
“En Jalisco estamos buscando”, se lee en la página web del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de dicho estado, que es la entidad en México con más desapariciones en el país desde 2018 y acumula 16,064 registros —1,829 mujeres y 14,235 hombres— hasta 2025, de acuerdo con la misma base de datos.
La problemática atraviesa a Jalisco principalmente en los casos de desaparición de menores de edad —de 0 a 14 años—, los cuales aumentaron 17 % de 2024 a 2025 tras pasar de 275 a 323 casos.
Pese a que el gobernador del estado, Pablo Lemus, ha calificado al fenómeno de la desaparición como “la mayor tragedia que vive nuestro país y Jalisco” e implementó acciones para combatirlo, como el Plan de Acción contra la Desaparición de Personas, especialistas en desapariciones destacan que esta problemática continúa y advierten un aumento de casos.
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Con la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco se estableció la creación y la gestión de registros estatales de desapariciones, fosas comunes y personas fallecidas no identificadas. Estos fueron diseñados para facilitar la búsqueda y la investigación forense, lo cuales, de acuerdo con el gobierno de Enrique Alfaro, pretendían usar una metodología más precisa para evitar “duplicidades” que existían en la plataforma nacional y así garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
Desde 2022 —bajo la gubernatura de Enrique Alfaro— Jalisco dejó de reportar sus desapariciones al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) para contabilizarlas únicamente en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD de Jalisco).
Esta decisión generó controversia, pues aunque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dicta que todas las entidades federativas tienen la obligación jurídica de reportar y actualizar sus registros de desapariciones en el RNPDNO, Jalisco ha mantenido una postura de autonomía técnica y política frente al gobierno federal.
Respecto al registro estatal, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) explicó que los casos se clasifican de distintas formas: las personas desaparecidas —aquellos casos en los que los familiares desconocen su paradero y la ausencia se relaciona con la comisión de un delito— y las personas no localizadas —cuya ubicación es desconocida.
El Sabueso realizó un ejercicio de búsqueda en ambos registros a partir de la desaparición de Jordy Alejandro Cárdenas Flores, quien fue visto por última vez en Guadalajara el 19 de mayo de 2022 —en ese momento tenía 19 años— y cuyo caso se registró en la Cédula Informativa de Búsqueda de Jalisco con el folio CIBM/19/2024, emitida el 17 de mayo de 2024 —dos años después de los hechos.
Pese a que la cédula fue expedida por las autoridades jaliscienses, al buscar el registro en el REPD de Jalisco con la información del documento el sistema arrojó: “Lo sentimos, no encontramos ninguna cédula que cumpla con los criterios especificados”, y advierte que las familias pueden determinar si estas fichas continúan siendo públicas.

Fuente: Captura de pantalla de la búsqueda en el REPDJal.
Cabe destacar que la Ficha de Búsqueda de Jordy Alejandro tiene información contradictoria, pues en el apartado lugar de desaparición aparece Guadalajara, mientras que en la sección de resumen de hechos se especifica que fue visto por última vez en la colonia Centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Si se busca con esta última ubicación si aparece el registro, sin embargo, esto impide una correcta búsqueda.
Mientras, en el RNPDNO tampoco aparece registrado el caso, aunque se buscó con todos los criterios mencionados en la Cédula Informativa de Búsqueda de Jalisco con el folio CIBM/19/2024 con un rango de fechas de hechos del 18 de mayo de 2022 —un día antes de la desaparición— al 19 de mayo del mismo año.

“Jalisco ha incumplido con la obligación de subir datos de manera permanente a la base federal”, expone Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. “La ley determina que la actualización de datos de personas desaparecidas debe ser inmediata, pero el gobierno actualiza el registro estatal cada mes. Además, los reportes o fichas de búsqueda se emiten demasiado tarde, a veces tardan semanas, y en estas búsquedas el tiempo es vital”.
