¿Qué motivos provocan debate y discusión en torno al conteo de personas desaparecidas?
Para entender mejor
En medio del debate público sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México, el gobierno federal prepara la presentación de un informe que busca aclarar inconsistencias detectadas en los registros oficiales.
La discusión al respecto se intensificó hace un par de semanas tras la difusión de análisis elaborados por organizaciones civiles, entre ellas México Evalúa, cuyos datos apuntan a un incremento superior al 200 por ciento en el número de personas desaparecidas en la última década.
Frente a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que dichas cifras se construyen a partir de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma que —según explicó— presenta múltiples deficiencias que afectan la interpretación precisa del fenómeno.
El gobierno federal reconoce que la plataforma “tiene muchos problemas”
Según reveló en la conferencia mañanera del pasado 10 de febrero, el gobierno federal ha identificado deficiencias en los esquemas de registro y múltiples casos con datos personales incompletos, lo que ha obstaculizado determinar si alguien fue localizado o incluso si existe una carpeta de investigación abierta.
“Esa plataforma tiene muchos problemas y obviamente nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar [cifras], queremos transparencia absoluta; el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término”, comentó Sheinbaum frente a los medios de comunicación.
“Lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición, cuántos tienen información completa, carpetas de investigación; en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado”, añadió.
Todo ello, en palabras de la mandataria, ha dificultado el seguimiento, la búsqueda y la aplicación de la ley. Sin embargo, los “errores” en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas han sido provocados por las mismas autoridades, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
Volver a desaparecer, pero ahora en los registros
El RNPDNO se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD), vigente en México desde enero de 2018. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) tiene a su cargo su administración y coordinación. Esta herramienta sustituyó al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) e incorporó sus antecedentes históricos; la última actualización de esas bases ocurrió el 30 de abril de 2018.
El RNPED arrastró diversos problemas de confiabilidad, entre ellos, un elevado subregistro, omisiones en la actualización por parte de fiscalías estatales y una metodología de depuración que provocó controversia y desconfianza debido a la reducción de las cifras reportadas.
Situación similar se presenta con el RNPDNO y, luego, con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, impulsada a la par por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar certeza sobre el número “real” de desapariciones, pero que sumó varios errores que hizo imposible validar la información reunida desde su arranque de operaciones, en mayo de 2023.
Entre los fallos de esta iniciativa se cuenta la falsificación en los formularios de firmas de víctimas que presuntamente habían sido localizadas y de funcionarios que les daban validez, la pérdida de centenares de cuestionarios realizados a familias de personas desaparecidas y el borrado de nombres del registro oficial sin formalizar el proceso.
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Para ejemplificar la gravedad del asunto, la organización Data Cívica lanzó la plataforma “Volver a desaparecer”, la cual permite a los usuarios verificar qué ha pasado con cada nombre entre diferentes versiones de registros, desde el RNPED hasta la versión de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. En 2024, la organización civil identificó que al menos 10,953 nombres de personas fueron borrados de este censo impulsado por López Obrador.
Presumiblemente, esos casos debieron corresponder a personas ya localizadas. Sin embargo, algunas familias detectaron el nombre de su ser querido entre los registros eliminados, pese a que hasta ese momento no contaban con información sobre su paradero. En otras palabras, volvieron a desaparecer, como Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en México en 1978 durante la llamada “guerra sucia” y quien fue borrada de la lista de la Estrategia Nacional, pese a que estaba registrada en el RNPDNO. Tras una denuncia de su hija, su nombre fue añadido al censo promovido por el gobierno de López Obrador.
Un caso más es el de Marco Antonio Orgen, desaparecido en 2013 en Huauchinango, Puebla, y quien hasta hace dos años no aparecía en el RNPDNO a pesar de que su hija, Irma Virginia Orgen, denunció la situación en tres instancias locales y federales. Hoy su nombre no especifica ningún dato y está bajo las letras de “confidencial”.
