
Para entender mejor
Luego de la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México el pasado 4 de julio, en redes sociales surgió un debate sobre las causas y los responsables de este problema, entre cuyas consecuencias están el alza del precio de la vivienda y el costo de vida, la falta de acceso a un hogar y el desplazamiento de personas lejos de su lugar de origen.
Este fenómeno se hizo más visible tras el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 y a raíz de la llegada de más nómadas digitales al país. Lo que causó el alza de los precios de la renta de viviendas, especialmente en zonas céntricas de la ciudad, así como el aumento de los espacios destinados a alojamientos temporales en plataformas digitales como Airbnb.
Para entender mejor: ‘No nos alcanza’: ¿Por qué es tan difícil comprar o rentar una casa en la CDMX?
La gentrificación inicia cuando un barrio o zona de la ciudad habitada por poblaciones de menores ingresos es revalorada por grupos con mayor capacidad económica que la población originaria. Conforme llegan nuevos habitantes, el entorno se va modificando, con mejoras en los servicios públicos y transporte, así como una mayor oferta de servicios privados, pero esto eleva los costos de vida y genera desplazamiento de la población originaria, de acuerdo con Carla Escoffié, especialista en materia de vivienda.
“La gentrificación por definición implica que se va a desplazar a una población de una zona para beneficiar a otro sector de la población. Entonces, no hay gentrificación positiva. Se puede mejorar la calidad de vida de un barrio, se puede mejorar los servicios, se puede mejorar los espacios públicos sin desplazar a las personas”, dijo Escoffié.
Las modificaciones en estos entornos se dan tanto por intervenciones estatales o como por privados, lo que provoca que estos espacios adquieran más plusvalía y se vuelva más atractivos para grupos sociales de mayor nivel adquisitivo y que deriven en la expulsión de habitantes con menores recursos, de acuerdo con Lorena Umaña Reyes, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.
Esto además permite que sectores poblaciones con una mayor capacidad económica se apropien de lugares y construyan inmuebles destinados a personas de ingresos medios y altos, lo cual termina con el desplazamiento de la población originaria, generalmente con menores recursos, según explica Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de dicha universidad.
Esto afecta principalmente a las personas que rentan su vivienda en dichas zonas, pues son más susceptibles al alza de precios, de acuerdo con un reporte de BBVA.
“Otras consecuencias se viven de puertas para adentro. Los vecinos no pueden hacer frente a la subida del alquiler, dejan de encontrar productos de primera necesidad cerca de sus viviendas o simplemente dejan de disfrutar de la vida de barrio que tenían antes. La única solución que encuentran es marcharse, normalmente a la periferia”, detalla.
Carla Escoffié destacó que las plataformas de alojamiento temporal y los nómadas digitales no son la principal causa de este fenómeno, por lo que afirmó que la gentrificación es una situación multifactorial donde se ven involucrados el déficit de vivienda, falta de políticas públicas y el aumento de los precios de la vivienda.
“La gentrificación se basa en la llegada de un grupo de personas con mayor poder adquisitivo a una zona. Entonces, esto se puede dar a través de distintos perfiles, pueden ser mexicanos, no sólo estadounidenses; no sólo los extranjeros gentrifican. La clave de la gentrificación es la desigualdad socioeconómica, no un tema de nacionalidad. Y lo mismo, las plataformas como el Airbnb no generaron la gentrificación ya existía”, señaló.
De la misma forma, la llegada de los nómadas digitales, trabajadores con mayor ingreso y que desempeñan sus actividades de forma remota, y la diversificación de plataformas de alojamiento temporal como Airbnb son elementos que participan en la gentrificación de algunas comunidades.
Otra de las causas de esta situación es la turistificación de algunas zonas urbanas, lo cual provoca cambios en las costumbres y la aparición de comercios destinados a la población con mayores ingresos. El análisis realizado por BBVA destacó que los pobladores originarios se ven afectados por el aumento de precios en la zona y en la falta de acceso a productos de primera necesidad.
“Se ha identificado que la gentrificación se desarrolla principalmente en los estados del centro del país y en regiones turísticas del noroeste, centro-occidente y suroccidente. Las principales clasificaciones observadas incluyen la gentrificación comercial, transnacional, empresarial, rural, alimentaria, verde, de sensibilidad, cultural y post-catástrofe.
“Estos territorios, ricos en recursos naturales y culturales, han generado una mayor movilidad turística, lo que ha intensificado los procesos de gentrificación y la exclusión de sectores socioeconómicos más vulnerables”, explicó el estudio Gentrificación En México: Un Análisis Sistemático Para Profundizar Su Comprensión En El Contexto Urbano.
Durante la conferencia del 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en colonias como la Condesa y la Roma en la Ciudad de México existe mucha especulación inmobiliaria derivada de las rentas y plataformas como Airbnb.