Víctor Manuel González Romero, exrector de la misma universidad y coordinador del sitio web Desaparecidos en Jalisco, afirma: “Las autoridades locales no actualizan los datos de personas desaparecidas en los registros nacionales y aparentan que en Jalisco ocurren menos desapariciones, pero en realidad hay un aumento”. Además, señala que “esto genera un desequilibrio entre los datos de ambos registros”, como se muestra en este gráfico:

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De acuerdo con el sitio web oficial del REPD de Jalisco, de 2018 a 2025 —gobiernos de los emecistas Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus— las desapariciones en el estado aumentaron 39.7 % con 2,217 y 3,098 desapariciones en cada respectivo gobierno.
“En Jalisco las desapariciones no son un fenómeno nuevo, pero la crisis sí se ha agravado. Ahora vemos más violencia en los casos, como presencia de personas armadas, crimen organizado, agentes federales, y uso excesivo de la fuerza”, asegura el periodista Jonathan Ávila.

Víctor Manuel González Romero y Carmen Chinas Salazar también explican que hay tendencias preocupantes en el caso específico de niñas, niños y adolescentes. “Desde 2025, el rango de edad de 15 a 19 años se sitúa en el primer lugar, esto puede relacionarse en distintos casos por reclutamiento forzado vinculados con ofertas de empleos falsas”, señala la especialista.

“Les ofrecen un trabajo falso, los citan, por ejemplo, en la terminal de autobuses de Tlaquepaque y los llevan a otras ciudades. Con los operativos implementados por el gobierno se ha logrado rescatar a algunas víctimas, pero falta un plan integral para evitar que esto siga. Es todo un sistema: desde quién publica el anuncio en redes hasta los centros de reclutamiento forzado”, explica Víctor Manuel González Romero.
Al respecto, Carmen Chinas Salazar afirma que las juventudes se ven más afectadas por el fenómeno de la desaparición, pues “es una forma de violencia estructural que refleja la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de la juventud. Las y los jóvenes deberían estar estudiando, pero para ellos se convierte en una prioridad buscar trabajo por la necesidad de apoyar económicamente a sus familias”, añade.
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Cuatro jóvenes desaparecidos y asesinados en Jalisco tenían cédulas de búsqueda y no figuran en la base de datos sobre desapariciones que publica cada mes el gobierno estatal, acusó Jorge Ramírez Plascencia, profesor e investigador de Sociología de la Universidad de Jalisco, en una publicación de X.
Como este, existen otros casos. Jonathan Ávila, coautor de la investigación Guadalajara. Zona de exterminio y desaparición, advierte: “Hemos detectado que los casos que no se reportan al registro nacional se quedan como ‘pre-búsquedas’ en las que quizá se contabiliza la desaparición, pero no se abre una carpeta de investigación. Esto elimina la garantía de que las autoridades realicen todas las acciones que amerita este mecanismo y que otras fiscalías conozcan el caso para enlazar nuevas líneas de investigación”.
“¿Qué ocurrió con los reportes no registrados? No se puede tener la certeza de que las personas hayan sido localizadas. Se pudieron demeritar los reportes y no se atendieron. O siguen activos en una contabilidad paralela, no oficial. O se reservaron para su registro oficial en fecha posterior. O una combinación de todas ellas”, cuestiona Jorge Ramírez Plascencia en este artículo de Nexos.
En este contexto, Victor Manuel Gónzalez Romero señala en entrevista: “Desaparecen a los desaparecidos. Al gobierno le interesa quedar bien con las cifras, pero si el objetivo es que la crisis mejore, lo primero que se debe hacer es evaluar el contexto para implementar medidas; pero para eso primero hay que tener registros y Jalisco no los tiene desde hace tres años”.
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¿Puede el temor de una empresa estadounidense a perder sus plantaciones bananeras en la Guatemala de los años 50 explicar la actual política exterior del presidente Donald Trump?
