Los ‘otros datos’ de AMLO: Más de 100 frases falsas del presidente en cinco años de gobierno
Al menos 100 mentiras, frases engañosas o sin sustento en cinco años de gobierno, es el registro que tiene hasta ahora El Sabueso de Animal Político al verificar dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sea en su conferencia mañanera, en informes u otros eventos o pronunciamientos.
Las mentiras han ido desde mostrar un video de un Jaguar en Brasil, asegurando falsamente que era parte de la fauna protegida en las inmediaciones del Tren Maya, hasta negar que hubiera subido la pobreza extrema durante su gobierno, aunque hay datos oficiales que indican lo contrario.
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También ha sido recurrente la narrativa de desinformación sobre órganos autónomos, el sueldo de sus integrantes y su supuesta falta de acción durante gobiernos anteriores; además, ha desinformado sobre la violencia contra las mujeres, como cuando negó que hubiera un incremento de casos durante la emergencia sanitaria de 2020, pese a que los datos demostraron lo contrario.
Respecto a la pandemia, entre sus dichos falsos estuvo el de que México era uno de los países con menos casos de COVID-19, y con menos muertes en el continente americano.
Tan solo en sus discursos de informes de gobierno y spots para promocionarlos, al contrastar en 11 notas de fact-checking sus frases con datos oficiales y otros indicadores nacionales e internacionales, se ubicaron por lo menos 47 frases que contrastan con la realidad o hacen comparaciones engañosas.
Sobre temas de salud, economía, energía y seguridad, entre otros. En este informe de 2019, por ejemplo, hizo afirmaciones falsas sobre producción petrolera e inversión extranjera, y habló de apoyos entregados por el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, cuando en ese momento ni siquiera existía ese organismo.
Ya en diciembre de 2020, en otro de sus informes, dijo falsamente que se había eliminado el fuero para que un presidente pudiera ser juzgado “como cualquier otro mexicano”, cuando en realidad no es así. En realidad, para enjuiciar a un ex presidente primero habría que acusarlo ante el Senado, y luego esa instancia tendría que votar si acepta dicho proceso.
Otro dicho falso de López Obrador en ese informe, y que ha replicado en otros momentos en su conferencia mañanera, es que con su administración “no se han violado los derechos humanos de migrantes”, cuando la evidencia muestra que elementos de la Guardia Nacional y el INME sí han incurrido en esas agresiones.
En 2021, destacaron los dichos falsos del mandatario respecto a que “las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica”, el de que con su gobierno “hay transparencia plena”, o el de que el precio del gas solo había subido “un poco por encima de la inflación”.
El año pasado, el presidente insistió en el dicho falso de que en el pasado “no se consideraba como energía limpia y renovable la producida en las plantas hidroeléctricas”, además de lanzar frases engañosas como “continuamos cuidando el medio ambiente”, mientras su administración había reducido los recursos para adaptación y efectos de la crisis climática, y en tanto aumentó los destinados a los proyectos relacionados con los hidrocarburos. Como la refinería de Dos Bocas.
Ya en 2023, el presidente desinformó en los spots del Quinto Informe de Gobierno sobre la cantidad actual de beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, y además afirmó sin sustento que 60% habían conseguido empleo, o refiriendo que “prácticamente no hay desempleo” en el país.
Aquí puedes leer la primera y segunda entregas de verificación sobre el Quinto informe.
En sus conferencias matutinas, el presidente de México insiste en acusar a la prensa de desinformar y manipular, y para eso incluso creó una sección llamada Quién es Quién en las Mentiras. Sin embargo, El Sabueso también ha detectado desinformación en ese espacio:
Otros análisis sobre la conferencia matutina del presidente, como este elaborado por Artículo 19, refirió que al hacer solicitudes de información sobre 34 declaraciones de López Obrador entre 2019 y 2022, solo dos fueron respaldadas con información pública.
Por otro lado, en dos casos se empleó información de manera engañosa y en 20 dichos ni la Oficina de Presidencia de la República (OPR) ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente.
¿Cómo verifica El Sabueso los dichos de políticos?
Desde hace 8 años Animal Político puso en marcha el proyecto de verificación de El Sabueso para contribuir al debate público. El Sabueso tiene una metodología de siete pasos que se inspiran en los procesos de dos de los sitios líderes en este ámbito: Politifact, en Estados Unidos, y Chequeado, en Argentina.
Dicha metodología es pública, al igual que nuestra política de correcciones, y puedes saber cómo la aplicamos en este video:
El Sabueso es un único medio de Fact-Checking en México que se ha adherido al Código de Principios de transparencia y objetividad de la Red Internacional de Verificación de Datos (International Fact-Checking Network, IFCN) del Instituto Poynter.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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