Aunque la respuesta de la presidenta se da tras la protesta en la Ciudad de México, este fenómeno está presente en distintas ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Mérida.
Esto se da a la par de falta de espacios de vivienda en todo el país. Como te contamos, el déficit de vivienda en México asciende a 1.2 millones de unidades en 74 zonas metropolitanas. Además, la tendencia de la producción no ha logrado satisfacer las necesidades habitacionales de la población, ya que el crecimiento anual promedio de las viviendas particulares es más bajo que el crecimiento de los hogares.
Mientras que la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) de 2020, la última disponible, destacó que 3 millones de viviendas en el país son rentadas por no tener acceso a crédito o no tener recursos y sólo 54% de ellas cuenta con un contrato de renta. En el caso de la Ciudad de México, 46% de las viviendas particulares son rentadas por falta de financiamiento.
Esto también ha impactado a los precios de la vivienda. Según un análisis de BBVA, los precios de renta y compra de vivienda en México aumentaron más que los ingresos de las personas. Entre 2016 y 2022, los precios de venta de un inmueble crecieron 58.4% y el de la renta aumentó 16.5%, mientras que el ingreso laboral solo incrementó 4.1%. A esto se suma que 1.7 millones de hogares tienen un sobrecosto, lo que afecta a entidades como Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Puebla.
Por otro lado, datos del Sistema Hipotecario Federal (SHF) muestran que entre 2019 y 2025 el precio de la vivienda promedio a nivel nacional pasó de 1 millón 071 mil 235 a 1 millón 859 mil 043 pesos, un alza de 73.5%. Mientras que en la Ciudad de México, donde se ubica el precio promedio más elevado, el alza fue de 25.23%, al pasar de 3 millones 087 mil 111 a 3 millones 866 mil 210 pesos.
Mientras que para las rentas, un reporte de la plataforma Inmuebles24, publicado en febrero de 2025, muestra que los precios aumentaron 13.5% en el último año en la Ciudad de México. Además, los precios promedio de la renta se encontraban en 14 mil pesos en diciembre de 2018 y pasó a 19 mil pesos en febrero de 2025, según el portal.
En respuesta a la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará, junto con el gobierno de la Ciudad de México, mecanismos para evitar la expulsión de la población original de las comunidades.
Además, adelantó que colaborará con el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para encontrar mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida.
Mientras que, el gobierno capitalino se dijo en contra de la gentrificación y sus consecuencias. Además, mencionó que se han impulsado políticas públicas en materia de vivienda, tal como créditos accesibles para el mejoramiento y construcción de viviendas, así como rentas asequibles.
Aunque esta no es la primera vez que se anuncian medidas ante este problema. El año pasado, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que las rentas de inmuebles han aumentado ocho veces más que el salario general entre 2007 y 2023 en la Ciudad de México.
Ante ello, la Ciudad de México aprobó dos reformas para limitar el hospedaje en plataformas como Airbnb, prohibir el uso de inmuebles de programas de vivienda social y reconstruidos por el sismo de 2017 con estos fines y estableció que las rentas no podían aumentar más que la inflación.
Sin embargo, cabe destacar que en 2022, cuando era jefa de gobierno, firmó una alianza para promover a la CDMX como “capital del turismo creativo” y destino para “nómadas o trabajadores digitales” con Airbnb y la Unesco, donde negó que este acuerdo incremente el precio de las rentas.
Incluso, el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, reconoció las consecuencias de este fenómeno. El documento refiere que la capital del país expulsa 23 mil hogares anualmente debido a la falta de opciones crediticias y otros mecanismos para acceder a una vivienda formal.
Pero esta población continúa realizando actividades laborales en la entidad, por lo que aumentan los tiempos invertidos en movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.
“La creciente regeneración de inmuebles, con estilos arquitectónicos nuevos en barrios de valor patrimonial, con zonas de alta accesibilidad a servicios y oportunidades, ha generado procesos de gentrificación (expulsión de moradores originales) que tienen como base la alta valoración económica del suelo y la llegada de población que no se interesa por la preservación cultural y patrimonial, ni la riqueza de la mixtura social y económica que existía”, indicó el programa de ordenamiento.
Por otro lado, Escoffié subrayó que la gentrificación también es resultado de una política fallida en materia de vivienda en los últimos cincuenta años. Pese a que hay avances en esta materia, la especialista mencionó que aún faltan abordar otras situaciones, tales como bancos de suelo, proyectos de vivienda estratégicas, desalojos forzados, cooperativas de vivienda, entre otras.
“Hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y que le falta y seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo; Barcelona tiene ejemplos de esto donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, hay que vernos mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo no se generen estos mecanismos de gentrificación”, señaló la presidenta en su conferencia de prensa del 7 de julio.

Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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