Cuando en 1954 la United Fruit Company persuadió al entonces presidente de EE.UU., Dwight D Eisenhower, para que derrocara al presidente de Guatemala, Jacobo Arenz, elegido democráticamente, el hecho repercutió en América Latina por décadas.
Ahora, expertos buscan las raíces de la llamada doctrina “Donroe” que el presidente estadounidense actual, Donald Trump, ha aplicado en la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, en aquella operación liderada por la Agencia de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) y propulsada por una multinacional que ha hecho su dinero a partir de la venta de bananos.
“Esa compañía era tan poderosa en Guatemala y en los países vecinos que fue llamada ‘El pulpo’, porque tenía tentáculos en todas partes”, le dice a la BBC Grace Livingstone, experta de la Universidad de Cambridge.
Aunque era una empresa estadounidense, la United Fruit Company no tenía lazos oficiales con la administración Eisenhower. Pero cuando Arbenz propuso la expropiación y la redistribución de la tierra en los grandes terrenos de las plantaciones de banano para aliviar la pobreza crónica que vivía su país, la United Fruit Company buscó el apoyo del gobierno jugando la carta de la Guerra Fría y mostrando a Guatemala como un país vulnerable a la influencia soviética.
“Arbenz iba a darles una compensación generosa -más del doble de lo que la United Fruit Company había pagado por esas tierras- pero ellos no estaban contentos con el monto”, explica Livingstone.
Pero más allá de lo que Arbenz había sostenido en 1950 cuando asumió el poder – que iba a transformar a Guatemala de una sociedad feudal en una economía capitalista-, Eisenhower aceptó intervenir.
La justificación de Eisenhower fue la llamada doctrina Monroe.
A principios del siglo XIX, el que fuera el quinto presidente de EE.UU., James Monroe, hizo una declaración que señalaba que el hemisferio Occidental debía estar libre de la influencia de poderes europeos, una idea que se convirtió en un arma defensiva para mantener a raya a los países de aquellos temas que EE.UU. considera sus asuntos regionales.
Pero en 1904, otro presidente de EE.UU., Theodore Roosevelt, actualizó esta política para hacerla “una justificación explícita de la intervención militar de EE.UU. en la región”, aclara Livingstone.
Y anota que la ahora llamada Doctrina “Donroe”, un juego de palabras entre Monroe y el nombre de pila del presidente Trump, también se apoya explícitamente en este mensaje para justificar el ruido de sables sobre Venezuela, Groenlandia e Irán.
“Antes de la captura de Maduro, el propio mandatario estadounidense hizo el anuncio reinstalando todas las justificaciones doctrinales de la intervención de EE.UU. en el hemisferio que hemos conocido desde siempre”, señaló el periodista Jon Lee Anderson en la revista New Yorker.
Esta “lógica de esferas” es “el corazón del enfoque de Trump sobre el orden mundial y es en parte una respuesta a su aversión prolongada hacia el globalismo, multilateralismo, la formación de alianzas y guerras eternas en países lejanos”, señala Stewart Patrick, director del programa de Orden Global e Instituciones de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.
La meta de la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU., de acuerdo a lo dicho por Trump el año pasado, ha sido la de “proteger el comercio, el territorio y los recursos que son el corazón de nuestra seguridad nacional”.
Desde entonces, el mandatario ha enfatizado que el “dominio estadounidense” es la clave – y la presión militar, ideológica y psicológica será aplicada para proteger los intereses de EE.UU.
En Venezuela e Irán esos intereses están vinculados al petróleo, explica Anderson, y la amenaza de que China lo pueda tomar primero.
Groenlandia también posee recursos importantes que Trump quiere antes de que los adquieran los adversarios de Washington.
En Guatemala fue otro asunto: ideología. La Guerra Fría con Rusia y bananas. Pero así como ocurre con la justificación, las tácticas permanecen las mismas.
“De forma similar a lo que vimos en Venezuela recientemente, hubo un entramado militar alrededor de Guatemala”, señala Livingstone.