“El análisis de Data Cívica permitió detectar que en la versión pública del RNPDNO había campos del registro que no estaban bien llenados por la mayoría de las autoridades. Un dato fundamental para seguir el proceso de búsqueda, que es el contacto de la persona que denunció la desaparición, se dejó en blanco en siete de cada diez casos”, señaló entonces la organización.
“La responsabilidad es del Estado mexicano”
Para Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica desde 2017, mientras el Estado mexicano no aborde las causas de fondo —la incompetencia de las fiscalías, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de recursos y voluntad política—, los registros seguirán siendo insuficientes y las familias continuarán sin respuestas.
“La ley establece que los registros deben recaer en el Sistema Nacional de Búsqueda, que incluye la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay un deber compartido; la responsabilidad de que esos registros no estén completos es del Estado”, apunta Meltis en entrevista con El Sabueso.
“Por más que depuremos, entre comillas, como la presidenta lo ha dicho, la magnitud de desaparición es tan grande que de todas formas no es que vayamos a pasar de más de 130,000 desaparecidos a 30,000 como había en 2017 en el registro”, añade.
Un informe de 2025 de la iniciativa de evaluación ciudadana Red Lupa, impulsada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), da cuenta de ello. Desde que en 2022 se superó la cifra de 100,000 desaparecidos, los casos reportados no han dejado de crecer: aumentaron 7.3 % en 2023; 6.3 % en 2024, y un preocupante 12 % en 2025.
Hasta el 16 de febrero de 2026, según el RNPDNO, hay un total de 131,822 personas desaparecidas y no localizadas. Los estados con el mayor número de casos son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Nuevo León.
El documento expone que, si bien se han creado en los estados 124 instituciones responsables de la atención a las personas desaparecidas y sus familias, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada entidad no se ha traducido en una disminución de los casos de desaparecidos ni en un aumento en su identificación o localización. Entre las principales deficiencias, la Red Lupa encontró lo siguiente.
En 32 estados hay comisiones locales de búsqueda, pero falta personal: el artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición establece que cada entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Estas comisiones deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para establecer acciones de búsqueda específicas, en coordinación con otras instituciones estatales. Sin embargo, la iniciativa observó que, en algunos estados, principalmente del sureste del país, las comisiones están compuestas por una o dos personas. Por ejemplo, la comisión de Campeche durante 2023 contaba con una plantilla de solo cuatro servidores públicos.
Falta de manejo adecuado de víctimas y de fiscalías especializadas en desaparición: a tenor del mapeo de Red Lupa, Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de una fiscalía especializada, pese a estar referido en el artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición. Y, aunque algunos estados cuenten con las unidades, estas enfrentan desafíos relacionados con recursos y capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos.
Panteones forenses y centros de identificación humana: los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición establecen que los cuerpos o restos de personas no identificadas, o que no han sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos ni desintegrados, tampoco se puede disponer de sus pertenencias; las autoridades de los estados correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.
No obstante, aunque algunos estados cuentan con centros de resguardo temporal, en la mayor parte del país no existen centros de identificación humana ni panteones forenses (menos de un tercio de los estados del país cuentan con ellos, según el informe). Esta carencia ha derivado en una crisis: no existe un registro adecuado de personas fallecidas sin identificar, tampoco una base de perfiles genéticos homologada a nivel nacional.
Esta situación provoca que muchas familias busquen durante años a personas desaparecidas que en realidad fallecieron o fueron asesinadas, mientras sus cuerpos permanecen bajo resguardo de las fiscalías, quienes en ocasiones desconocen en qué fosa común fue inhumado dicho cuerpo.
Impunidad frente a los casos de larga data: a las desapariciones ocurridas tiempo atrás se les ha comenzado a clasificar como “casos de larga data”. Sin embargo, el criterio temporal para ubicarlas en esa categoría resulta discrecional: puede abarcar desde varios años hasta apenas unos meses.
