróleo de Venezuela pero que actualmente no lleva cargamento. Los últimos informes lo sitúan entre Escocia e Islandia.
Rusia desplegó efectivos navales para escoltar un petrolero que también está siendo perseguido por fuerzas estadounidenses a través del Atlántico, según informó CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos.
El barco, que actualmente no lleva cargamento, históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia el martes.
El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida calificada como “robo” por las autoridades venezolanas.
Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.
La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.
Luego cambió drásticamente de rumbo (así como de nombre a Marinera) y, según se informa, cambió de bandera de guyanesa a rusa.
Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.
Rusia afirma estar “monitoreando con preocupación” la situación en torno al buque.
Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.
BBC Verify analizó imágenes publicadas por Russia Today, supuestamente tomadas a bordo de un petrolero, que muestran un barco a lo lejos que coincide con el perfil de un guardacostas clase Legend de la Guardia Costera estadounidense.
También ha estado monitoreando la última ubicación reportada del Marinera.
Según los datos de ubicación AIS de la plataforma de seguimiento de barcos Marine Traffic, su ubicación el martes por la mañana era en el Océano Atlántico Norte, a unos 300 km al sur de la costa de Islandia.
Datos previos del AIS sugieren que se dirigió hacia el norte, pasando por la costa occidental de Reino Unido durante los últimos dos días.
También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que “continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.
“Nuestros servicios marítimos están vigilantes, ágiles y preparados para rastrear buques de interés”. Cuando llegue la llamada, allí estaremos”.
El cambio a bandera rusa
Antes de que se lance cualquier operación militar desde Estados Unidos, se espera que dicho país informe a su aliado Reino Unido.
Por ahora, el Ministerio de Defensa británico dice que no hará comentarios sobre las actividades militares de otras naciones.
Los funcionarios citados por CBS sugirieron que Estados Unidos podría realizar una operación como la del mes pasado, cuando los Marines y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, en colaboración con la Guardia Costera, incautaron The Skipper, un gran petrolero con bandera de Guyana, después de que el buque zarpara del puerto de Venezuela.
Según el derecho internacional, los buques que enarbolan la bandera de un país están bajo la protección de dicha nación, pero Dimitris Ampatzidis, analista sénior de Riesgos y Cumplimiento de la firma de inteligencia marítima Kpler, declaró a BBC Verify que un nuevo nombre y bandera del buque podría no suponer un gran cambio.
“La acción de EE.UU. se basa en la identidad subyacente del buque [número OMI], sus redes de propiedad/control y su historial de sanciones, no en sus marcas pintadas ni en la reivindicación de la bandera”, afirmó.
Ampatzidis añadió que el cambio al registro ruso podría causar “fricciones diplomáticas”, pero no detendría ninguna acción coercitiva de EE.UU.
Por su parte, Michelle Bockmann, analista de inteligencia marítima de Windward, afirmó que cambiar a un registro ruso podría complicar las medidas de control de Estados Unidos.
“En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe una disposición que permite que las autoridades aborden un buque apátrida. Al cambiar a bandera rusa, el buque ya no puede ser abordado en virtud de esta disposición”, explicó.
“Actualmente, nuestro buque navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
“Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor y claramente desproporcionada por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de su carácter pacífico”, declaró.
“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a adherirse a este principio”.
La controversia por el petrolero se produce días después de que Estados Unidos conmocionara al mundo con la captura de Maduro en la capital, Caracas. Objetivos en la ciudad fueron bombardeados durante la operación para arrestarlo a él y a su esposa, bajo acusaciones de supuestos delitos relacionados con armas y drogas.
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