“Einsenhower anunció que estaba enviando dos submarinos al sur y también envió bombarderos a Nicaragua, que comenzaron a interceptar barcos en el mar cerca de Guatemala. Cosas que vimos en Venezuela”.
La CIA lanzó panfletos en Guatemala con la amenaza de una invasión, usando dibujos para alcanzar a una población que en ese momento tenía un alto porcentaje de analfabetismo.
Estableció una cadena de radio que priorizaba su transmisión desde el interior del país, aunque, según los expertos, muchas de las señales provenían del exterior.
“En la emisora de radio de la CIA, afirmaron que miles de personas se estaban uniendo a las fuerzas mercenarias”, apunta Livingstone. “Pero cuando cruzaron la frontera, no hubo un levantamiento espontáneo”.
“La CIA, que apoyaba esta supuesta invasión, comenzó a bombardear puntos estratégicos en Guatemala y en la propia capital. Incluso lanzó una bomba de humo masiva contra cuarteles militares y reprodujo en la radio el sonido de los bombardeos. Esto tenía como objetivo desmoralizar a la población y al ejército”, añade.
A su vez, la cúpula militar, creyendo que no podría derrotar a los invasores, instó y finalmente convenció a Arbenz para que dimitiera.
En pleno siglo XXI, Groenlandia – y, por extensión, Dinamarca- ha recibido amenazas directas de Trump en redes sociales, incluyendo planes para anexar el territorio e imponer sanciones económicas ante cualquier resistencia.
Mientras tanto, en Irán, la presión psicológica se ha intensificado, con amenazas de fuertes acciones militares para forzar la obediencia, infundir miedo y proteger los intereses estadounidenses. “Un ejército enorme se dirige a Irán”, publicó Trump en redes sociales.
“Al igual que Venezuela, está listo, dispuesto y es capaz de cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”.
En aquella operación de los años 50, unas semanas después de la renuncia, Arbenz se vio obligado a exiliarse.
“En el aeropuerto, el nuevo régimen lo obligó a desnudarse y registraron hasta su ropa interior frente a una multitud que lo abucheaba, y luego lo subieron a un avión”, afirma Livingstone.
Más de 70 años después, Maduro se vio obligado a viajar a Nueva York tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses.
“Primero vimos las imágenes del bombardeo de Caracas”, dice Anderson. “Y lo siguiente que vimos fue a Maduro encadenado, flanqueado por militares y humillado. Esto forma parte de un patrón”.
Analistas como Mike Crawley, de CBC News, señalan que la estrategia de Trump hacia Groenlandia también se basa en la política visual -anuncios en redes sociales, cancelaciones de visitas de Estado e imágenes provocativas-, como un modo de afirmar su dominio y socavar la capacidad de acción de los Estados más pequeños.
El estribillo común de quienes apoyan la intervención estadounidense es que solo los dictadores y quienes muestran desprecio por la democracia o la seguridad estadounidense tienen algo que temer, pero hay varios observadores que discrepan.
“Guatemala demuestra que EE.UU. estaba dispuesto a derrocar a un gobierno elegido democráticamente y que, desde que se proclamó la Doctrina Monroe, Estados Unidos ha intervenido en América Latina más de 80 veces”, afirma Livingstone.
“Trump está reafirmando la doctrina en su forma más descarada”.
Sin embargo, lo que vino después de aquella intervención en Guatemala podría preocupar al presidente.
Siguieron décadas de violencia e inestabilidad, durante las cuales los gobiernos autoritarios, y luego los carteles de la droga explotaron el vacío de poder, fortaleciendo posiciones y canalizando tanto migrantes desesperados como narcóticos ilegales a través de la frontera estadounidense.
Y esto, según los observadores, ha representado una amenaza a largo plazo mayor para los intereses estadounidenses que las reformas agrarias o los temores a la influencia comunista utilizados para justificar las intervenciones en primer lugar.
Este artículo está basado en un episodio de Radio 4 de la BBC con el apoyo de BBC Global Journalism.
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