En la mayoría de estos expedientes no se registran avances sustanciales en las investigaciones y, cuando existe algún progreso, suele depender de la información que aportan las propias familias. Quedar etiquetado así, en palabras de la directora de Data Cívica, termina por convertirse, en los hechos, en una ruta hacia la impunidad.
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El regreso a las carpetas de investigación
Un punto especialmente delicado es la intención de volver a centralizar el conteo en torno a las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías. En 2017, las familias exigieron separar la búsqueda de la investigación penal. La razón era clara: la búsqueda debía ser inmediata y no depender de procesos ministeriales que históricamente han sido lentos, ineficientes o incluso revictimizantes. Durante años, las familias enfrentaron el llamado “vuelva en 72 horas”, que retrasaba acciones urgentes.
La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda aspiraba precisamente a que la localización de personas no dependiera exclusivamente de la lógica penal. Muchas familias optaron por no abrir carpetas de investigación por miedo, desconfianza o sospecha de colusión entre autoridades y perpetradores. Si ahora el registro se vincula nuevamente a la existencia de una carpeta, miles de casos podrían quedar fuera del conteo oficial.
En contexto, antes de su declaración del 10 de febrero de 2026, Sheinbaum precisó su intención en diciembre de 2025, en donde señaló: “Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales”.
“Regresar ahora a las carpetas de investigación implica problemas importantes, no solamente en términos de la información que tenemos o vamos a tener disponible. Será volver a la responsabilidad de las fiscalías que, sabemos, son absolutamente ineficientes y que por eso se creó la CNB para enfocarse en la búsqueda y no en la investigación “, apunta Mónica Meltis.
Además, en 2025 se anunció la implementación de una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos y un mayor intercambio de información entre instituciones, incluidas corporaciones policiales y fuerzas armadas. Aunque en el papel podría interpretarse como un esfuerzo de coordinación, persiste la pregunta central: si las fiscalías no han sido capaces de registrar correctamente la información hasta ahora, ¿qué garantiza que lo harán con nuevas plataformas?
“Desde una perspectiva técnica, el problema no radica en la ausencia de plataformas, sino en la falta de coordinación efectiva y voluntad institucional. Existen pendientes fundamentales, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y el Banco Nacional de Datos Forenses, que no han sido plenamente consolidados”, añade.
Los registros deben ser herramientas para la búsqueda, añade la especialista, no sustitutos de ella. Crear nuevas bases de datos sin resolver la incapacidad estructural de las fiscalías y sin garantizar transparencia puede reproducir las mismas inconsistencias bajo un nuevo formato.
“Mientras no se garantice información completa, verificable y transparente, cualquier reducción en las cifras seguirá generando más preguntas que respuestas”, concluye.
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A pesar de las presiones de EE.UU. y de la alternancia de gobiernos mexicanos, México y Cuba nunca han cortado sus relaciones. Pero las amenazas de Trump ponen a prueba de forma inédita esta histórica asociación.
La hitórica relación entre México y Cuba, que ha pasado por diversas pruebas desde la Revolución Cubana de 1959, enfrenta un test sin precedentes este año.
Estados Unidos ha lanzado una agresiva política para aislar al gobierno de Cuba, con una orden directa del presidente Donald Trump promulgada a finales de enero para sancionar a los países que envíen petróleo a La Habana.
“Hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada”, dijo Trump el lunes al asegurar que su gobierno busca un “trato” con su contraparte cubana, sin detallar cuál es el objetivo.
Después de sacudir al gobierno de Venezuela a inicios de año, el objetivo regional de EE.UU. se ha centrado en Cuba, un país que desde hace más de seis décadas se ha sostenido como un antagonista de Washington bajo el gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro, así como su heredero político, Miguel Díaz-Canel.
Y México ahora se ha colocado en medio de la disputa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente la imposición de sanciones de EE.UU. a los envíos petroleros a Cuba, que califica de “muy injusta”, pero ha tenido que buscar un equilibrio entre su cooperación con La Habana y su relación con Washington.
La mandataria ha optado por incrementar los envíos de ayuda humanitaria como solidaridad con la población cubana, mientras cancela la carga de más buques del combustible para la isla, como venía ocurriendo en los últimos años.
“No es de ahora, es de siempre… Siempre hubo apoyo a Cuba desde su Revolución”, justificó Sheinbuam hace unos días, al recordar que los gobiernos mexicanos desde hace más de seis décadas, de izquierda, centro o derecha, han tenido cooperación con la isla.
Para los expertos, el escenario actual supone una gran prueba para Sheinbaum.
“Hoy México intenta un ejercicio de política exterior, no solo de solidaridad, sino estratégico en el cual México está pagando el costo político, diplomático, monetario, para jugar un rol en el presente y en el futuro próximo de Cuba”, afirma el internacionalista Juan Pablo Prado Lallande.
“Hay que pagar un costo, y ese costo es mantener esa ayuda humanitaria para que México tenga su capacidad de negociación, ganada durante décadas, respecto a Cuba y su futuro”, añade en conversación con BBC Mundo.
El acuerdo que sostuvo las relaciones
Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, las relaciones entre La Habana y Washington se deterioraron rápidamente hasta el punto de quiebre que supuso la fallida invasión de Bahía de Cochinos desde EE.UU. en 1961.
Desde ese momento, Washington sostuvo una política anticomunista activa en la región -en momentos en los que surgía la Guerra Fría con la Unión Soviética- y ejerció su influencia para que los gobiernos de América Latina (y otras zonas del mundo) cortaran los lazos con La Habana.
Pero México, siendo un vecino geográfico clave, no solo reconoció al gobierno revolucionario de Cuba, sino que fue el único país que no rompió relaciones con la isla, incluso ante presiones explícitas como las que hubo en asambleas de la Organización de Estados Americanos en los primeros años de la década de 1960.
Prado Lallande explica que México justificó su decisión en sus principios de política exterior pacifistas de la Doctrina Estrada, pero también se posicionó como país mediador entre Cuba y EE.UU., logrando un acuerdo trilateral y no publicitado que convenía a las partes.
“Por un lado, Estados Unidos ‘le permite’ a México tener una política soberana respecto a Cuba, de apoyo político, diplomático, de cooperación, etcétera. Por otro lado, más interesante es que tras la Revolución Cubana, México y La Habana pactaron que Cuba no iba a promover revoluciones en México, como sí lo hizo en otros países de Centroamérica, Sudamérica, África, a cambio de que México respaldara al gobierno de Fidel Castro en escenarios internacionales y en el ámbito global. Una especie de tit for tat [esto por lo otro]”, señala el analista.
EE.UU., por su parte, se aseguraba de que no hubiese influencia comunista en su frontera directa de México, a la vez que combatía los grupos surgidos en Centro y Sudamérica.
Al gobierno mexicano de la época, encabezado por Adolfo López Mateos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de carácter nacionalista, le convenía mostrarse ante los mexicanos como un estado que tomaba sus propias decisiones, más aún frente a EE.UU. con su historial de influencia hegemónica sobre el país.
Pero de manera menos evidente, el acuerdo también le permitía evitar la influencia cubana en los nacientes movimientos revolucionarios e izquierdistas de corte socialista en el territorio mexicano surgidos en la década de 1960, algunos de ellos inspirados en la isla.
De hecho, Fidel Castro y sus hombres organizaron su alzamiento armado en México.
Por otra parte, a nivel cultural, tanto México como Cuba comenzaron a sostener un rico intercambio, principalmente en la música, el cine y la literatura.
“Históricamente ha habido cercanía al nivel societal, mexicana y cubana. Hay afinidades históricas, por cercanía cultural, espacial, un pasado común del colonialismo español”, recuerda Prado Lallande.
“Y hay fuertes conexiones societales entre mexicanos y cubanos, y viceversa, sobre todo de orientación de izquierda, personal o de partidos, sindicatos, organizaciones sociales. Históricamente han visto a Cuba como un referente”.
Cooperación y desencuentros
Los presidentes de México de la segunda mitad del siglo XX mantuvieron buenas relaciones con Fidel Castro y afianzaron algunos acuerdos de intercambio bajo el marco del pacto de la década de 1960, pues a EE.UU. le servía tener un oído en la isla en los mandatarios mexicanos.
De hecho, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid fueron colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., la CIA, entre 1960 y 1994, como se supo tiempo después al desclasificarse documentos secretos.
“Durante el periodo del PRI”, explica Prado Lallande, “hubo ejercicios de colaboración de distintos rubros: técnico, científico, tecnológico, cultural, educativo, para vincular de manera oficial a los dos países”.
El colapso de la Unión Soviética supuso un duro golpe para Cuba, que se quedó sin el apoyo de la potencia antagonista de EE.UU. Pero México fue un apoyo.
En esos años de la década de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari, un político neoliberal nada afín a la izquierda, mantuvo la cooperación económica en los momentos en que la isla atravesaba la escasez de alimentos e insumos del llamado “periodo especial”.
Castro asistió personalmente a la investidura de Salinas, que enfrentaba acusaciones de fraude electoral, lo que le sirvió al mexicano para legitimar su gobierno.
Y México comenzó a realizar envíos de petróleo a la isla, un reflejo de cómo se beneficiaban ambos gobiernos de la relación política.
Pero con la salida del PRI de la presidencia de México, en el año 2000, las relaciones entre México y Cuba se enfriaron notablemente bajo los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
El recordado episodio llamado “Fidel, comes y te vas” dio muestra de ello: Fox invitó a Castro a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU en México, pero le pidió personalmente al líder cubano que se marchara después de almorzar, discretamente, para evitar conflictos con otro gran invitado, el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush.
La conversación fue grabada y difundida por La Habana, lo que causó gran molestia al gobierno mexicano.
“No hubo rompimiento de relaciones, pero sí una crisis”, recuerda Prado Lallande.
Aún y con las relaciones reducidas, en parte por las críticas del gobierno mexicano hacia la falta de democracia y derechos humanos en la isla, tanto Fox como Calderón realizaron visitas a Cuba.
Y el regreso del PRI a la presidencia, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), supuso un nuevo entendimiento a tal grado que México condonó una deuda de más de US$350 millones por envíos petroleros a Cuba.
“El objetivo de México era no perder lo ganado. No perder el capital político invertido en Cuba en términos del relacionamiento histórico a favor del respeto mutuo, respeto a soberanías”, explica Prado Lallande.
Y añade: “El país quería presencia política y geoestratégica en el Caribe, que es la tercera frontera de México. Y Cuba es la isla más grande de las Antillas, por lo tanto es un referente obligado en la política exterior de México para cualquier gobierno, de izquierdas o derechas”.
Aunque la relación de México y Cuba siempre se justificó en la política exterior de cooperación plasmada en la Constitución mexicana, la promoción de los derechos humanos o la democracia, que también son principios del estado mexicano, no fue lo primordial durante los gobiernos del PRI.
Prado Lallande considera que eso se explica porque “para el PRI, que no tenía sensibilidad democrática, ese asunto no le generaba problemas, desafíos o contradicciones”.
“El PRI pasó de ser un partido con antecedentes de izquierda a reorientarse, con el pasar del tiempo, política e ideológicamente. Un partido muy adaptativo y pragmático. En su relacionamiento con Cuba no tuvo conflicto en este sentido”.
Sin embargo, los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo sí realizaron los primeros contactos conocidos con los grupos de la disidencia cubana, al igual que Vicente Fox y Felipe Calderón, algo que tensó las relaciones con el presidente Fidel Castro.
El reimpulso en el obradorismo
La llegada del primer gobierno de izquierda en México en 2018, con Andrés Manuel López Obrador, supuso un nuevo reimpulso a la relación con La Habana, que ya estaba bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel.
López Obrador no se contenía al expresar su admiración hacia los cubanos “por su arrogancia de sentirse libres” frente a Estados Unidos, y criticaba las políticas de embargo económico de Washington sobre la isla: “¿Que no es ruin esa política medieval?”, cuestionó el presidente mexicano en 2022.
Durante su mandato, López Obrador reactivó los envíos de petróleo a Cuba, pero también estableció acuerdos que iban desde la llegada de médicos cubanos para atender clínicas remotas en México a la compra de vacunas durante la pandemia de covid-19 o la impresión de libros de texto para Cuba en imprentas mexicanas.
Prado Lallande considera que a partir de entonces se hizo notoria la diferencia entre la cooperación “horizontal” que hubo en los gobiernos del PRI con Cuba, con intercambios de ambas partes, a la asistencia “vertical” que inició con el gobierno de López Obrador y continuó con la presidenta Claudia Sheinbaum desde 2024.
“A raíz del deterioro cubano, político, social, y a la luz de la fortaleza del presidente López Obrador y su visión de gobierno asistencialista, México le tendió un brazo a Cuba no necesariamente en términos de cooperación, sino sobre todo una relación asistencialista, paternalista”, apunta el experto.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a vender petróleo a Cuba “en términos muy generosos”, asegura Pardo Lallande.
Aunque no ha sido pública la información de ventas directas a la isla, el actual director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señaló a inicios de febrero que el monto vendido era de US$496 millones con un contrato abierto desde 2023.
Matizó las críticas de la oposición asegurando que era menos del 0,1% de la producción mexicana.
Y según los reportes más recientes disponibles de Pemex, de enero a septiembre de 2025 México envió 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de las ventas que hace el país al exterior.
Ante las preguntas de periodistas, Padilla evitó responder cuánto se envía a la isla en términos de asistencia directa, pero dijo que “es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”.
A partir de la amenaza arancelaria de Trump, sin embargo, México se ha colocado en un escenario sin precedentes en el que se ha visto obligado a dejar de cooperar con Cuba libremente.
Sheinbaum criticó la decisión de EE.UU., que calificó de “muy injusta” porque afecta directamente a la población al limitarse la producción de energía eléctrica y paralizar en general las actividades en la isla.
“Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen del gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto”, sostuvo la mandataria.
México envió ya dos buques cargados con alimentos y artículos de higiene personal para la isla, pero no ha enviado más petróleo mientras su gobierno sostiene conversaciones con el de EE.UU. sobre el tipo de sanciones que pretende imponer si se hace.
“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, precisó Sheinbaum.
El antiguo pacto que perduró durante décadas ha quedado de lado: “El flujo de cooperación hacia Cuba nunca se había detenido por fuerzas externas. Es un cambio muy importante, de fondo, que México se haya visto obligado a parar. Y, frente a ello, recurre al plan b que es ofrecer ayuda humanitaria”, dice Prado Lallande.
Aunque México ya no tiene un intercambio directo con una Cuba que no le puede ofrecer algo a cambio, la lógica de mantener el apoyo a la isla sigue siendo clave, considera el experto.
“Hay que pagar un costo, y ese costo es mantener esa ayuda humanitaria para que México retenga su capacidad de negociación, ganada durante décadas, respecto a Cuba y su futuro”, explica.
“Es un ejercicio estratégico de política exterior. Independientemente del color del partido político que gobierne México, Cuba es un objetivo de Estado por el peso político de la isla, su cercanía geográfica, su peso en las relaciones internacionales, y en la política respecto a Estados Unido”, continúa.
“La línea roja -que México no está dispuesto a cruzar- sería no hacer política exterior hacia Cuba”.
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